Argibay, segunda mujer en la Corte en democracia

BUENOS AIRES (ABA) . – En una agotadora sesión cargada de dramatismo, el oficialismo consiguió imponer en el Senado con más oxígeno que el esperado, el nombramiento de Carmen Argibay como miembro de la Corte Suprema de la Nación. De esta manera, Argibay seguirá los pasos de Elena Highton de Nolasco, que días atrás se convirtió en la primera mujer en integrar el tribunal en un periodo democrático.

Para aprobar el pliego de Argibay, el PJ necesitó del apoyo del radicalismo en casi su totalidad (sólo tres de sus integrantes votaron en contra), del Frepaso y de otros bloques de izquierda para obtener los dos tercios necesarios para aprobar el pliego de la flamante magistrada.La jueza propuesta por el Gobierno fue cuestionada especialmente por haber declarado ser «atea militante», estar en favor de la despenalización del aborto; y en menor medida, no contar con una trayectoria suficiente y ser «otra integrante» de la Capital Federal.

Pero fue el condimento religioso en que se centró la disputa la que le dio un voltaje especial, al punto de cruzarse de uno y otro lado acusaciones del calibre de «abortistas» e «inquisidores».

El tenso clima fue más allá del recinto, pues mientras un centenar de chicos de colegios religiosos impedían el ingreso a la cámara alta, un número similar de personas rezaban en voz alta el rosario frente al salón central del Congreso.

El jefe de la bancada justicialista, Miguel Pichetto, su par Cristina Kirchner y Jorge Yoma tuvieron que extremar esfuerzos para influir sobre los representantes de su partido que se mostraban reacios a la designación.

Finalmente la postulación de Argibay recibió 42 votos afirmativos y 17 negativos, con la curiosidad de que el senador Antonio Cafiero (opositor a Argibay) equivocó su voto, pero al no modificar el resultado fue dejada la constancia en el acta.

Si bien una decena de justicialistas no apoyaron a la candidata impulsada por el Poder Ejecutivo, varios de ellos (Mera y Castro de Santiago del Estero y Jacqué por Mendoza) se retiraron al momento de la votación facilitando así que el PJ pudiera obtener el nombramiento de la jueza que cubrirá la vacante del fallecido Guillermo López.

Incluso trascendió que el propio Presidente Kirchner intercedió ante el gobernador de Sa Juan, José Luis Gioja, para que convenciera al senador de su provincia de apellido Martinazo, para que se ausentara al momento de la votación, mientras Delgado obispo de esa provincia operaba de modo contrario.

No puede ser que cada juez que se propone tenga que pasar por el «test del aborto», enfatizó Pichetto en alusión a que también la anterior designada, Elena Higthon de Nolasco, también se puso la lupa en ese sentido. Pichetto defendió la idoneidad de la magistrada que ocupaba un cargo en el Tribunal Internacional que juzga casos por violaciones a los Derechos Humanos.

En un sentido similar los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Amanda Isidori (Río Negro), así como las frepasistas Vilma Ibarra y Diana Conti hicieron una fuerte defensa de la designación de Argibay. Isidori alertó sobre el peligro de que la Iglesia avance sobre el Estado y defendió el derecho de expresión de la jueza.

Entre los objetores al nombramiento de Argibay, el senador Ricardo Gómez Diez del Partido Renovador de Salta enfatizó que aquella fue «imprudente» en sus declaraciones agraviando los sentimientos religiosos de la mayoría incluidos en el Preambulo de la Constitución. Los integrantes de los partidos provinciales presentes votaron por la negativa. También se hicieron notar los justicialistas Rubén Marín y Antonio Cafiero, ambos opositores a la designación.

 

Alfonsín, desagraviado

El gobierno debió desagraviar al ex presidente Raúl Alfonsín, luego de que el subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, lo acusara de querer «que se derrame sangre» para encauzar las protestas piqueteras. El «gesto» se tomó ante la posibilidad cierta de que la UCR no diera quórum para tratar dos iniciativas claves del gobierno: el pliego de Carmen Argibay para la Suprema Corte de Justicia, y la ley de «Responsabilidad Fiscal» de las provincias, que reclama el FMI.

El jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, redujo a «una opinión personal», como lo hicieron otros funcionarios del Poder Ejecutivo, las declaraciones de Kunkel.

Pichetto sostuvo que «el gobierno no comparte» lo declarado por Kunkel y limitó las expresiones a «una opinión personal» el funcionario. «No creemos que Alfonsín quiera sangre», afirmó y no dudó que el ex presidente «quiere paz».

Pichetto también reprodujo en el recinto opiniones favorables a Alfonsín que efectuaron ayer por la mañana el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien -además- dijo que se comunicó con el dirigente radical.

Pese a la actitud del peronismo, el titular del bloque radical, Mario Losada, admitió que «queríamos un respaldo más institucional del Senado de la Nación» pero dijo estar «seguro que el doctor Alfonsín va a privilegiar más que funcione el Congreso a que no funcione por una declaración vinculada a su persona». Si bien aceptó el gesto del PJ, Losada aprovechó para tirar varios dardos a Kunkel, al recordar que «los que ayer apelaron a la violencia hoy son tutores del comportamiento pacífico de la Argentina».

 

Con 40 años de trayectoria

Carmen María Argibay, cuyo pliego fue aprobado ayer por el Senado para integrar la Corte Suprema de Justicia, se convirtió en la segunda mujer en llegar al Máximo Tribunal en un período democrático, después de Elena Highton de Nolasco, incorporada recientemente.

Argibay era desde enero de 2001 la primera jueza argentina en integrar el Tribunal Penal Internacional de La Haya, creado después de la guerra en la ex Yugoslavia para juzgar los crímenes de guerra allí cometidos.

Con 64 años y 40 de profesión, Argibay ingresó a la Justicia en 1959 y se especializó en derecho penal. Fue secretaria de varias juzgados y, en tanto, en 1974, fue designada secretaria general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Ese cargo lo ocupó hasta 1976, cuando la última dictadura militar la detuvo y la puso a disposición del Poder Ejecutivo nacional.

En ese marco, estuvo detenida durante nueve meses en la cárcel de Devoto, de donde fue liberadas tras sufrir un preinfarto.

Con el retorno de la democracia, en 1984, fue designada jueza de sentencia y, en 1988, fue promovida al cargo de jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

En 1993 pasó a ser vocal del Tribunal Oral Criminal Número 2, cargo que ocupó hasta que el 12 de junio de 2001, cuando se convirtió en la primera magistrada argentina en integrar el Tribunal Internacional Penal para los Crímenes de Guerra contra la Ex-Yugoslavia.

En la elección, realizada en la Asamblea General de la ONU, había 54 candidatos para cubrir 27 vacantes y la magistrada recibió 126 votos a su favor, es decir 30 más del mínimo necesario para poder acceder al cargo.

En el marco de su reconocida trayectoria, Arbigay organizó en 1993 la Asociación Argentina de Mujeres Juezas como una rama de la Asociación Internacional, de la cual fue presidenta desde 1999 hasta el 2000.

En virtud de sus ideas originales y su compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres, Argibay también integró el Tribunal de Tokio, una corte de carácter simbólico convocada por ONGs de mujeres para juzgar la esclavitud sexual impuesta por militares japoneses durante la Segunda Guerra.

(Télam)