Corrupción y «oro negro»

El gobierno español pretende cambiar la imagen que Repsol, Telefónica, Endesa y otras empresas españolas tienen en Latinoamérica. Con ese propósito, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores español mencionó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de establecer un «código de conducta» que regule los comportamientos corporativos. «Es necesario pedir a las empresas españolas que asuman su responsabilidad ética», afirmó Miguel Angel Moratinos.

La iniciativa de Moratinos tiene lugar cuando ha trascendido la queja, formulada por el presidente argentino Néstor Kirchner, a su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el comportamiento de algunas empresas españolas. Algunos asocian el compromiso del presidente de Repsol, Alfonso Cortina, de no subir el precio de las naftas en Argentina, pese al alza del crudo en los mercados internacionales, con aquellas quejas.

Repsol es una multinacional en la que el mayor accionista es una gestora de fondos de California, Estados Unidos, la Brandes Investement Partners. No obstante, si bien los inversores norteamericanos detentan el 22% del capital, son dos bancos españoles -el BBVA y La Caixa- los que tienen el control real sobre la entidad. En noviembre del año pasado el Consejo de Administración aprobó unas Normas de Etica y Conducta para todos los empleados de Repsol, incluyendo su presidente. Según estas normas «no podrán hacer directa o indirectamente obsequios, regalos o promesas a cualquier persona o entidad que mantenga relaciones comerciales, profesionales o administrativas con Repsol».

Existe un fundado escepticismo acerca de la utilidad de los «códigos de conducta» aprobados por las propias empresas. De hecho, de nada han servido para evitar los extendidos casos de corrupción corporativa que se han verificado en los Estados Unidos. En el mundo de las empresas del petróleo son habituales los casos de soborno para obtener contratos, prórrogas favorables y otras ventajas. La ong británica Global Witness en su informe «Tiempo para la transparencia», publicado en marzo de este año, denuncia la corrupción que propician las grandes empresas del «oro negro».

El caso más sonado ha sido el de la francesa Elf (hoy Total). El juicio en París contra los ex directivos por apropiación de bienes sacó a la luz la denominada «estrategia africana» de la compañía: un sistema basado en el soborno a los gobiernos en los que operaban, en especial en Angola, en donde esos pagos financiaban la guerra del Movimiento Popular de Liberación de Angola contra los rebeldes del UNITA. Lo curioso del caso es que los directivos fueron condenados por haberse apropiado indebidamente de los beneficios de la compañía, no por haber pagado sobornos y fomentado una guerra.

Otros recientes casos de soborno han sido protagonizados por la noruega Statoil para obtener un contrato en Irán; por la Exxon Mobil, que efectuó importantes pagos a una cuenta bancaria en Washington, oficialmente del gobierno guineano, pero controlada por el presidente Teodoro Obiang, y otros pagos similares al presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbáyev.

Como consecuencia de estos escándalos se ha intensificado la presión para que las petroleras hagan públicas las comisiones que pagan, además de otros desembolsos como derechos de explotación e impuestos. «Estos escándalos no hubieran sido posibles si las compañías se hubieran visto obligadas a hacer públicos sus pagos a los gobiernos», sostiene el director de Global Witness.

Para evitar los pagos ilegales en el sector petrolero, el gobierno británico lanzó la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (la EITI, según sus siglas en inglés). Se intenta que las compañías petroleras hagan públicos sus desembolsos en los países menos desarrollados en los que operan. Las empresas manifiestan que en principio no se oponen, pero que son los gobiernos en los que operan los que deben estar de acuerdo. Según Repsol, Argentina no ha participado en la Iniciativa, por lo que de momento la compañía no puede revelar ningún pago ante las cláusulas de confidencialidad vigente en los contratos firmados con el gobierno.

La reciente moda de la desregulación ilimitada y la pretensión de sustituirla por sistemas de autorregulación han demostrado un total fracaso. Las grandes empresas capitalistas necesitan controles externos. El economista de origen austríaco Joseph Schumpeter -autor de «Capitalismo, socialismo y democracia»- utilizaba la metáfora de los automóviles, que debido a que tienen freno puede andar más rápido, para indicar que gracias a las limitaciones que los poderes públicos y la sociedad civil imponen, es por lo que el capitalismo se vuelve más eficaz.