Acusan a juez y fiscal por incompetencia y negligencia en adopciones realizadas

xxxxxxxxxxx

CHACO (Especial de «Norte» de Resistencia).- La mayoría del Superior Tribunal de Justicia del Chaco —conformada por su presidente, Eduardo O. Molina y los ministros Ricardo Franco y Ramón Avalos— dictó una acordada que encomienda al procurador general el inicio de un juicio político ante el Consejo de la Magistratura acusando al juez de Instrucción Nº 6 de Resistencia, doctor Ramón Julio Martínez Arias, y al agente fiscal, doctor Gustavo Marcelo Serrano, por cargos tales como «incompetencia o negligencia reiteradamente demostradas en el ejercicio de sus funciones», «incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo», «desconocimiento inexcusable del derecho», «mal desempeño» y eventualmente los delitos de «prevaricato», «violación de los deberes de funcionario público» y «denegación y retardo de justicia».

El pronunciamiento se basó en el análisis de tres causas, cuyos expedientes fueron evaluados para llegar a la conclusión de que el magistrado cometió delitos y faltas graves, conformando mal desempeño, de la misma manera que se le reprocha al fiscal Serrano no haber apelado resoluciones consideradas ilegales.

El máximo órgano judicial provincial dictó la acordada al comprobar graves irregularidades en la tramitación de expedientes iniciados por jóvenes mujeres de condición humilde que habían denunciado la sustracción y supresión de identidad de sus hijos, que concluyeron con el sobreseimiento de los presuntos autores del delito o una solicitud de archivo de las actuaciones sin que se hubieran llevado a cabo los actos instructorios necesarios para la determinación de la verdad real de los hechos denunciados.

Los expedientes tramitados ante el juzgado de Martínez Arias que fundamentan la acusación son los siguientes: «Zárate Ana María s/denuncia Nº 645/02», «Fernández Adelfa s/denuncia Nº 75/99» y «Espinosa Silvia Soledad s/denuncia Nº 1.277/99».

Todos se enmarcan en la legislación actualizada sobre registro único de menores: el primero de ellos fue elevado en fotocopia por la jueza del Menor y la Familia, doctora Claudia Karina Feldman, siendo iniciado por Ana María Zárate, de 23 años, en el que denuncia a Ersmilda Calvo y Roberto Baish con quienes convivían y la hacían estudiar al nacer su hija en una clínica de La Leonesa. Esa pareja se llevó a la bebé recién nacida y la anotó con el apellido Baish, dando lugar a que se impugnaran la maternidad y paternidad, con el trámite de otros dos expedientes de la citada Ana María Zárate, consistentes en una medida cautelar y una prueba anticipada de pericia médica de histocompatibilidad de la menor.

Otro caso corresponde a la denuncia que el 8 de febrero de 1999, que realizó Adelfa Fernández, de 16 años, buscando recuperar su bebé, a quien se inscribió con el nombre de Victoriano Antonio Insaurralde, y que estaba con la madrina Lidia Beatriz Insaurralde a la cual imputó que le puso su apellido, encuadrando la cuestión en la norma del delito de supresión de identidad.

El tercer expediente se origina en la presentación ante la policía realizada el 2 de febrero de 1999 por Silvia Soledad Espinoza, quien aseguraba haber dado a luz el 15 de abril de 1998 a un niño fruto de su unión con Oscar Javier Bermúdez, reclamando que su padre, José Aníbal Zaracho y su madrastra Susana Beatriz González le devuelvan su hijo para darle el apellido paterno.

«Silencio, no»

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Eduardo Molina, sostuvo ayer: «El tema minoridad es muy sensible a la opinión pública».

«Lo que un magistrado del Superior Tribunal no puede hacer es que cuando existe la posibilidad de un delito lo silencie o tenga una conducta omisiva. Hay que ponerlo en conocimiento del organismo o del poder que corresponde, y en este caso del órgano extrapoder que es el Consejo de la Magistratura, para que evalúe si efectivamente estamos en presencia de delitos o faltas».

Molina recordó que no hace mucho tuvo repercusión nacional e internacional el caso de menores de edad dados en adopción de manera polémica, como el caso del torero español que se llevó a un chico del Chaco, lo que dio lugar al enjuiciamiento, en su momento, del juez saenzpeñense Juan Zaloff Dakoff.

A partir de allí se instituyeron normas que buscaron evitar irregularidades, como el Registro Unico de Adoptantes, y algunas cuestiones procesales nuevas para resguardar los intereses de los menores. «Lo que digo es que temas de este tipo sensibilizan el área de consideración legal y el tratamiento de los menores», anotó Molina.

El presidente del Superior Tribunal dijo que por eso «en todos los casos la Justicia del Chaco adoptó la posición de defender a rajatabla la legislación del Registro Unico de Adoptantes y de la entrega de menores. Es un tema muy sensible».