Capsa presentó un ambicioso plan de inversiones para Catedral

La concesionaria del centro de esquí tiene una iniciativa para dotar al complejo de nuevos medios de elevación y ampliar áreas esquiables.

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La concesionaria del cerro presentó un plan de inversión nuevo.(Foto: Archivo )

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Por segunda vez, el Ejecutivo Municipal rechazó la propuesta de Catedral Alta Patagonia. (Foto: Marcelo Martínez )

Gennuso dio por terminada la negociación con Alta Patagonia

El intendente Gustavo Gennuso redobló la apuesta en relación al cerro Catedral y rechazó una vez más, la propuesta originaria del Plan Maestro presentada por Catedral Alta Patagonia para el cerro. Anunció también la conformación de una nueva comisión evaluadora para delinear un desarrollo estratégico para el área de Catedral.

Como respuesta al primer dictamen emitido por el Ejecutivo Municipal, la empresa insistió con la propuesta de readecuación contractual por 50 años y advirtió que sólo desistiría del litigio judicial con la municipalidad una vez aprobado este contrato. También mantuvo firme la iniciativa el desarrollo inmobiliario en una reserva de 70 hectáreas en el norte de la montaña pero rechazó que el municipio conserve la propiedad de esas tierras.

“Más allá de nuestro rechazo a la iniciativa privada, como estado queremos conformar una propuesta de desarrollo para el área para negociar desde otro lugar”, recalcó Gennuso en relación a la creación de la comisión evaluadora que estará conformada por integrantes del gobierno, del Concejo Municipal y “expertos locales”.

El intendente cuestionó también la decisión de Alta Patagonia de no levantar el juicio contra el municipio. “Esto nos inhabilita a seguir adelante. Podemos discutir sobre los otros puntos pero no podemos aceptar que no levanten la acción judicial. Este es un punto de quiebre que no podemos aceptar. No podemos llevar al Concejo Municipal un proyecto con alguien que ni siquiera nos reconoce”, dijo Gennuso.

Asimismo, el intendente reconoció que “les llamó la atención la intransigencia en la respuesta de Capsa”. “Me gustaría que se invierta en el cerro pero con condiciones; si no, estamos regalando lo que no tenemos que regalar”, señaló.

También admitió que no está en evaluación la rescisión del contrato con la empresa porque “al transitar un litigio judicial, la empresa desconoce que el municipio tenga el poder concedente”.


Capsa presentó un ambicioso plan de inversiones para Catedral

La empresa Capsa SA presentó al municipio una “iniciativa privada” para desplegar nuevas inversiones en el cerro Catedral, que le asegurarán una ventaja o “preferencia” en un futuro llamado a licitación.

El proyecto comprende obras por 50 millones de dólares, incluidas la instalación de modernos medios de elevación que duplicarían la capacidad actual y de sistemas de innivación artificial para ampliar el área esquiable. También prevé cambios en los “frentes de nieve” y la generación de sectores específicos para la práctica de otros deportes.

Además, Capsa incorporó expresamente en su iniciativa el desarrollo inmobiliario de una reserva de 70 hectáreas ubicada al norte de la montaña, que desde hace décadas está señalada como el verdadero nudo del negocio.

La actual concesión vence en 2026 pero, como ya informó este diario, el propósito del intendente Gustavo Gennuso es adelantar la licitación para evitar una década de atraso y falta de inversiones que sobrevendría de modo inevitable, debido a que el contrato vigente ya tiene sus objetivos cumplidos.

La iniciativa privada le garantiza a la empresa que la presente una prioridad en la licitación. En cualquier caso Capsa ya correría con otros beneficios, como la necesaria compensación económica que le corresponderá por dejar la concesión en forma anticipada y la eventual venta de los medios de elevación ya instalados, porque de no ser así el contrato le permite retirarlos de la montaña.

El secretario municipal de Desarrollo Urbano, Marcelo Ruival, señaló también que Capsa, como actual concesionaria, ya tiene derechos por el término de 50 años sobre el desarrollo del área de reservada para el crecimiento urbanístico de Catedral, aun en caso de no continuar con la concesión.

Esa área, denominada “Chapelquito”, albergaría a futuro nuevos hoteles, complejos de tiempo compartido, viviendas temporarias y otras obras de infraestructura que podrán brindar réditos millonarios, pero que necesariamente deberán estar asociadas a una redefinición del centro invernal.

Ruival señaló que la intención del gobierno es que la licitación y el nuevo contrato que defina el futuro de Catedral reserve “un nuevo rol al Estado municipal”, con participación directa en la renta económica, bajo un modelo similar al de la corporación Puerto Madero en Buenos Aires.

Explicó que en ese caso el municipio pondría la tierra, sin ceder la propiedad sino mediante el otorgamiento de derechos a larguísimo plazo, y pasaría actuar como “socio” de los inversionistas. “Es todo para evaluar y discutir, habrá que ver de qué manera”, dijo Ruival.

Aclaró que el primer paso será crear una comisión evaluadora para examinar en detalle la propuesta de iniciativa privada y pedir a Capsa los ajustes y aclaraciones que correspondan. Luego habría que elaborar el pliego de licitación, convocar a una audiencia pública (como obliga la Carta Orgánica ante cualquier licitación) y la última palabra la tendrá el Concejo.

Ruival dijo que el proyecto “recorrerá todas las instancias de debate que correspondan, según lo establecido en las ordenanzas”.

La figura para encuadrar la participación del municipio en el desarrollo inmobiliario no está definida aun pero podría ser un fideicomiso u otro instrumento que le asegure una renta proporcional en el negocio. Ruival imaginó incluso que el porcentaje garantizado para el Estado municipal sea una de las variables de competencia entre las empresas que oferten en la licitación.

En cualquier caso, subrayó que la idea es que “los barilochenses participen” en las definiciones sobre el futuro del Catedral, porque se trata del “motor de la economía de la ciudad”.

El detalle de las inversiones

El “master plan” propuesto por la empresa Capsa todavía no es público y la propia empresa, consultada ayer, se negó a hacer cualquier comentario. Según lo anticipado a “Río Negro” desde el municipio, propone la renovación completa y modernización de los medios de elevación de Catedral, con la meta de duplicar en breve plazo la capacidad de transporte.

La inversión prevista ronda los 50 millones de dólares. La idea sería replanificar el funcionamiento del cerro para asegurar el traslado rápido y masivo de público a la cota de 1.200 m.s.n.m. ya que desde allí hasta la cumbre (2.000 metros) es más fácil garantizar la abundancia de nieve. Hoy los medios arrancan desde más abajo y complican toda la operatoria.

El plan también incluye la instalación de infraestructura para “innivación” artificial, mediante reservorios de agua en distintos niveles de la montaña, que podrán ser superficiales o subterráneos.

Otra de las metas es “diversificar los usos” del área Catedral y disponer áreas para la práctica de otros deportes, como trekking y mountain bike, a fin de aprovechar mejor las temporadas de verano.

El marco legal

Al dar tratamiento a la “iniciativa privada” que presentó Capsa, el municipio deberá aplicar la ordenanza 2725/16 que regula esa figura y que fue aprobada hace apenas un mes. El texto establece que la firma interesada deberá incluir, entre otros puntos:

- un análisis de la viabilidad técnica, jurídica y económica de la propuesta.

- los fundamentos económicos globales y la ponderación de los beneficios que redunden en una mejor calidad de vida para la comunidad.

- el alcance de las inversiones comprometidas, el plazo estimado de duración de la contratación, las bases tarifarias y procedimientos para su fijación.

El proyecto también estará enmarcado por dos artículos clave de la Carta Orgánica. El 214, según el cual “el cerro Catedral debe ser objeto de tratamiento especial como singular recurso turístico de relevancia internacional e importante fuente laboral de la economía local”, y también el 130, que prescribe la obligación de convocar a audiencia pública entes de aprobar cualquier concesión o régimen tarifario.


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