China avanza en derechos humanos
Cuando había transcurrido apenas una semana desde la publicación de las recientes definiciones de rumbo del Partido Comunista Chino, el Tribunal Supremo de ese país comenzó a implementarlas. Lo que debe aplaudirse sin retaceos, por aquello tan viejo de que “del dicho al hecho hay largo trecho”. De la teoría o la declamación a la realidad puede haber distancia. Particularmente cuando se trata de temas que, por su innegable importancia, tienen que ver con el corazón de la defensa de los derechos humanos. El más alto tribunal chino señaló a todos –hace pocos días– la imperiosa necesidad de dejar en libertad a “cualquier sospechoso, si no existen suficientes pruebas en su contra”. Lo que supone nada menos que abrazar el principio básico universal de la “presunción de inocencia”. Sin el cual no hay Justicia que pueda considerarse imparcial. Además dispuso que los testimonios obtenidos o, más bien, arrancados mediante la tortura u otros métodos ilegales deben ser tenidos como inválidos, en todas las circunstancias. Parece realmente obvio, pero la realidad en China era, desgraciadamente, que la tortura se utilizaba con frecuencia para, a través de ella, presuntamente “desentrañar la verdad”. El propio alto tribunal señaló que los testimonios obtenidos “a través del uso del frío, hambre, agotamiento, quemaduras, fatiga u otros métodos ilegales” son, en más, inaceptables. Lo que supone que existió una práctica generalizada, absolutamente abominable. Por esto, el paso dado es enorme y va en la dirección correcta: la del respeto y la defensa de los derechos humanos. Si efectivamente el criterio se impone y respeta, terminarán las “confesiones televisadas” de los acusados. Aquellas que presuntamente son obtenidas antes de que los juicios siquiera comiencen. Sin ir más lejos, en octubre pasado seis funcionarios del Partido Comunista fueron condenados a cumplir penas de hasta 14 años de prisión por haber torturado hasta la muerte a un colega acusado de haber cometido el delito de corrupción luego de un interrogatorio en el que lo sumergieron repetidamente en agua helada. Todo esto antes de ser el acusado siquiera entregado a la Justicia. A todo lo antedicho, el Tribunal Supremo agregó que es necesario reducir las sentencias que disponen la aplicación de la pena capital. Nuevamente, un paso importantísimo en la buena dirección: la de respetar la vida misma de los demás. Finalmente el tribunal reclamó a los fiscales y jueces de su país que analicen, con absoluta seriedad, las pruebas que se presentan. Particularmente en los casos penales, donde no es posible admitir livianamente pelos o muestras de sangre sin una previa evaluación de ADN. A todo lo que hay que sumar el que quizás es el más trascendente de todos los anuncios recientemente formulados: el de transformar el Poder Judicial en una institución independiente del poder político. Sólo cuando los jueces sean efectivamente imparciales se podrá asegurar debidamente la vigencia de los derechos humanos respecto de todos. Lo antedicho, sumado a la eliminación de los infames “campos de reeducación”, verdaderas cárceles utilizadas por la Policía para encerrar a cualquiera sin juicio alguno por períodos de hasta cuatro años, sugiere que hay un conjunto de decisiones que apuntan, en su conjunto, a democratizar a China, respetando los derechos humanos. No es poco. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional
GUSTAVO CHOPITEA (*)
Cuando había transcurrido apenas una semana desde la publicación de las recientes definiciones de rumbo del Partido Comunista Chino, el Tribunal Supremo de ese país comenzó a implementarlas. Lo que debe aplaudirse sin retaceos, por aquello tan viejo de que “del dicho al hecho hay largo trecho”. De la teoría o la declamación a la realidad puede haber distancia. Particularmente cuando se trata de temas que, por su innegable importancia, tienen que ver con el corazón de la defensa de los derechos humanos. El más alto tribunal chino señaló a todos –hace pocos días– la imperiosa necesidad de dejar en libertad a “cualquier sospechoso, si no existen suficientes pruebas en su contra”. Lo que supone nada menos que abrazar el principio básico universal de la “presunción de inocencia”. Sin el cual no hay Justicia que pueda considerarse imparcial. Además dispuso que los testimonios obtenidos o, más bien, arrancados mediante la tortura u otros métodos ilegales deben ser tenidos como inválidos, en todas las circunstancias. Parece realmente obvio, pero la realidad en China era, desgraciadamente, que la tortura se utilizaba con frecuencia para, a través de ella, presuntamente “desentrañar la verdad”. El propio alto tribunal señaló que los testimonios obtenidos “a través del uso del frío, hambre, agotamiento, quemaduras, fatiga u otros métodos ilegales” son, en más, inaceptables. Lo que supone que existió una práctica generalizada, absolutamente abominable. Por esto, el paso dado es enorme y va en la dirección correcta: la del respeto y la defensa de los derechos humanos. Si efectivamente el criterio se impone y respeta, terminarán las “confesiones televisadas” de los acusados. Aquellas que presuntamente son obtenidas antes de que los juicios siquiera comiencen. Sin ir más lejos, en octubre pasado seis funcionarios del Partido Comunista fueron condenados a cumplir penas de hasta 14 años de prisión por haber torturado hasta la muerte a un colega acusado de haber cometido el delito de corrupción luego de un interrogatorio en el que lo sumergieron repetidamente en agua helada. Todo esto antes de ser el acusado siquiera entregado a la Justicia. A todo lo antedicho, el Tribunal Supremo agregó que es necesario reducir las sentencias que disponen la aplicación de la pena capital. Nuevamente, un paso importantísimo en la buena dirección: la de respetar la vida misma de los demás. Finalmente el tribunal reclamó a los fiscales y jueces de su país que analicen, con absoluta seriedad, las pruebas que se presentan. Particularmente en los casos penales, donde no es posible admitir livianamente pelos o muestras de sangre sin una previa evaluación de ADN. A todo lo que hay que sumar el que quizás es el más trascendente de todos los anuncios recientemente formulados: el de transformar el Poder Judicial en una institución independiente del poder político. Sólo cuando los jueces sean efectivamente imparciales se podrá asegurar debidamente la vigencia de los derechos humanos respecto de todos. Lo antedicho, sumado a la eliminación de los infames “campos de reeducación”, verdaderas cárceles utilizadas por la Policía para encerrar a cualquiera sin juicio alguno por períodos de hasta cuatro años, sugiere que hay un conjunto de decisiones que apuntan, en su conjunto, a democratizar a China, respetando los derechos humanos. No es poco. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional
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