Denuncian “boicot” a la nueva ley de minoridad

NEUQUEN (AN)- La nueva ley de Protección Integral del Niño y el Adolescente, que acaba de entrar en vigencia, sigue provocando debate. Un grupo de defensores oficiales planteará que es inconstitucional la reglamentación de la ley, y también se opondrá a un proyecto elaborado para endurecerla. “La quieren boicotear”, denunciaron.

Además se supo que el miércoles hubo una reunión entre todos los funcionarios judiciales del área de minoridad en la cual algunos propusieron “bajar los decibeles del debate”, y se habría alcanzado un acuerdo para que el proyecto de endurecimiento de la ley no avance. Hoy se lo plantearían mediante una nota al Tribunal Superior de Justicia.

La ley comenzó a aplicarse el 5 de diciembre del año pasado, después de años de preparación y debate. Recibió elogios porque garantiza los derechos de los menores tal como lo exigen los pactos internacionales.

Pero como informó este diario el miércoles, a poco de andar tuvo sus primeros tropiezos. Por ejemplo, la legislación establece que la detención de menores imputados de delitos debe ser sólo excepcional y por un plazo máximo de 30 días. Ya hay un proyecto para que los jueces puedan prorrogar ese plazo.

La ley también dice que si un menor es absuelto en un juicio, el fiscal no puede apelar. Esto ya fue modificado mediante una acordada del Tribunal Superior de Justicia: ahora los fiscales sí pueden apelar.

De acuerdo con algunos criterios, esa acordada del TSJ es inconstitucional. Lo cual no deja de ser curioso porque fue dictada por el organismo que tiene el control constitucional.

“Pareciera que hay una campaña para boicotear esta ley, cuando lo que se debe hacer es aplicarla”, dijo a este diario el defensor de cámara Gustavo Vitale. Junto con su colega Andrés Repetto están preparando el planteo de inconstitucionalidad de la reglamentación de la norma.

“Al reglamentar la ley, el TSJ invadió la esfera del poder Legislativo porque le dio atribuciones al fiscal que la ley no contempla”, señaló Vitale. “No tenemos dudas de que hicieron algo inconstitucional”.

Agregó que “las legislaciones más avanzadas le quitan al fiscal la atribución de apelar. Una persona que fue absuelta en un debate ya fue juzgada, y no puede serlo otra vez por el mismo hecho”, explicó.

Respecto del presunto boicot, el defensor de cámara indicó: “no sé quiénes son pero pareciera que la campaña existe. La ley apenas comenzó a aplicarse, lo que hay que hacer es cumplirla y no pensar en cambiarla”.

Por otra parte, el miércoles hubo una reunión entre los funcionarios y magistrados encargados de aplicar la ley.

Según trascendió, habrían causado desagrado las declaraciones a este diario del defensor Gustavo Palmieri, quien dijo que el proyecto para endurecer la ley “es una reacción histérica” porque un menor imputado de homicidio quedó en libertad.

En esa reunión también se habría acordado oponerse al proyecto. “Todos los que participaron estuvieron de acuerdo en que el período de detención no debe prorrogarse más allá de los 30 días”, dijo a este diario uno de los participantes del encuentro.

La fuente agregó que hoy habrá una nueva reunión en la cual se redactará una nota al Tribunal Superior de Justicia “para expresarle que no estamos de acuerdo con el proyecto”.

Una pulseada tan antigua como la norma

NEUQUEN (AN)- La polémica en torno de la nueva ley de menores no es nueva. En los pasillos del Poder Judicial se comenta que nació cuando el Tribunal Superior de Justicia no pudo imponer su propio proyecto y debió resignarse a que los legisladores sancionaran una norma “mucho más progresista y de avanzada”.

Por eso, algunos creen ver una escalada contra la ley detrás de ciertos movimientos del máximo órgano judicial de la provincia: la elección de algunos de los operadores encargados de aplicarla; la reglamentación decretada mediante acordada y ahora el proyecto para modificarla.

Respecto del proyecto para modificar los 30 días de arresto (y prorrogarlos por plazo indefinido), se sabe que hay uno elaborado por el TSJ que aún no llegó a la Legislatura. El Ejecutivo provincial lo respalda, o escribió uno idéntico.

Sin embargo, esta modificación podría morir antes de nacer porque todo el fuero encargado de aplicar la ley le pedirá al TSJ que no avance con su proyecto.

En cuanto a la acordada que lo reglamenta, aún no se planteó ningún caso concreto como para aplicarla. Algunas fuentes consultadas ayer dijeron a este diario que “si ese caso se presenta, no la aplicaremos. Es inconstitucional”.

Para poner las cosas blanco sobre negro, los defensores Vitales y Repetto lo plantearán mediante un recurso de inconstitucionalidad.