Decisiones de peso

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Durante todo este año, la política de incremento constante de personal que practica el gobierno de Alberto Weretilneck generó malestar dentro y fuera del Estado rionegrino. En ese estado de ánimo, varios puntos del proyecto de Presupuesto y de las leyes tributarias previstas para 2014 han aumentado las críticas de sectores políticos y empresarios. Lo más irritante fue que se prevea incrementar impuestos y comenzar a cobrar Ingresos Brutos a varias actividades productivas, sin haber demostrado capacidad para superar las falencias de gestión y al mismo tiempo que se programaba incrementar aún más su planta de funcionarios. El Estado prevé gastar para el año próximo $ 13.826 millones, y el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto admite que ese rubro habrá crecido en un porcentaje mayor al de los ingresos estimados. Esto derivará en que el déficit financiero trepe a casi $ 753 millones y el déficit primario se ubique en $ 404 millones. ¿El resultado?: la necesidad de contraer más deuda pública. Y esto no es poca cosa en una provincia que sobrevive gracias a las refinanciaciones del Estado nacional, que tan poco margen financiero y político dejan al gobierno local. El proyectado incremento de 54 cargos políticos sólo en la Administración Central fue el primer toque de atención. Tras las primeras críticas del bloque radical, Weretilneck dio instrucciones de eliminar esa cláusula del proyecto de ley enviado por él mismo dos días atrás. Algunos saludaron el rápido reflejo del mandatario como señal de apertura frente a las críticas. Otros, en cambio, tradujeron una indefinible sensación de que el gobernador no miró lo que firmaba, o firmó algo con lo que no estaba de acuerdo, o que firmó por si pasaba… El Presupuesto anual es la representación económica y financiera del proyecto de un gobierno para un año determinado y debe por ello responder a una planificación que tenga como eje el mejoramiento de la calidad de vida de los rionegrinos. Esa planificación, salvo en contadas áreas, está ausente o esbozada sólo como una manifestación de buenas intenciones en la iniciativa presupuestaria. Esta ambigüedad no permite evaluar el proyecto, ni en los grandes números ni en detalles concretos. ¿Hacían falta o no los funcionarios propuestos y, ahora, borrados del programa gubernamental para el año próximo? ¿O terminarán ingresando igual, por fuera del presupuesto, como los cientos de personas que mes a mes son designados o contratados en distintas esferas del Ejecutivo? Visto en perspectiva, el 2013 representó un avance en el gobierno de Weretilneck respecto del año anterior. Desde mitad de año, creció la obra pública, que durante 2012 había estado virtualmente paralizada; se sumó personal que resultaba muy necesario en la Policía y en Salud Pública; se mejoró la situación laboral de los profesionales y técnicos de Desarrollo Social; se compraron móviles policiales y vehículos nuevos para Salud; se invirtió en las cárceles. No obstante, la calidad de los servicios públicos todavía dista de ser la deseable en la mayor parte de las áreas. Aun cuando la relativamente baja población provincial y la vitalidad de su economía la alejan de los escenarios complejos de otros distritos del país. Sin embargo el Estado crece, sin mejorar en forma directamente proporcional. Para los sectores económicos, que con sus impuestos sostienen el aparato del Estado, quedó ya en claro que la presión tributaria, que se incrementó en 2013 hasta ubicar la recaudación un 49% sobre los valores del año anterior, seguirá aumentando el año por venir. Los puntos centrales del cambio en materia impositiva son: • Ya no estarán exentas de pagar Ingresos Brutos las actividades productivas –salvo la fruticultura y la ganadería excepto la bovina–. La obligación de tributar a quienes crían vacunos no se condice con el objetivo de fomentar la actividad con miras a recuperar el stock ganadero diezmado por la sequía y las cenizas volcánicas, y que de ellos derive una baja en los precios que debe pagar el consumidor. • Para las restantes actividades primarias, sólo se eximirá de impuesto al pequeño productor. • La compra de vehículos 0 km y usados también pierde su exención, y la alícuota será mayor para las operaciones realizadas fuera de la provincia. Es probable que este último punto derive en alentar el patentamiento en otras jurisdicciones, lo que menguaría la base tributaria de la provincia. Procurador “amigo” El martes, el Consejo “grande” de la Magistratura se reunirá en Viedma para elegir al procurador general del Poder Judicial, jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Bien puede decirse que el cargo es tan importante como sensible, que la selección de su responsable requiere aún mayor cuidado que en el caso de designar a un juez del STJ. Es que la Procuración es un órgano unipersonal y no colegiado, que define la política de persecución penal de la Provincia, y los fiscales y defensores oficiales tienen con el organismo una relación de dependencia jerárquica. Por eso, la decisión de Alberto Weretilneck de admitir que quiere un procurador “amigo” y recomendar la elección del barilochense Carlos Rinaldis fue bien diferente de las habituales propuestas en base a criterios técnicos y académicos. Rinaldis es un abogado con experiencia pero, según él mismo ha admitido, nunca se dedicó al derecho penal porque vive de su trabajo y esa disciplina “no rinde” en materia de dinero. Igualmente curioso ha sido su empeño en procurar explicar por qué un procurador de Bariloche contribuirá –sólo por ser de esa procedencia– a mejorar el equilibrio y la regionalización del Poder Judicial. Como fuere, en beneficio de la calidad de la Justicia rionegrina, es bueno que además del citado se postulen para el cargo los barilochenses Silvia Baquero Lazcano y Héctor Leguizamón Pondal –camaristas penales–, Carlos López –fiscal de Cámara– y Raúl Ochoa –hoy abogado del foro y expresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que se desempeñó varios años como defensor oficial–, además de la camarista Penal de Cipolletti Alejandra Berenguer. Además del gobernador, votarán para resolver sobre el tema ocho legisladores del FpV, cuatro de las minorías parlamentarias y tres abogados por cada uno de los cuatro Colegios profesionales que funcionan en la provincia. La reforma del Código de Procedimiento Penal actualmente en marcha otorga una trascendencia adicional a la figura del procurador, puesto que en él recaerá la tarea de organizar los Ministerios Públicos para adecuarlos al nuevo sistema acusatorio, que deposita en los fiscales toda la responsabilidad de conducir la investigación de los delitos que se cometan en la provincia. Priorizar para la elección de tan trascendente cargo la amistad por sobre la capacidad y la formación técnica sería un error que los fiscales y jueces, pero con más razón las víctimas de delitos, lamentarían pronto.

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