Denuncian atrasos por el Observatorio de la Violencia
El organismo que debe controlar la violencia de género no se pude aplicar porque falta la reglamentación de la ley.
Legislatura
La oposición denunció que la Ley N° 4.845 de creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, pero no puede aplicarse porque resta su validación final a través de una reglamentación que debe hacer el Poder Ejecutivo.
La legisladora radical Cristina Uría consideró necesario normalizar esta situación con el propósito de contar con “datos concretos” de lo que sucede con las mujeres violentadas en su territorio.
Insistió en que resulta “la única manera de que se genere un proceso de reflexión estratégico, con datos reales y que aporten soluciones desde el origen de la problemática”.
La Ley Nº 4.845 ?tiene por objeto impulsar la recolección, tareas de control, producción, registro y sistematización de información sobre casos de “femecidios” y documentarlos. Además, su misión es brindar información con carácter de insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
La norma fue aprobada a instancias del bloque radical el 17 de mayo de 2013, y promulgada el 4 de junio de ese mismo año.
Promueve la imperiosa necesidad de articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos a los fines de realizar un monitoreo en la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas.
Debe estar integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, quien ejercerá la dirección, y un equipo interdisciplinario idóneo en la materia, integrado por miembros de esa cartera, Educación y Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Policía de Río Negro, y los poderes Judicial y Legislativo.
Por otro lado, Uría hizo mención a la necesidad de darle pronto tratamiento a un proyecto que modifica la Ley N° 3.040 de violencia familiar con la intención de establecer garantías para las familias rionegrinas que se encuentran en ese tipo de situaciones, brindándoles contención económica y social por parte del Estado provincial. “Dicho proyecto data de largo tiempo y luego de caer en caducidad fue ingresado nuevamente, por lo cuál sería importante que comience su camino legislativo en las comisiones pertinentes”, sostuvo.
DeViedma
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