No permitiremos el ajuste sobre alumnos, escuelas y derechos laborales

13 jul 2018 - 00:00

Hacer un balance sobre el primer semestre de 2018 en lo que respecta a Educación implica hacer un intento por contextualizar la etapa de ajuste estructural que vive la Argentina.

En enero, el gobierno nacional dictó el decreto 052/18, por el cual dejó sin efecto la paritaria nacional docente, decisión que reforzó la política llevada a cabo por el Ministerio de Educación el año pasado, cuando subejecutó el presupuesto destinado a los programas socioeducativos. Asimismo, en el Presupuesto sancionado en noviembre de 2017 el gobierno nacional disminuyó alarmantemente la inversión educativa. Con estas medidas, las provincias debieron responder a las demandas de funcionamiento de los establecimientos educativos con fondos propios. La anulación de la Paritaria Nacional, que eliminó el piso salarial garantizado con recursos nacionales, agravó la situación.

Como si esto fuera poco, Neuquén y el resto de las provincias firmaron a fines de 2017 el Pacto Fiscal. El acuerdo comprometió a las provincias a mantener sin variaciones el gasto público para este año. Además, en enero, se anunció que las discusiones salariales tendrían un techo del 15% y que no se permitirían acuerdos con cláusulas gatillo o de actualización automática según el índice de inflación.

En este contexto, los trabajadores de la educación de Neuquén, además de reclamar la recomposición salarial en la discusión iniciada en enero, incorporamos la necesidad de inversión educativa destinada a Partidas (refrigerio, comedores, gastos generales), transporte escolar y respuestas a la situación edilicia (mantenimiento, reparaciones, ampliaciones, nuevos edificios, etc.).

La demora en la respuesta a nuestras demandas nos llevó, lamentablemente, a uno de los conflictos más extensos de los últimos años.

La situación en el resto de las provincias patagónicas no ha sido distinta. Los docentes de Chubut han sostenido junto al resto de los estatales de esa provincia una huelga histórica, con una reciente resolución a favor de los trabajadores. Lamentablemente, Santa Cruz y Tierra del Fuego siguen sin propuesta salarial 2018.

En el resto del país, las organizaciones docentes que han cerrado acuerdos aún por encima del 15% están exigiendo la reapertura de paritarias. En otros casos, los docentes de Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes y Chaco siguen sin llegar a un acuerdo ante la insistencia de los gobiernos de esas provincias de sostener inexplicablemente el techo impuesto por Nación. Otros casos son los gobiernos de Mendoza y Jujuy, que otorgaron unilateralmente y por decreto incrementos miserables del 15% y 5% respectivamente. Sólo Santa Fe (Amsafe) tiene un acuerdo atado a inflación similar al obtenido por nosotros y por los compañeros de Chubut (Atech).

Esta grave situación educativa nacional es consecuencia directa de la política de ajuste implementada por el gobierno de Macri que ahora, luego de la disparada del dólar y la suba de la inflación que alcanzó sólo en el primer semestre la pauta fijada a principio de año, recurre una vez más al FMI. Es de esperar entonces que se intente profundizar el ajuste y la quita de derechos, tal lo exige el acuerdo suscripto.

En este marco nacional, los acuerdos logrados por los trabajadores de la educación de Neuquén, Santa Fe y ahora Chubut adquieren una relevancia para destacar.

Lograr cláusulas de actualización automática en tiempos de escalada inflacionaria resulta vital para preservar el poder adquisitivo de los salarios. Así, un incremento neto de todas las sumas remunerativas y bonificables igual a lo que dé la inflación trimestralmente, tanto para activos como para jubilados, es un acuerdo beneficioso en este descalabro que es la economía de nuestro país.

Nos queda reivindicar la unidad construida hacia adentro de nuestra organización para sostener tantos días y tantas acciones llevadas adelante durante el prolongado conflicto; el valor de nuestras compañeras, haciendo un gran esfuerzo para mantener la posición aun ante las presiones recibidas; el acto de dignidad que significó la respuesta a las retenciones indebidas padecidas en los salarios de marzo y la forma en que rechazamos a los tutores que intentaron reemplazar a nuestros compañeros en huelga. Es aquí donde también debemos reivindicar lo logrado en estos dos puntos en el acta discutida y aprobada en nuestras asambleas.

Los trabajadores de la educación hemos demostrado no estar dispuestos a dejar pasar el ajuste sobre nuestros estudiantes, sobre nuestras escuelas ni sobre nuestros derechos laborales. La masividad de cada una de las acciones llevadas adelante durante estos conflictos da cuenta de la enorme voluntad de defender la educación pública como espacio de emancipación de la clase trabajadora.

Esta posición digna impone a los Estados hacer los máximos esfuerzos para priorizar el presupuesto educativo reclamado por todos –estudiantes, familias y trabajadores– para garantizar el cumplimiento del derecho social a la educación al que tenemos como pueblo.

* Marcelo Guagliardo

Secretario general de ATEN-provincia

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