El barrio que paga, la familia que gana. Impunidad roquense

Javier Genoud, DNI 17.506.130

GENERAL ROCA

La Municipalidad de General Roca presentó dos obras de pavimentación con mecanismos de financiamiento radicalmente distintos. Por un lado, el conector vial de calle Güemes con todos los lujos de una intervención urbana integral: repavimentación, bulevar, dársenas, ciclovía, plaza saludable, forestación, semaforización. Una licitación pública que corre por cuenta y orden de la comuna en su mayor número y algunos costos se trasladan a los frentistas. Por otro lado, en el barrio Quintu Panal, la pavimentación de 22 cuadras se hace bajo el régimen de “contribución por mejoras”.

Traducido: son los vecinos los que deben pagar la obra con cuotas que, según denuncian, llegan a los $500.000 mensuales durante cuatro años, o un adelanto de $12 millones para evitar el costo financiero de un plan extendido que puede duplicar la cifra. A eso se suma la crítica de que no fueron informados a tiempo del monto exacto antes de habilitar el Registro de oposición. La diferencia salta a la vista: mientras en Güemes el Municipio financia y ejecuta, en Quintu Panal se descargan sobre los vecinos costos que muchos consideran “confiscatorios”.-

Los negocios familiares detrás del asfalto publicó “el diario de la gente on line” donde apunta que la familia Soria (clan político que gobierna la ciudad), habría adquirido terrenos sobre la calle Güemes ya en 2012, a través de vínculos matrimoniales. En esos lotes el compromiso era una plaza, pero terminó levantándose un complejo de departamentos de la familia, y muy cercano se observan comercios de apellidos vinculados a la gestión municipal. Clarín ya había expuesto parte de ese trasfondo en 2018. (https://www.clarin.com/politica/intendente-ordeno-convertir-calle-avenida-terrenos-familiares_0_raTHyFYLn.html).

Si bien no se pudieron verificar todos los datos registrales, lo comprobable es que los Soria tienen intereses en la zona y que el proyecto más costoso y atractivo se desarrolla precisamente allí, con recursos públicos y sin que los frentistas deban hipotecar su economía. En cambio, en Quintu Panal (donde no viven los Soria), los vecinos se enfrentan a boletas impagables. La desigualdad de trato es evidente. ¿Política pública o negocio privado?

El relato oficial habla de falta de aportes nacionales y de la necesidad de ejecutar con lo que hay. Pero la realidad muestra otra cosa: que según la ubicación y los intereses, la vara cambia. Si estás cerca de los Soria, la obra es un “beneficio colectivo”; si no, la obra se convierte en una carga que amenaza con destruir tu economía familiar.-

La pregunta que queda flotando no es solo sobre la obra, las cuotas o los papeles. La pregunta es más incómoda: ¿Cómo permitimos que dirigentes que deberían administrar lo público lo transformen en ventaja privada? Más allá de banderas políticas, de simpatías o rechazos, lo que debería interpelarnos como comunidad es hasta qué punto naturalizamos que quienes manejan el poder acomoden las reglas en beneficio propio. ¿Es un vicio de estos tiempos o una vieja costumbre que nunca dejamos de tolerar?