Abandonar el secundario también viola la Constitución
JOSÉ BRILLO (*)
En los últimos tiempos, la Justicia está interviniendo en casos trascendentes dirimiendo la constitucionalidad o legalidad de audaces decisiones sobre reelecciones indefinidas, la ley de Medios o aspectos de la reforma judicial, entre variados temas. Pero hay casos en los que la inconstitucionalidad y/o ilegalidad se manifiesta crudamente a la luz del día, pero a nadie parece interesarle. La ley nacional de Educación establece que “la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria”. Nuestra Constitución provincial especifica: “El Estado garantiza la educación pública, laica, gratuita y obligatoria desde el Nivel Inicial hasta completar el Nivel Medio en sus diferentes modalidades”. A pesar de estas mandas legales y constitucionales, en el país hay 1,2 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que no terminaron el secundario. Es más, al final del secundario, la tasa que mide cuántos jóvenes se gradúan a la edad normal requerida es de sólo el 43%. Esto se profundiza a partir de los 18 años, cuando la proporción de jóvenes que no estudia ni trabaja sube al 25% y este porcentaje se mantiene hasta los 24 años. Entre el 2012 y el 2013 el segmento de chicos de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan supera la cantidad de un millón de jóvenes. Esta situación se agudiza en los sectores marginales, pero no distingue clases sociales. Los jóvenes provenientes de los sectores más empobrecidos de la sociedad (el 40% más pobre contiene el 77% de los jóvenes que no estudian ni trabajan) constituyen el grupo más expuesto a caer en la trampa de la violencia, la criminalidad y la adicción a las drogas. Son chicos que, en su mayoría, abandonaron la escuela antes de los 18 años y tienen un déficit estructural muy grande en educación y capacitación para el trabajo. Muchos constituyen la fuerza laboral potencial de las bandas organizadas y de las organizaciones delictivas, debido a la ausencia total de perspectivas laborales y posibilidades de crecimiento en la legalidad. Varios estuvieron en la calle, amenazando con saqueos, en los últimos días. Los gobiernos tratan de solucionar este problema con subsidios, programas de becas, asignación universal por hijo. No existe una relación directa entre los subsidios recibidos por las escuelas o las familias y la reducción del abandono escolar, por lo que el impacto de estos programas ha sido nulo o escaso. El abandono escolar no se soluciona con planes sociales. Las familias no son capaces de convencer a sus hijos sobre la necesidad de permanecer en las escuelas, quizás por desconocimiento, quizás por la necesidad de contar con una fuente de ingreso adicional, o simplemente por el propio deterioro del ambiente y la cohesión familiar. Tampoco los profesores son capaces de convencer a sus alumnos. Un subsidio a la familia no es suficiente, aunque pueda ser necesario. Por su parte, desde el 2003 el desempleo juvenil en el sector más pobre nunca ha sido inferior al 33%, lo que indica que uno de cada tres jóvenes nunca encuentra trabajo. El desempleo entre los jóvenes (18,5%) es casi cuatro veces superior al desempleo entre los adultos (5,1%). Un 60% de los jóvenes que encuentran trabajo en el nivel de los más carenciados tiene empleos precarios, mal remunerados y con pocas posibilidades de progreso. La mayor parte de las pequeñas empresas que los toman prefiere no registrarse y se mantiene en la informalidad. Las cargas sociales implican para las empresas un costo adicional que supera en un 60% al salario de bolsillo que recibe el trabajador. En este marco, he querido realizar un aporte. Mi último proyecto en el Congreso propone la creación del Plan Nacional Integrado Educación para el Trabajo, conformado por entidades de carácter público (los ministerios vinculados al tema), con participación de entidades privadas (empresas, gremios, organizaciones públicas y privadas) y las provincias argentinas. La educación para el trabajo debe ser el componente central en la estructura pedagógica y curricular de la escuela media, incorporando contenidos vocacionales o específicos que faciliten la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo. Las autoridades de la escuela y los profesores deben asumir su obligación de velar porque los jóvenes terminen su formación y que tengan vocación por insertarse laboralmente. La mayoría de los jóvenes necesita tener un tránsito ordenado y armonioso desde la escuela media al mundo del trabajo, antes que pensar exclusivamente en el acceso a la universidad. Propongo un sistema educativo organizado en dos pilares, uno enfocado a los estudios universitarios y otro al mundo del trabajo. Es imprescindible buscar una activa y profunda vinculación entre las empresas y las escuelas. Las primeras experiencias laborales de los jóvenes deben comenzar en las escuelas y es necesario incentivar a las empresas para que se vinculen a ellas. Se debe también facilitar el acceso al trabajo de los jóvenes mediante la creación de un régimen que establezca que quienes ingresen al primer empleo, por dicho plan, percibirán una suma de dinero de carácter no remunerativo en concepto de asignación estímulo, por el término máximo de 24 meses, el que no podrá ser inferior para el caso de una jornada de ocho horas al salario mínimo vital y móvil, incluyendo solamente la obra social. Reitero, es mi aporte para abrir la discusión sobre este tema. Es mucho más trascendente y gravitante para nuestro presente y futuro que ponernos a discutir la reelección de los políticos. (*) Exdiputado nacional por el MPN
