Crisis y oportunidades

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Una crisis bien puede ser una oportunidad. Una conmoción altera las conductas inerciales y empuja a revalidar preconceptos, creando el clima propicio para aplicar ideas innovadoras y escuchar a especialistas. Por el contrario, cuando la respuesta a las crisis no es la adecuada, se sientan las bases para que éstas se repitan una y otra vez. La capacidad de reacción se fatiga y relaja, y el rango de tolerancia llega a niveles que en otras circunstancias resultaría impensable. El área de Seguridad en el Estado rionegrino ha atravesado en los últimos años sucesivas crisis –durante el anterior gobierno radical y desde la asunción del Frente para la Victoria en diciembre de 2011–. Se han dispuesto medidas de emergencia para aportar presupuesto, personal, obras y equipamiento. ¿Y el resultado de todo eso? Es difícil desconocer los esfuerzos. Pero la situación sigue siendo tan deplorable, tan violatoria de derechos, tan ineficaz, que a todas luces evidencia que han sido insuficientes, errados o carentes de organicidad. Basta señalar como datos extremos que en los últimos 40 días se escaparon de cárceles rionegrinas 32 presos; que un hábeas corpus por condiciones indignas de detención en el Penal 1 de Viedma fue presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación; que las obras de remodelación iniciadas en el Penal 2 de Roca fueron calificadas de inadecuadas por una inspección reciente; que delitos graves cometidos por bandas organizadas reflejan el bajo efecto de la prevención; y que policías y agentes penitenciarios reclaman por mejores condiciones laborales. A dos años de la asunción, la posibilidad del gobierno de culpar al anterior se reducen a un mínimo. Esto permite afirmar que la política desplegada por la gestión de Alberto Weretilneck, aun ponderando el gasto y el esfuerzo realizados, no ha sido suficiente o adecuada para enfrentar el complejo tema de la seguridad, entendida como fenómeno social. En dos aspectos se advierte la ineficacia de tal política: • La tendencia a generar un cambio de personas o de estructuras cada vez que se produce una crisis genera un efecto adverso: el desplazamiento del presunto responsable político de un problema serio provoca que un recién llegado tenga que ocuparse de resolverlo, sin la experiencia acumulada ni el conocimiento de las personas y de los programas en marcha. Por esto, tiene menos posibilidades que su antecesor de corregir rumbos, se fracturan las redes relacionales propias de toda organización y se crea la sensación de estar siempre en el punto de largada. Cada autoridad llega con sus ideas y colaboradores de confianza y se esfuerza hasta que una nueva crisis lo vuela por los aires de su sillón… • La idea de que un “civil”, sólo por serlo, será más “democrático” y a la vez más capaz de organizar, conducir y controlar fuerzas de seguridad como la Policía provincial y el Servicio Penitenciario no encuentra fácil comprobación en la historia reciente en Río Negro. Política y administración son disciplinas conexas pero requieren conocimientos y habilidades bien diferentes. Más lejos aún está la gestión en materia de seguridad ciudadana. Es una especialidad tan compleja como su objeto, que requiere una formación particular por su vínculo con los derechos humanos, la sociología, la economía, la psicología, la verticalidad de una fuerza policial y la sujeción a un gobierno democrático. En la práctica, y lamentablemente, hay pocos “civiles” que tengan una formación específica sobre cómo organizar guardias, asignar armas y municiones, construir edificios que eviten fugas, impartir órdenes en casos de delitos graves y unos cuantos etcéteras. El debate sobre jefe civil o uniformado es, a todas luces, tan estéril como equivocado. Claro que la conducción del Ejecutivo es política, pero quien esté a cargo de una Secretaría de Seguridad y de una Policía o cárcel provincial deberán ser personas capacitadas en tan complejas incumbencias. Eso importará a los resultados más que saber si visten o no uniforme. Por el contrario, segura garantía de fracaso es asignar responsabilidad en tales áreas con criterios políticos o personales. Durante años, las gestiones radicales en Río Negro deterioraron la capacitación de la Policía, privilegiando su utilización política por sobre su profesionalidad. Y la falta de inversión unida a políticas erráticas convirtieron a las cárceles provinciales en antros inhabitables y muchas veces anárquicos, en los que la violencia y la violación a los derechos humanos afectaron por igual a procesados, condenados y guardias. Desde que asumió el Frente para la Victoria el área tuvo una sucesión de gestiones cortas, que privilegiaron a veces la capacitación y a veces la experiencia de sus titulares, sin que se vea aún la consolidación de un rumbo hacia una organización aceptable y duradera. • Cuando Carlos Soria asumió en diciembre de 2011, designó al frente de Seguridad a César Chao Monzón. Como jefe de la Policía a Jorge Uribe, licenciado en Seguridad y especializado en Seguridad ciudadana, y como subjefe a Roberto Stupniki, máster en Seguridad por la Universidad de Barcelona. • Seis meses después Alberto Weretilneck designó en Seguridad a Miguel Bermejo –abogado exfuncionario de Miguel Saiz y de Nilda Garré– y en la Policía al también letrado Ariel Gallinger. “La responsabilidad de la seguridad está en manos de la política y somos los responsables del éxito y del fracaso”, afirmó el profesional, alineado en el ARI. • En julio de 2012 la Plana Mayor era desplazada casi en su totalidad. Sólo Stupniki quedó en su puesto. • En agosto de ese año Bermejo anunciaba su plan de seguridad, elaborado por civiles, en línea con lo actuado en el consejo local de Cipolletti mientras Weretilneck fue intendente. • En marzo de 2013 Martha Arriola reemplazó a Bermejo en Seguridad. El abogado Fabián Gatti asumió al frente de la Policía. • En abril, Stupniki fue reemplazado como subjefe por Eladio Infante, un comisario retirado en 2007 sin ningún título académico en su currículum. • La reciente renuncia de Martha Arriola no sorprendió. Discrepó cuando Weretilneck difundió información policial sobre bandas y presuntos delincuentes de barrios de Bariloche con alta vulnerabilidad social. El detonante de su ida fue la fuga en un día de doce presos en Roca y tres en Viedma, la mayoría recapturados. • En su reemplazo, Weretilneck convirtió el área en ministerio y designó al abogado y excamarista penal Oscar Albrieu, que asumirá en diciembre cuando deje su banca en Diputados. ¿Será Albrieu la solución? Es difícil saberlo. Desde lo ético, quedó golpeado cuando se supo que durante casi dos años cobró en forma indebida su jubilación de camarista y su dieta como diputado nacional. Por eso no pudo aspirar a su reelección. ¿El ministerio será su premio? Crear una superestructura no ayudará por sí solo a solucionar el problema. Es de esperar que el gobierno encuentre el camino de llevar a la práctica aquellas políticas que declama, antes de que la provincia –hoy el hazmerreír por las fugas– llame la atención nacional por hechos más graves y menos risueños.

DE DOMINGO A domingo