Cuando la corrupción no importa

Los casos de corrupción protagonizados por miembros del oficialista Partido de los Trabajadores han puesto contra las cuerdas a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Pocos días transcurren sin que surja nueva evidencia sobre las infracciones perpetradas rutinariamente por funcionarios de su propio gobierno y por ejecutivos jerárquicos de la empresa estatal Petrobras. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet ha visto desplomarse su propio índice de popularidad a causa de las actividades inmobiliarias “imprudentes” de su hijo y nuera. Mientras tanto, en nuestro país la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou y docenas de personajes vinculados con ellos han sido acusados de cometer delitos que son mucho más graves que los atribuidos a Dilma o, huelga decirlo, a Michelle, víctima ella de las andanzas de su hijo, sin que la convicción generalizada de que casi todas las denuncias que se han formulado son verosímiles haya perjudicado demasiado al gobierno nacional y popular. Según las encuestas, a pesar de que virtualmente nadie ignora que en los años últimos el patrimonio de la familia Kirchner ha aumentado de manera difícilmente explicable, el nivel de aprobación de Cristina se mantiene por encima del 30%, lo que con toda seguridad es motivo de envidia en los círculos gobernantes de Chile, donde Michelle tiene que conformarse con algunos puntos menos, y de Brasil, puesto que últimamente el índice de popularidad de Dilma ha bajado hasta el 13%. No sólo aquí sino también en otros países de cultura similar se supone que, con tal que la economía funcione bien, a pocos les preocupará que ciertos políticos aprovechen oportunidades para apropiarse de más dinero, pero que de entrar la economía en crisis, la mayoría les exigirá devolverlo. La experiencia brasileña parece haber confirmado dicha tesis, puesto que no cabe duda de que los problemas enfrentados por el gobierno de Dilma se deben en buena medida a la recesión en la que nuestro vecino está debatiéndose, pero sucede que, si bien la situación en la que se encuentra la Argentina es decididamente peor, la autoridad de Cristina aún no se ha visto debilitada. Una razón será la proximidad de las elecciones presidenciales y otra el temor a lo que podrían llegar a hacer los militantes que la acompañan, pero también la habrán ayudado su propia negativa y la de sus simpatizantes de perder el tiempo tratando de defender lo que, al fin y al cabo, es indefendible. A diferencia de Cristina, Dilma ha intentado erigirse en líder de una campaña vigorosa contra la corrupción que es tan endémica en su país como en otras partes de América Latina. Ha despedido sin miramientos a ministros acusados de enriquecerse ilícitamente y se ha negado a intervenir a favor de los muchos funcionarios gubernamentales o colaboradores, como el tesorero del PT, que ya están entre rejas. Aunque por ahora Dilma misma no corre peligro de ser destituida luego de un juicio político, como quisieran las decenas de miles de brasileños que, semana tras semana, participan de protestas callejeras gigantescas, sus esfuerzos por desvincularse así de los escándalos no parecen haberla ayudado mucho, ya que en opinión de la mayoría forma parte de un sistema que es intrínsecamente corrupto. En países en que, de acuerdo común, la corrupción es ubicua, los políticos pueden optar entre tratar de brindar la impresión de estar resueltos a luchar contra el flagelo, por un lado y, por el otro, negarse a aludir al tema o, si les parece necesario dedicarle algunas palabras, atribuir las denuncias a una campaña maligna orquestada por los enemigos de la patria. Las presidentas del Brasil y Chile prefirieron la primera alternativa, lo que podría considerarse más digna que la segunda, pero parecería que, en términos políticos, la estrategia así supuesta suele ser contraproducente porque, al tomar en serio la corrupción, aseguran que el impacto de las acusaciones sea cada vez más fuerte. En cambio, debido a la resistencia de Cristina a prestar mucha atención a lo que dicen sus adversarios acerca de los negocios sumamente lucrativos de su familia, una parte sustancial de la ciudadanía se ha acostumbrado a minimizar la importancia de denuncias que, en buena lógica, deberían haberla privado del apoyo de todos salvo un puñado de partidarios incondicionales.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Martes 12 de mayo de 2015