Un fallo con ribetes escandalosos

Cualquier contribuyente de a pie, que se priva de otros gastos para estar al día con sus impuestos (nacionales, provinciales o municipales) y evitar intereses punitorios o sanciones más costosas, debe haber colmado su capacidad de asombro e indignación con el escandaloso fallo de la Cámara Federal porteña que días atrás benefició al controvertido Grupo Indalo. No tanto por la excarcelación del empresario kirchnerista Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, sino por el cambio de carátula en la causa por fraude fiscal promovida por la AFIP tras comprobar que se habían apropiado de nada menos que de 8.000 millones de pesos recaudados por la petrolera Oil entre 2012 y 2015 como agente de retención del impuesto a los combustibles.

Si hubiera que atenerse a los fundamentos de los dos camaristas que votaron a favor (Jorge Ballestero y Eduardo Farah), dicha acción constituye una infracción tributaria y no un delito de defraudación contra el Estado porque se trataba de “recursos en expectativa” que no habían ingresado al Tesoro. Con un criterio similar, los contribuyentes podrían retener saldos a favor de la AFIP en IVA o anticipos de Ganancias u otros gravámenes sin otra consecuencia que el pago intereses y multas, independientemente de su monto. Pero aquella deuda fiscal –que actualizada equivale ahora a 700/800 millones de dólares– fue utilizada por López y De Souza para adquirir más empresas (de medios y otras actividades) que tampoco pagaron impuestos, aportes previsionales ni obligaciones comerciales, hasta que el Grupo se presentó en concurso preventivo de acreedores en el fuero penal económico mientras anunciaba una sospechosa venta simbólica (por un dólar) al fondo OP Investments.

En caso de que el fallo quede firme, la causa ahora atenuada pasaría del fuero federal al penal económico, con lo cual el Grupo Indalo podría acogerse a la moratoria impositiva que el titular de la AFIP, Alberto Abad, le venía rechazando debido al monto de la deuda y la conducta fraudulenta de Oil Combustibles. Del mismo modo el juez de la causa (Julián Ercolini) tampoco había autorizado el traspaso de activos y acciones a OP, cuya cara visible es el financista Ignacio Rosner, quien lo rebautizó Grupo Ceibo y prometía su continuidad a cambio de una quita y refinanciación de deudas tributarias a largo plazo que impedirían el decomiso de bienes.

Tanto el presidente Mauricio Macri como desde la AFIP anticiparon que apelarán la sentencia de la Cámara, que además atenuó los cargos contra el extitular kirchnerista del organismo, Ricardo Echegaray. El único cuyo único voto en contra correspondió al juez Leopoldo Bruglia, recientemente designado a instancias de la Casa Rosada en reemplazo de Eduardo Freiler, enjuiciado por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la política volvió a meter la cola. Por un lado, el fallo se conoció una semana después de que Abad anunciara su alejamiento de la AFIP por razones personales a partir del 31 de marzo. Por otro, simultáneamente la Casa Rosada dispuso que su reemplazante será Leandro Cuccioli, un ingeniero industrial que se desempeña en la Jefatura de Gabinete y reconoció haber conocido años atrás a Rosner, por lo cual se excusará de tratar el caso Indalo, pese a destacar que la actuación de Abad fue “intachable”. Para completar el cuadro, Cristóbal López declaró tras ser excarcelado que seguía siendo el dueño del Grupo y que Rosner era su CEO, con lo cual le otorgó un carácter de empleado más que de comprador.

Esta combinación provocó la reacción de Elisa Carrió, quien denunció por Twitter que había “un acuerdo de impunidad” para Indalo y ahora empezaba “a entender algunas cosas que pasan en la AFIP”. Paralelamente, el periodista y abogado Hugo Alconada Mon, que en su momento había destapado el caso en el diario “La Nación”, reveló que en el gobierno de Macri existe un debate interno entre quienes impulsan la quiebra del Grupo y la venta de los activos de Oil (adquiridos en 2012 a Petrobras) y quienes buscan salvar la petrolera mediante un fideicomiso judicial de sus ingresos, desplazar a Rosner y preservar los 18.000 puestos de trabajo del holding a cambio de aportes estatales.

Mientras este desenlace se mantiene en suspenso, la refinería de Oil en San Lorenzo (Santa Fe) está paralizada por falta de fondos para comprar petróleo (lo cual complica la operación de su vecina petroquímica Pampa Energía) y el Ministerio de Energía autorizó a las 300 estaciones de servicio de la marca a comprar combustibles a otras petroleras, previa presentación de declaraciones juradas sobre ventas. Un comprador de esta red podría ser la multinacional holandesa Trafigura, que con la marca Puma Energy se apresta a ingresar al mercado de combustibles en 60 días y ocupar el 4º puesto, con 5,5% de las ventas, después de haber adquirido a fin de 2017 la refinería de Bahía Blanca y la red de 263 estaciones de servicio Petrobras en el centro y sur del país precisamente a Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin.

Pero en el actual marco no deja de ser una hipótesis. Lo único a la vista es que, tras el endurecimiento de la ley penal tributaria hace más de una década, no hubo en la Argentina ninguna condena en firme por evasión impositiva.

Lo único a la vista es que tras el endurecimiento de la ley penal tributaria no hubo en la Argentina ninguna condena en firme por evasión impositiva.