AndrÉs Rabassa, arquitecto

“Estamos localizados en la segunda cuenca hídrica del país y sin embargo la ciudad está de espaldas al río, sus aguas contaminadas y sus servicios de provisión de agua potable y saneamiento totalmente colapsados, son ineficientes e insuficientes. Las bardas están en vías de extinción porque han sido ocupadas sin ningún tipo de resguardo y control, aún en zonas que están establecidas como intangibles en la Carta Magna Municipal. Nuestras áreas rurales están desapareciendo víctimas de la actividad petrolera y de la extensión innecesaria de las urbanizaciones”. La descripción sobre la ciudad pertenece a Andrés Rabassa, arquitecto y máster en gestión de riesgo ambiental. Aseguró además que esto sucede porque no se ha entendido a la planificación como una política pública de Estado. Para Rabassa ese planeamiento debe ser participativo e integral ya que no puede ser abordado sólo desde la óptica urbana, por que la temática ambiental atraviesa toda la problemática. “Neuquén nunca ha tenido un Plan Director, un Máster Plan o un Plan Estratégico que defina el perfil de ciudad que queremos en un acuerdo social consensuado con los distintos sectores que componen nuestra comunidad. Es por ello que el PUA –Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Neuquén–, que es una herramienta que materializa en el territorio las directrices de los planes macro mencionados anteriormente, es como un barco que navega sin timonel, al que se lo dirige casi siempre de acuerdo a los intereses inmobiliarios coyunturales, que son absolutamente minoritarios”, remarcó. A todo esto se suma, según el arquitecto, que la ciudad crece en la mayoría de sus actividades, pero en ocasiones de manera superpuesta, siendo el caso de instalación de industrias en áreas residenciales, o extensión de urbanizaciones sobre áreas antes inhóspitas o zonas rurales. “Se construyen barrios privados y se localizan asentamientos espontáneos –o no tanto– en zonas alejadas sin servicios que el Estado inexorablemente deberá proveer con altísimos costos que deberán ser asumidos por toda la sociedad”, afirmó Rabassa. “Se autorizan urbanizaciones en zonas de riesgo o de inundación que no son adecuadas para su localización, y para minimizar la exposición a esos peligros socioambientales se terminarán realizando obras de ingeniería y de infraestructuras que también serán costeadas por todos nosotros a través del presupuesto municipal”, concluyó el especialista.

• La planificación como política de Estado • Es necesario un plan director • El planeamiento debe ser participativo e integral, abordando urbanismo y medioambiente

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