Pedido de recaudos ambientales

En la segunda jornada de la audiencia pública que examina la posible prórroga de la concesión del cerro Catedral abundaron los reclamos para extremar los controles y las dudas sobre aspectos legales del contrato. Varios pidieron una consulta popular.

14 mar 2018 - 00:00

La segunda jornada de la audiencia pública convocada por el Concejo Municipal para evaluar la posible prórroga de la concesión del cerro Catedral transitó entre las exigencias de que se tomen todos los recaudos ambientales y las dudas sobre las implicancias legales del contrato.

La sala de sesiones del Concejo otra vez estuvo colmada y hubo público que siguió desde afuera, con parlantes, las exposiciones que se extendieron durante varias horas. Hubo un reclamo repetido para que la aprobación o no del proyecto sea sometido a referéndum popular.

En el primer día de la audiencia, que había comenzado el lunes, las posiciones estuvieron equilibradas, con algunos expositores en contra y otros que se manifestaron a favor, especialmente empleados de la empresa Catedral Alta Patagonia, instructores de esquí, dirigentes de clubes y de las cámaras empresarias.

Pero ayer, hasta el cierre de este envío, una amplia mayoría de los oradores habían expuesto críticas al proyecto de extender el contrato de Capsa hasta 2056 a cambio de un plan de inversiones por 22 millones de dólares, más la habilitación de un desarrollo inmobiliario sobre 70 hectáreas.

También hubo cuestionamientos al intendente Gustavo Gennuso porque otra vez estuvo ausente.

Un tema que había surgido el lunes fue la demora del municipio en escriturar en su favor las tierras que pretende afectar a la concesión. Lo había advertido el agrimensor Julio Posse y ayer lo reiteró el exdiputado nacional del Frente Grande Julio Accavallo, quien pidió que le aclaren si ese trámite estaba completado o si las tierras siguen bajo propiedad de la provincia. Nadie le respondió.

Hasta el cierre de este envío habían hablado 31 personas, de las cuales 28 manifestaron su rechazo a la extensión del contrato con Capsa.

Accavallo dijo que el proyecto de ordenanza planteado viola la Carta Orgánica y la ordenanza de contrataciones porque elude la licitación pública. Opinó también que la decisión de Capsa de renunciar a sus juicios contra el municipio sólo si en caso de que se firme el contrato era una “extravagancia jurídica”.

El dirigente de la CTA Jorge Molina denunció que el acuerdo firmado “beneficia a unos pocos” y lo interpretó como un alineamiento del gobierno municipal con el nacional y el provincial “en beneficio de los grandes intereses económicos”.

La referente de la organización ambientalista Árbol de Pie Ana Wieman se manifestó en contra de aprobar un proyecto que colisiona con el dictamen del Servicio Geológico Minero (Segemar), según el cual esas tierras son “no aptas” para la urbanización. También pidió mayores controles. “No debemos reclamar por los avances del privado cuando el Estado incumple sus obligaciones”, afirmó.

Juan Vaucheret cuestionó la ecuación económica aportada por la empresa y conjeturó que sus ganancias son mayores a las reconocidas. Se quejó de que el municipio acepte las rendiciones de Capsa mediante “una simple declaración jurada”.

El dato
2056
sería el año de finalización del contrato si se aprueba la prórroga de concesión con Capsa.
Principales cifras
en danza
22 millones de dólares. Es la inversión prometida por Capsa si se firma el contrato.
5 años es el lapso para desarrollar las obras.
70 hectáreas son las asignadas a una futura urbanización en el cerro.
12.000 pases diarios de esquí es el canon anual previsto en el contrato.
5% de las ventas es la “utilidad contable final” que declaró Capsa el último año.
Bariloche

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