Algo más que problemas de Techo

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MARIANA GIARETTO (*)

En los últimos días han sido difundidos datos de un informe realizado por la organización no gubernamental Techo, en el que se da cuenta de los asentamientos informales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en el marco de una serie de relevamientos realizados por dicha organización en diferentes lugares del país. En una primera difusión se sostiene que son 18.500 las familias que viven en condiciones de precariedad en el Alto Valle, que cerca de 5.872 familias viven en 45 tomas en la ciudad de Neuquén y que le sigue Cipolletti con 26 ocupaciones y unas 5.274 familias. A esto se agrega en la nota del diario que al promediarse el número de habitantes –cuatro por familia– serían 74.000 las personas que viven en condiciones de precariedad. A partir de esta publicación surgieron una serie de repercusiones, entre ellas que los concejales de la ciudad de Cipolletti reconocieran que el problema habitacional es una cuestión a resolver y que el municipio solo no podrá hacerlo, por lo que plantearon la necesidad de crear una mesa de trabajo entre Nación, Provincia y Municipalidad para analizar estrategias de solución. Luego la directora de la organización en la zona aclaró que en realidad se relevaron 3.830 familias viviendo en ocupaciones cipoleñas y que el dato de 5.200 fue un error que cometió Techo en el mapa georreferencial donde se mostraban las ciudades y la cantidad de asentamientos irregulares del Alto Valle. Precariedad estadística, además de laboral y habitacional Tras la ‘década ganada’ hemos naturalizado la falta de datos certeros que registren diversas situaciones socio-económicas de la Argentina, entre ellas la de la precariedad habitacional. Sin embargo, no deja de sorprendernos que sea una ONG –a esta altura algo más que un resabio de los 90–, cuyo objetivo primario es colaborar en el mejoramiento constructivo de viviendas precarias, la que ahora se ocupe de relevar cuántos asentamientos hay, cuántas familias, cuántas personas y en qué condiciones viven en nuestro país. No se trata –al menos aquí– de cuestionar la intencionalidad de Techo, que probablemente ha requerido información básica sobre los asentamientos para realizar su tarea y no la ha obtenido de fuentes oficiales –¿no?–, pero sí es necesario llamar la atención sobre la producción de conocimiento social y de su uso público. Y en este punto nos planteamos la importancia del cruce entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Es importante saber cuántas personas viven hoy, pasan esta misma noche, en condiciones de precariedad habitacional? Sí claro, es imprescindible. Sin embargo, ¿que sean dos, trescientas o miles define la gravedad de que seres humanos –no importa cuántos sean– estén sometidos día y noche a la violencia de la intemperie –vientos que voltean árboles sobre casillas, calores que agobian en tierras sin agua, fríos que atraviesan nailon y cartón– y también a la violencia física y simbólica de un Estado que los niega, los maltrata, los judicializa, los estigmatiza? No, no importa cuántos sean. El problema de Techo es que está realizando una tarea que le compete al Estado, y ahí tendríamos que discutir quién es el Estado y si una ONG está dentro, fuera o en la mediación entre el Estado y el mercado. Pero lo cierto es que el Estado cuenta con espacios, profesionales y recursos –¿o acaso no estamos en la década del 8% de crecimiento anual?– para registrar, y no sólo eso, abordar el problema de la precariedad habitacional. Y entonces, ¿por qué no lo hace? O ¿por qué no socializa dicha información? O ¿por qué no es fiable la información que socializa? O ¿por qué una ONG con aportes privados –nacionales y transnacionales, caritativos y no tanto– y también públicos, y además con trabajo ‘voluntario’, realiza una tarea que le compete primariamente al Estado? Salvo que sea el Estado el que haya optado por tercerizar –una vez más y cuántas van– el relevamiento de los asentamientos precarios. Pero veamos qué dice el Estado en sus fuentes oficiales. Según el Censo 2010, aproximadamente tres millones de hogares se encontraban afectados por el déficit habitacional, lo que implica que aproximadamente diez millones de personas en la Argentina habitaban viviendas precarias y/o con problemas de hacinamiento. También especifica que en Río Negro el 13,9% de las viviendas particulares tenían características deficitarias, mientras en Neuquén era el 12,6% aproximadamente. Los hogares en viviendas precarias pero recuperables en Río Negro sumaban 54.088 –incluyendo categorías II y III–, mientras que las irrecuperables en el 2010 ya eran 10.655; esto daría un total de 64.473 hogares en viviendas precarias. Si seguimos el cálculo de cuatro personas por familia –lo que es totalmente discutible porque las estructuras familiares desbordan el modelo normalizado–, tendríamos que solamente en Río Negro en el 2010 había 258.972 personas viviendo en condiciones precarias. En el caso de Neuquén y siguiendo las mismas fuentes, los hogares que habitaban viviendas precarias pero recuperables eran 38.994 –sumando categorías II y III–, mientras que los que habitaban en viviendas irrecuperables eran 9.312; esto daría un total 48.306 hogares en viviendas precarias y, si multiplicamos por cuatro –aunque insistimos esto abona el subregistro–, había 193.224 personas viviendo en condiciones precarias. Cierto es que han pasado tres años desde el último censo y lejos de proyectar una disminución en estas cifras podemos sostener que se han agravado, no sólo porque las políticas habitacionales no han estado orientadas a los sectores precarizados laboral y habitacionalmente –léase Procrear en sus etapas implementadas–, sino porque los mercados de suelos, propiedades y alquileres han gozado vorazmente de la desregulación que este Estado –que se dice intervencionista– les ha garantizado y aún lo sigue haciendo. En fin, a pesar de las más que probables deficiencias de estas fuentes oficiales, relacionadas con el subregistro y la desactualización, y que además no hemos incluido la precariedad por hacinamiento –sólo por calidad de vivienda–, la suma entre Río Negro y Neuquén da un número de 452.196 personas viviendo en condiciones precarias en el 2010. Aun si tuviéramos en cuenta que no todas ellas necesariamente viven en ‘asentamientos informales‘ y que son cálculos para ambas provincias en general –aunque el Alto Valle sea la zona con mayor densidad poblacional–, es un número que dista significativamente de las 74.000 personas calculadas a partir del informe de la organización Techo. Pero además, si tenemos en cuenta que la población total de ambas provincias según el Censo 2010 suma 1.189.911 habitantes (551.266 Neuquén y 638.645 Río Negro), según este relevamiento en el área de mayor densidad poblacional de ambas provincias sólo el 6,21% viviría en condiciones de precariedad. Números que contradicen lo que cualquier mirada atenta puede constatar en los espacios urbanos y periurbanos de nuestras ciudades. En síntesis, es necesario que sea el Estado el que habilite todos sus recursos y más para relevar –y no para judicializar– a las personas que viven en condiciones de precariedad habitacional. Que sea el Estado el que asuma el problema en su complejidad y multiplicidad de situaciones. Que sea el Estado el que escuche y registre las necesidades y propuestas de quienes sufren esta situación. Que sea el Estado el que reconozca que son sujetos productores de espacio urbano, así como cotidianamente lo hace con aficionados al negocio inmobiliario. La situación es muy grave y, paradójicamente, es invisibilizada en los planos oficiales de nuestras ciudades; allí, por lo general, no aparecen las tomas de tierras. La judicialización de los conflictos puede permitirles –en algunos casos– negarse a la interpelación inmediata en las demandas concretas de agua potable, conexiones seguras de electricidad, poda de árboles que destruyen casillas y vidas, y muchas más, pero lo que no les permite es despojarse de la responsabilidad pública de buscar y encontrar ya, ya mismo, respuestas posibles a las urgencias vitales de miles de personas. (*) Socióloga. Docente e investigadora de la UNC Fuentes: Evolución de la situación habitacional 2001-2010, Ministerio de Planificación Federal. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, análisis de datos, resultados definitivos, cuarta publicación.