Bonadío ordenó el allanamiento de varios bancos
Las oficinas del HSBC y del BankBoston y de ABA y ABAPRA fueron allanadas en el marco de la investigación de un presunto pedido de coimas de senadores para rechazar una ley que afectaba a bancos. Se llevaron agendas telefónicas de ejecutivos.
El juez federal Claudio Bonadío, que investiga si existieron sobornos en el Senado para «frenar» una ley que afectaría los intereses de los bancos, tomó ayer declaración a dos legisladores y dispuso allanamientos a sedes bancarias, en busca de documentación y agendas telefónicas que permita avanzar en la causa.
En el marco de la investigación, el periodista Thomas Catán presentó e una acción de amparo ante la Cámara Federal contra una resolución judicial que, presuntamente, habría ordenado un seguimiento sobre sus llamadas telefónicas (ver aparte).
La presencia del cronista en los tribunales fue coincidente con la visita que los senadores Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Moro, que prestaron declaración ante Bonadío.
En forma simultánea, el magistrado allanó las sedes de los bancos de Boston, HSBC y Citibank, en busca de documentación que permita avanzar en la causa. En la acción entablada por el cronista se reclama (como «medida preliminar») que se determine si «efectivamente se ha llevado a cabo la diligencia cuestionada» y, en su caso, se ordene que no se practique «en resguardo de garantías constitucionales».
Por su parte, los parlamentarios le ofrecieron al magistrado toda la «documentación» y «testimoniales» obrantes en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que sigue el tema, entre ellas la versión taquigráfica del encuentro que mantuvieron con el canciller Carlos Ruckauf.
Kirchner expresó, no obstante, su «escepticismo» sobre el avance de la causa judicial ya que «aquí nadie habla» y los banqueros, dijo, «permanecen en silencio». De esa manera, la legisladora aludió a los dichos de los responsables de los bancos que, en forma coincidente y al declarar en calidad de testigos ante el juez, negaron haber sido víctimas de intentos de sobornos.
Catán es el periodista del «Financial Times» que denunció la presunta existencia de sobornos en el Senado.
En un escrito de 15 carillas el periodista afirmó haber tomado conocimiento que se evaluaba «la posibilidad de pedir detalle de las correspondientes llamadas entrantes y salientes». El cronista británico añadió que «una medida de esta naturaleza estaría enviando un claro mensaje desde el sistema de administración de justicia hacia quiénes ejercemos la profesión de periodistas, para que evitemos la publicación de hechos de corrupción política».
Fuentes tribunalicias señalaron que el magistrado dispuso además el allanamiento de oficinas de Carlos Bercum, un «lobbista» que, según algunas versiones, aparecería involucrado en las maniobras que se investigan. Bercun, a través de un escrito presentado por su defensor Zenón Ceballos, se puso a disposición de Bonadío mediante un fax enviado desde Londres en el que expresa su «profunda sorpresa» por haber sido aludido «en un tema que versa sobre presuntas irregularidades vinculadas a banqueros en la Argentina».
En el marco de la causa, ayer declaró el vicepresidente del Citibank, Carlos Giovanelli, quien admitió haber compartido con otros banqueros preocupación por un proyecto de ley en cuestión aunque negó saber de pedidos de «coimas» (Télam)
ADEPA y Catán advierten
En el marco de la investigación que trata de establecer si existieron sobornos en el Senado, el periodista Thomas Catán presentó ayer una acción de amparo ante la Cámara Federal contra una resolución judicial que, presuntamente, habría ordenado un seguimiento sobre sus llamadas telefónicas.
Catán es el periodista que denunció una presunta reunión de banqueros con embajadores en la que los hombres de negocios se habrían quejado por haber recibido pedido de coimas para frenar el tratamiento de un proyecto que perjudicaría sus intereses. En un escrito el periodista afirmó haber tomado conocimiento que se evaluaba «la posibilidad de pedir detalle de las correspondientes llamadas entrantes y salientes».
«Si se permite que se investigue la procedencia de la información periodística, se emprende un camino que tornará virtuales las protecciones constitucionales», dice el escrito que agrega que «las consecuencias serían, entonces la desconfianza y consiguiente alejamiento de las fuentes».
En igual sentido se expresó ayer la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que manifestó su «preocupación por las fuertes versiones de que por vía judicial se ordenaría el suministro del listado de llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas utilizadas por el corresponsal en Buenos Aires del diario británico Financial Times». Si el pedido de la justicia es real, señala, «se estaría desconociendo el secreto profesional periodístico que garantiza el artículo 43 de la Constitución Nacional».
La presencia del cronista en los tribunales fue coincidente con la visita que los senadores Kirchner y Moro, que prestaron declaración ante Bonadío. (DyN, Télam)
