Ciudades sin ley

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ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar

Las medidas de fuerza protagonizadas por fuerzas policiales en distintas provincias argentinas han propiciado que centenares de comercios y viviendas particulares fueran objeto de saqueo. Vecinos armados, detrás de improvisadas barricadas, han intentado protegerse de los asaltantes y, en ocasiones, han llegado a tomarse la justicia por su propia mano. Se ha asistido así al dantesco espectáculo de ciudades sin ley, resultado de un sinnúmero de causas concurrentes, pero donde la habitual permisividad frente a estrategias extorsivas, toleradas por el gobierno nacional, no ha sido menor. Existen evidentes causas estructurales que operan como incentivadores de los desbordes sociales. Tal vez la más relevante sea la enorme desigualdad social que en esta “década ganada” no ha sido reducida sino más bien enmascarada. La estrategia kirchnerista de apoyarse en una extensa red de subsidios meramente asistenciales ha fracasado y no ha resuelto ningún problema de fondo. Meros paliativos que han venido siendo erosionados por una inflación cada vez más acelerada y que evidencian que la única manera de terminar con la desintegración social consiste en generar una sólida economía productiva que cree empleo genuino. Son numerosas las sociedades latinoamericanas que no han completado todavía sus procesos de integración social. Sin embargo, no sufren los desbordes que caracterizan a la sociedad argentina. Dejando de lado los casos peculiares de sociedades como la mexicana o colombiana, donde los cárteles de la droga han conseguido una fuerte penetración, en el resto no se asiste a la presencia extenuante de la “protesta social” bajo la forma de cortes de ruta, huelgas salvajes en los servicios públicos u ocupación ilegal de locales o terrenos. Esta metodología de acción directa es de naturaleza extorsiva. Un reclamo que en principio puede considerarse legítimo termina expresándose a través de conductas de clara connotación delictiva, provocando un daño a terceros ajenos al conflicto. Es un rasgo de la excepcional cultura argentina implantada en la última década. Nació como expresión desesperada de los que habían sido víctimas de la crisis que estalló en el 2001, pero luego arraigó como una práctica habitual legitimada y en ocasiones propiciada por las autoridades. El ejemplo elocuente ha sido la actuación irresponsable del entonces presidente Néstor Kirchner alentando a los pobladores de Gualeguaychú a cortar los puentes internacionales que nos vinculan con la nación hermana del Uruguay. No menor ha sido la contribución de una corriente ideológica que bajo supuestos ideales “garantistas” ha venido propiciando la abstención de la intervención de la fuerza pública para conseguir el restablecimiento del orden público avasallado. Al insistir en que no debía “criminalizarse” la protesta social, han confundido la aplicación de la ley con la represión ilegal. La base del Derecho reside en la posibilidad de su aplicación práctica, es decir en el poder de coacción. Lo que explica porque autorizamos a determinados funcionarios a portar armas o utilizar contundentes elementos disuasorios. Los acuartelamientos o toma de edificios públicos por las fuerzas policiales que reclamaban una mejora de sus remuneraciones han puesto al descubierto que todas estas concepciones angelicales, llevadas al extremo, nos ponen al borde de la disolución social. Cuando han sido las fuerzas policiales, cuya misión fundamental consiste en exigir el respeto de la ley, las que han sido ganadas por la misma filosofía extorsiva, comprobamos la enorme irresponsabilidad de las tesis que bajo numerosos pretextos justificaban el incumplimiento de la ley. No existe posibilidad de que una organización social pueda estructurarse al margen de la ley. Sin restablecer la vigencia plena y efectiva del Derecho, no hay sociedad viable. Y en el mundo globalizado y moderno, las sociedades en las que impera la arbitrariedad, se violentan los derechos de propiedad y no se respetan los contratos, están condenadas al atraso, puesto que la inversión huye hacia aquellos países que brindan mejores garantías de seguridad jurídica. No es posible, por ejemplo, que asistamos a la interrupción sorpresiva y salvaje de los servicios públicos esenciales para la comunidad, so pretexto de determinadas reivindicaciones sindicales. Servicios públicos como la educación, los transportes o la protección policial no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia y la ley debería contemplar formas menos deletéreas de canalizar las reivindicaciones sindicales. Todas las formas de petición no regladas, como las huelgas de brazos caídos, la retención de servicios o la ocupación de locales debieran ser erradicadas. En este sentido, la autorización para la constitución de sindicatos policiales, a efectos de establecer canales institucionales de comunicación, no es una mala iniciativa si va acompañada de la prohibición de ejercer el derecho de huelga. En el Derecho comparado se suele reconocer que por tratarse de un servicio público fundamental y depositario del monopolio del uso de la fuerza, la policía no debe tener el derecho a la huelga, aunque podría organizarse sindicalmente. Así lo establece, por ejemplo, en España, con base en la Constitución de 1978, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 que, aun prohibiendo la huelga o las acciones sustitutivas de la misma o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios, reconoce al Cuerpo Nacional de Policía, con algunas limitaciones, el derecho de sindicación. Cuando la vida y la propiedad de las personas pueden ser tranquilamente avasalladas, queda en evidencia la inconsistencia de los falsos debates ideológicos en torno a supuestas posiciones progresistas o conservadoras, de izquierda o de derecha. En momentos en que estamos al borde de replicar las formas de sobrevivencia propia de las sociedades salvajes, los artefactos ideológicos pierden consistencia. O recuperamos la cultura del respeto a la ley o seguimos profundizando la brecha que nos separa de las sociedades civilizadas.