De reconocidos a desconocidos
Entre 1989 y 1993, antes de la reforma constitucional que ordenó reconocer “la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan” los pueblos originarios, hubo un proceso relevante respecto a una población mapuche.
La represa Piedra del Águila, en construcción por Hidronor SA, inundaría la aldea Pilquiniyeu del Limay y, en términos de la normalidad autoritaria de la dictadura, la cuestión se resolvería con el desalojo de sus pobladores, condenados a recalar en áreas urbanas.
Sin embargo, paradoja, ese grupo habitaba una “reserva” vitalicia protegida por la Legislación rionegrina que convertía a sus habitantes en ciudadanos habitando tierra de propiedad provincial.
El proyecto de la represa quedó “atrapado” por la recuperación de la democracia en Argentina y la situación creó una alternativa que nunca se había considerado: la relocalización de ese poblado mapuche debería realizarse a un lugar y en las condiciones definidas con participación y consenso de esos pobladores.
El proyecto de la represa quedó “atrapado” por la recuperación de la democracia en Argentina y la situación creó una alternativa que nunca se había considerado: la relocalización de ese poblado mapuche debería realizarse a un lugar y en las condiciones definidas con participación y consenso de esos pobladores.
La decisión del gobierno provincial de no dejar a esa población a la deriva y, por el contrario, convocar y sumar a ese núcleo a participar en la solución del problema social creado para mejorar la producción nacional de energía eléctrica, culminó en la conformación de una mesa tripartita Gobierno provincial/Comunidad mapuche/Hidronor SA, con el apoyo técnico y coordinación metodológica del CFI y la FLACSO, que tuvo la corresponsabilidad de diseñar e implementar un proyecto de relocalización que incluyese la reinstalación de ese núcleo en otra área, reproduciendo su finalidad y en condiciones mejores, capaces de posibilitar la reconstrucción de la vida y actividades que se perderían.
Ese proyecto, que se denominó “Relocalización de la comunidad indígena Pilquiniyeu del Limay”, tuvo efecto definitivo al inaugurar el nuevo poblado (1993) en sitio expropiado en área escogida consensuada por la relación tripartita y proceder a la relocalización de las familias y servicios de salud y educación, así como las majadas, caminos y casas rurales en que se basaba la actividad económica de esa población.
Proyecto inédito y significativo a nivel nacional e internacional, que contó con la evaluación y apoyo de pueblos originarios de toda Argentina, reunidos a ese efecto en Bariloche en 1992.
Puede acceder a https://es.wikipedia.org/wiki/Pilquiniyeu_del_Limay quien quisiera anoticiarse sobre el presente del grupo mapuche relocalizado.
Curioso: seguimos en democracia y en la misma provincia, a pesar de la Constitución Nacional favorable, sucede que los grupos mapuches aún en espera de la regulación de sus ocupaciones de origen ancestral y el reconocimiento de la multiculturalidad evidente (Bolivia y Ecuador lo han hecho en sus constituciones más recientes) son perseguidos y discriminados, caracterizados como “terroristas”, viven en cercos custodiados que no impiden la circulación de sicarios racistas que los asesinan.
*Coordinador del área Relaciones Estado sociedad, FLACSO sede Argentina.
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