Descolonización estatal

De respetar el presidente Mauricio Macri las reglas políticas nacionales, ya estaría agregando otra “capa geológica”, una conformada por simpatizantes de Pro, más algunos radicales, progresistas, integrantes del Frente Renovador de Sergio Massa y miembros de la Coalición Cívica de la diputada Elisa Carrió, al ya superpoblado sector público con el propósito de minimizar la influencia de la multitud de militantes que fueron nombrados por el gobierno kirchnerista. Es lo que haría un gobierno reacio a enfrentar a los aguerridos sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones que no suelen distinguir entre los “ñoquis” que se limitan a cobrar sus salarios y quienes cumplen como corresponde tareas específicas, pero por razones tanto económicas como ideológicas, Macri no tiene más alternativa que procurar alejar a los designados por motivos políticos, en especial a los vinculados con La Cámpora. No se equivocan estos cuando se afirman blancos de una campaña de persecución política, pero puesto que casi todos deben los cargos a los que quisieran aferrarse a su fervorosa militancia kirchnerista, el nuevo gobierno se ve constreñido a tomar en cuenta sus opiniones y lealtades, aunque está tratando de asumir una postura neutral al insistir en subrayar la importancia del nivel de estudios alcanzados por los distintos funcionarios para entonces despedir a aquellos que, por ley, no deberían haber sido nombrados. En principio, la ofensiva emprendida por Macri contra los camporistas y otros de procedencia similar cuenta con la aprobación mayoritaria. En la campaña electoral, Massa entusiasmó a muchos al jurar que, de triunfar, no vacilaría en “barrer a los ñoquis de La Cámpora que nos quieren dejar” en las reparticiones gubernamentales. Con todo, a pesar de que el grueso de la ciudadanía entiende muy bien que llenar el Estado de militantes kirchneristas sin preocuparse por su eventual capacidad significaba obligar a los contribuyentes a subsidiar una fracción política, los macristas tendrán que operar con cuidado. Aun cuando los funcionarios eficaces que se han visto purgados constituyan una minoría pequeña, las injusticias resultantes serían suficientes como para dificultar el intento de reformar el Estado nacional para que, andando el tiempo, se asemeje más a sus equivalentes del mundo desarrollado. Antes de irse, los kirchneristas colonizaron el sector público por suponer que, pase lo que pasare, les sería beneficioso: sus sucesores perderían si optaran por tolerar la presencia del ejército de militantes o si, como ha resultado ser el caso, comenzaran a echarlos. Para frustrarlos, el gobierno de Macri ha tenido que subrayar la importancia de la idoneidad, una palabra que, desde el punto de vista de los populistas, tiene connotaciones reaccionarias ya que implica discriminar entre las personas sobre la base de su formación profesional. Fue con argumentos parecidos que, hace un par de años, el gobierno kirchnerista se esforzó por impulsar “la democratización” de la Justicia designando para cargos clave personajes que según las pautas tradicionales no estaban en condiciones de desempeñarlos. Por fortuna, la iniciativa no prosperó, pero los populistas, tanto los kirchneristas como sus aliados coyunturales de la izquierda, siguen oponiéndose a la idea de que sea necesario ser exigente cuando se trata de aspirantes a cumplir funciones en el aparato estatal. Por ahora, sus planteos no disfrutan de mucha simpatía, pero a menos que los depurados pronto encuentren empleos en el sector privado, el clima político podría cambiar al multiplicarse las protestas contra el reformismo macrista. La situación sería más fácil para el gobierno si la economía estuviera creciendo con rapidez y la tasa de desempleo tendiera a reducirse, pero todo hace prever que, aun cuando la estrategia económica del gobierno resultara acertada y el país empezara a recibir inversiones cuantiosas, sería vano esperar que una eventual recuperación se hiciera sentir en la primera mitad del año actual. Mientras tanto, los militantes que brevemente ocuparon lugares en diversas reparticiones estatales continuarán rasgándose las vestiduras en público con la esperanza de que la ciudadanía, debidamente conmovida por el espectáculo así brindado, se solidarice con ellos.