Comenzarán las indagatorias en causa de derechos humanos

NEUQUEN (ACE).-  El juez federal Guillermo Labate dejó en suspenso la detención que solicitó del ex militar Acdel Vilas por su responsabilidad en los delitos cometidos durante la dictadura militar, en tanto en dos meses comenzarán las indagatorias para una veintena de imputados en la causa por la violación a los derechos humanos.

Explicó que en el marco de la reapertura del proceso pidió la detención del ex general (Re) Vilas, sin embargo, debido a que los informes médicos de los forenses indican que no está en condiciones médicas aptas, dejó la medida en suspenso.

Según la investigación realizada en 1986, Vilas fue quien ideó y puso en marcha el centro de detención clandestino que denominó «La escuelita», cuando se puso al frente de la subzona militar 51, en Bahía Blanca y zona de influencia. Allí fueron trasladadas víctimas detenidas ilegalmente en Neuquén, Cipolletti, Allen, Cinco Saltos y Cutral Co; entre otros que sufrieron tormentos.

Algunas víctimas son querellantes en la causa, mientras que familiares de jóvenes que permanecen desaparecidos y que fueron vistos allí por última vez, también integran la querella. La iniciativa de Vilas -que fue el segundo jefe del V Cuerpo del Ejército- fue emulada en Neuquén, donde se conoció con el mismo nombre de «la Escuelita» al otro centro clandestino que funcionó en los fondos del batallón.

Labate indicó que el ex militar, de unos 82 años actualmente, permanece en Capital Federal en su domicilio, postrado. «La detención esta suspendida en forma temporaria hasta que se revierta su cuadro médico, ahí se determinará si se somete o no a proceso», dijo. La opinión de Labate no fue compartida por el fiscal federal José Maria Darquier, quien apeló la medida porque evaluó que los informes médicos no son suficientemente concretos como para poder suspender la detención, se indicó.

Consultado por el avance de la instrucción, Labate indicó que en dos meses comenzarán las indagatorias de una veintena de imputados. Aunque no dio nombres, aseguró que en el listado de quienes deberán comparecer se encuentran «ex militares, personas en servicio, profesionales, ex policías, policías y ciudadanos comunes». «Hay mucha prueba documental que ha tardado en venir, pero una vez terminado esto, se hará cumplir la indagatoria», dijo.

Además de quienes debían comparecer en 1986, se sumó al listado nuevos imputados que hace 30 años no figuraban en la causa. «Hay nuevos imputados», reconoció escuetamente el juez. Desde que se reabrió el proceso, se presentaron víctimas que antes no habían denunciado su situación, ni siquiera ante los organismos de Derechos Humanos. Esto generó nuevo movimiento en la causa y la necesidad de solicitar más pruebas.

Los que en 1986 estaban a las puertas de la indagatoria y que ahora deberán cumplir con el proceso son Leonardo Nuñez, José Luis Sexton, Julio Francisco Oviedo, Oscar Lorenzo Reinhold, Enrique Braulio Olea, Mario Alberto Gómez Arenas, Aldo Mario Alvarez, Hugo Jorge Delme, Luis Alberto Farias Arena, Jorge Guillermo Streich, entre otros; mientras Santiago Cruciani fue indagado el 10 de julio en Bahia Blanca y permanece detenido en una unidad de la policía federal.