Absolvieron a De la Rúa y a los otros acusados

Tildaron de “embaucador” a Pontacuarto y apuntaron al juez Rafecas por creerle

DyN

Los acusados en la causa apuntaron al “arrepentido” Pontaquarto e incluso uno de ellos, Branda, lo habría abofeteado.

BUENOS AIRES (DyN).- Todos los acusados en la causa por el supuesto pago de sobornos en el Senado en el año 2000, encabezados por el expresidente Fernando de la Rúa, fueron absueltos ayer por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, que entendió que no había ningún elemento para corroborar que esos hechos hubieran existido.

Por esta causa, el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su cargo y precipitó la crisis política que terminó con el gobierno de la Alianza, formada por radicales y frepasistas.

Pero además el tribunal cuestionó severamente a los investigadores por haberse basado en las palabras de un –dijo– “embaucador” como el ‘arrepentido’ Mario Pontaquarto, tras ordenar una pesquisa sobre cómo se gestó la revelación del llamado “valijero” previo paso por la Casa Rosada.

“No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno” y “no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril del 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero”, sostuvieron los jueces. (Ver aparte)

También se ordenó que el Consejo de la Magistratura analice la actuación del juez Daniel Rafecas. Las críticas del TOF 3 no solo alcanzaron a Rafecas, sino que también salpicaron al fiscal Federico Delgado y a su entonces compañero, el hoy camarista Eduardo Freiler; al abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofré, y hasta al exjefe de Gobierno porteño y actual legislador Aníbal Ibarra, a quien pidieron investigar por falso testimonio.

En ese marco, el Tribunal ordenó que el Estado pague las costas del juicio, por entender que la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción, en su rol de querellantes, fallaron en su accionar por enviar a juicio una investigación tan deficiente. (Ver aparte)

De esta manera, el TOF 3 –integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez– puso fin al juicio oral que había comenzado el 14 de agosto de 2012, aunque la causa se investigó desde comienzos de 2000, cuando comenzaron los rumores de los supuestos sobornos pagados para la aprobación de una ley de flexibilidad laboral.

Los absueltos fueron De la Rúa, su exjefe de Inteligencia Fernando de Santibañes, el exministro de Trabajo Alberto Flamarique, los exsenadores del PJ Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda y el exsecretario parlamentario Pontaquarto.

Limitándose a leer un breve comunicado, De la Rúa dijo que el fallo sirvió para demostrar que “todo fue una infamia de principio a fin, el punto de partida de un complot político”.

Y Pontaquarto afirmó que la sentencia fue “vergonzosa” y, tras ratificar su relato, se preguntó quién iba ahora a denunciar un hecho de corrupción.

A la espera de los fundamentos completos –sólo se difundió un resumen–, cualquiera de las partes podría apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal . La fiscal Sabrina Namer había pedido seis años de cárcel para De la Rúa, De Santibañes, Alasino, Tell y Costanzo por el delito de cohecho agravado, mientras que exigió un año y medio de cárcel para el “arrepentido” que destapó el caso.

Los únicos que tenían garantizada la absolución eran Branda y Flamarique, supuesto autor de la frase que el camionero Hugo Moyano le atribuyó: “Para los senadores tengo la (tarjeta) Banelco”.

En su pronunciamiento, el Tribunal coincidió en que “resultó por demás oscuro” el modo en que “llegó Pontaquarto a declarar a los tribunales el 12 de diciembre de 2003”, porque antes de hacerlo “se entrevistó en la Casa Rosada con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández”.

Los jueces basaron su decisión también en que “casi cuarenta exsenadores” que declararon en el juicio no corroboraron el pago de sobornos. En la reseña, no obstante, los magistrados no analizaron la declaración de Moyano, de la periodista de La Nación y colaboradora de “Río Negro” Fernanda Villosio (que dijo que el exsenador Cantarero le confirmó el pago de sobornos) o el mismísimo “Chacho” Álvarez.

El escándalo de los sobornos en el Senado se inició en 2000 como un rumor en el Congreso y fue motorizado por el entonces presidente, quien terminó renunciando a su cargo luego de pedir, sin éxito, la salida del jefe de la ex SIDE, De Santibañes. Pero recién se activó en 2003 con la aparición de Pontaquarto diciendo que él había sido el que había llevado las valijas desde la SIDE para los supuestos pagos a los senadores.

VIDEO | La lectura del veredicto

Archivo Adjunto


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