Amenaza de recortes y despidos si prospera un amparo por el boleto

La concesionaria del transporte envió una nota al Concejo para anunciar las medidas en el caso de que la Justicia haga lugar a la acción judicial, que pide retrotraer la tarifa.

Amenaza de recortes y despidos si prospera un amparo por el boleto

Amenaza de recortes y despidos si prospera un amparo por el boleto

La concesionaria del transporte urbano le advirtió al gobierno municipal que ya tiene listo un “plan de contingencia” con recortes en el servicio, retiro de unidades y al menos 60 despidos para el caso de que la Justicia haga lugar al amparo que busca revertir el último aumento de tarifas.

Los 11 oradores de la audiencia pública realizada en febrero pasado por convocatoria municipal se presentaron a la Justicia el pasado martes 22 para reclamar la nulidad de la audiencia y de la resolución del intendente Gustavo Gennuso que llevó el boleto mínimo a 19 pesos.

Pidieron que como medida cautelar (hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la legitimidad de la audiencia), el boleto sea “retrotraído” a su valor anterior de 16,44 pesos.

En una nota que dirigió a Gennuso y también a los concejales y al gremio UTA, la empresa dijo que el recurso judicial genera “incertidumbre e inseguridad jurídica”, y de tener acogida favorable podría llevarlos a “una situación de quebranto financiero”.

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En el párrafo más llamativo la empresa Amancay SRL (titular de la marca Mi Bus) se declara “perpleja” ante “la tranquilidad con la cual tanto la comuna como el gremio han tomado” la presentación del amparo.

Amancay comunicó formalmente que si el juez Emilio Riat hace lugar a la medida cautelar o al objeto definitivo del recurso judicial comenzarán a prestar el servicio ajustados a los kilómetros “previstos en el contrato de concesión”, lo que significaría un recorte de recorridos superior al 15%, sumado al retiro de 20 unidades.

También advirtió que iniciará un “procedimiento de crisis”, una figura legal que permite abaratar los despidos y adelantó que las cesantías alcanzarían a 60 trabajadores.

“Nos preguntamos quién se hará responsable de los eventuales perjuicios que puede provocar una medida como la solicitada, tanto al interés de la comunidad en su conjunto (usuarios del servicio), como a la empresa concesionaria y sus más de 300 trabajadores”, señaló Amancay.

Hasta hoy el gobierno municipal no brindó respuestas públicas al planteo empresario.

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