El #8M también se hizo sentir en las calles de Bariloche

Desplazamiento en el Consejo Escolar ante polémica denuncia

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Bariloche celebró la rescisión del contrato a Rudecindo Navarro, personal de Servicios Generales del Ministerio de Educación de Río Negro, a raíz de la denuncia colectiva por maltrato a mujeres y abuso de poder.

El gremio presentó la denuncia penal en diciembre del 2016 manifestando una “situación de abuso” en la contratación de mujeres que se desempeñaban como auxiliares de la educación para cubrir licencias. Cuestionaron que “esta modalidad de contratación” se realizaba con el consentimiento de la exdelegada de Educación, Marta Corvalán.

“Navarro tenía la atribución de elegir a ese personal, siendo jóvenes mujeres, madres sostén de familia y en condiciones de vulnerabilidad. El método de contratación era mediante llamada telefónica y sin firmar ningún contrato”, detallaron los dirigentes gremiales.

Indicaron que “en esa instancia, acosaba sexualmente y extorsionaba a las trabajadoras intentando favores sexuales a cambio de horas de trabajo. Cuando las mujeres accedían al puesto, debían insistir para cobrar las horas trabajadas y, en ocasiones, eran abonadas en el Shopping Patagonia”.

En el caso, intervino la Fiscalía de Investigación del Estado que, en simultáneo con la Defensoría del Pueblo de Bariloche y la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres, expuso la situación al gobernador Alberto Weretilnek y otros funcionarios provinciales.

Denuncia de abuso de poder en Educación

Dos mujeres que realizaron tareas de porteras de manera eventual el año pasado en escuelas de Bariloche, denunciaron a un empleado de la Coordinación de Educación Zona Andina que les otorgó el trabajo de manera irregular, con el pago en mano y en efectivo y presuntamente abusó de su condición de “empleador” para intentar entablar un vínculo con las mujeres.

La denuncia recae contra Rudecindo Navarro, quien se presentaba ante las mujeres como “mano derecha” de la excoordinadora de Educación en esta ciudad Marta Corvalán. También fue denunciada la funcionaria, pudo conocer “DeBariloche” del expediente judicial.

Según relataron las mujeres denunciantes, Navarro les ofrecía trabajo en nombre del Ministerio de Educación para realizar tareas de limpieza y portería en escuelas públicas de la ciudad cuando había faltante de empleados del área de servicios generales. El pago acordado era de 35 pesos la hora y se abonaba en mano y en efectivo.

Navarro trasladaba a las mujeres en una camioneta (se desconoce si era particular u oficial) desde sus viviendas hasta las escuelas en las que debían trabajar, alegando que era para “no generarle mayor gasto”, confió a este diario una de las denunciantes.

La denunciante (que pidió la reserva de su identidad) señaló que en una oportunidad mantuvo una reunión con la exdelegada Corvalán y Navarro, en la sede del organismo de Mitre 1647. Fue a reclamar por el pago de los trabajos y –según precisó– la funcionaria le indicó que “nadie debía saber cómo era el manejo del pago”.

Indicó además que Navarro le enviaba habitualmente mensajes por Whatsapp con insinuaciones e invitaciones para mantener un vínculo. Lo mismo ratificó otra de las mujeres que denunció el hecho en la causa que está en manos del fiscal Guillermo Lista.

“DeBariloche” consultó al Ministerio de Educación por la función de Navarro y allí indicaron que era un portero de la Escuela 315 (del barrio Malvinas) al que el año pasado se le reasignaron tareas en la delegación porque el colegio estaba en obra. Descartaron que Navarro pueda hacer contrataciones en nombre del organismo.

Su vínculo en la sede local de Educación terminó en diciembre pasado y se desconoce si regresó a sus funciones de portero en la escuela. Corvalán la semana pasada fue apartada de la delegación de Bariloche y designada en el Ministerio como subsecretaria de Consejos Escolares. Ayer este diario intentó comunicarse con ella pero dijo no podía responder los requerimientos de la prensa.

El caso llegó hasta dos fiscalías

El caso surgió el último mes del 2016 cuando unas cinco mujeres presentaron su caso al gremio ATE, precisó Egar Actis, secretario general del sindicato que las asesoró, al igual que la Defensoría del Pueblo de Bariloche y la Comisión Proencuentro de Mujeres.

Dos de ellas iniciaron acciones penales en una fiscalía y denunciaron el manejo de fondos públicos en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Fuentes judiciales precisaron que la investigación está en etapa inicial para determinar si encuadra en un delito aunque en principio estaría descartado el sexual.