Femicidios fuera de agenda

EDITORIAL

Por regla general, lo que podríamos denominar “seguridad” ocupa un espacio relativamente breve en los discursos de campaña y las plataformas electorales de los partidos políticos. Aunque hay excepciones representadas por candidatos a cargos políticos que apoyan el grueso de su propuesta en el combate de determinados delitos, la mayoría prefiere dedicarle más tiempo a los planes económicos, educativos y sociales que, aseguran, pondrán en marcha si acceden al sitial para el cual se postulan.

Así las cosas, en los discursos desde la tribuna suelen limitarse a prometer más policías, más patrulleros, más comisarías. Como el apagón estadístico que sufre el país abarca, entre otros campos, el de los delitos, ya que el gobierno actual reconoce que no puede confeccionar un relevamiento confiable sino apenas aproximaciones, nadie sabe con certeza si es la fórmula adecuada porque desconocemos cuándo, cómo, dónde y con qué frecuencia se producen aquellas actividades que desearíamos que cesen. Que además varían según la época. Podría suponerse que el bien supremo es la vida, de modo que las muertes violentas deberían preocuparnos siempre. Sin embargo, a veces se plantea que deben concentrarse esfuerzos en combatir los robos, otras en los secuestros extorsivos, o en las estafas, o, casi siempre mencionado, en el narcotráfico.

Sin datos ciertos sobre lo que está pasando con el delito, las políticas de seguridad se vuelven erráticas. Pero hay relevamientos privados que merecen atención: como publicó este diario, en lo que va del año en la provincia de Río Negro se produjeron más asesinatos de mujeres que en todo el 2015; en cuatro años ya suman 28 y casi el 50% fue encuadrado como femicidio. Si tomamos las cifras a nivel nacional, entre 2008 y 2015 asesinaron a 2.094 mujeres en todo el país. En la inmensa mayoría de los casos hubo señales previas, denuncias que algún organismo estatal desoyó, o que no motivó una actuación con el vigor y la eficacia suficiente para impedir que la víctima termine asesinada.

Cuando se piensan, diseñan y llevan al discurso las políticas de seguridad, nunca se tiene en cuenta la violencia de género que preanuncia los femicidios. Quizá eso sucede porque no se soluciona con la receta clásica y sencilla de más policías, más patrulleros, más comisarías. No está incluida en el “delito” ni la “seguridad” que mencionan los discursos.

La falta de políticas públicas se traduce en los dispositivos que dependen de los poderes Ejecutivo para asistir y acompañar a las víctimas, que no cuentan con los recursos necesarios. Su plantel profesional generalmente es el más precarizado, respecto de otras áreas del Estado. Sin una víctima robustecida es muy difícil que pueda enfrentar un proceso judicial que la tendrá en el centro de la escena.

Actuar con celeridad en casos de violencia de género no es sólo un derecho de la víctima a tener un proyecto de vida digno, sino que es un deber del Estado que compromete su responsabilidad según los tratados internacionales a los que subscribió en la materia.

Foto: Archivo.