Desocuparon la toma de 10 viviendas en el barrio Castello

Ocupación ilegal

La semana próxima comenzarán las indagatorias de los ocupantes de más de 200 viviendas en el loteo “22 de Abril” que aún no han sido adjudicadas. En tanto ayer fueron desocupadas las 10 casas del barrio Castello.

Hoy se hará cargo de la causa el juez Carlos Mussi quien tomó la decisión de suspender la feria judicial.

El delito por el cual serían indagados los ocupantes sería el de usurpación, teniendo en cuenta que la Ley fijó tres requisitos necesarios para que se configure ese ilícito: clandestinidad, violencia o abuso de confianza. La clandestinidad podría haber existido en este hecho, teniendo en cuenta que la ocupación fue en horas de la noche y en momentos en que se dificulta el control de la totalidad del predio, así como presuntamente la violencia si se corroboró alguna rotura de vidrio, abertura o el cerco perimetral.

En este caso, el municipio como responsable de estas viviendas se trasformaría en la víctima de esta situación pero también con una gran cuota de responsabilidad en este difícil descenlace que, en definitiva, enfrenta personas en vulnerabilidad social.

Todos necesitan una vivienda. Quienes reclaman que les entreguen una de esas casas y sólo tienen documentada la adjudicación de un lote de los 382 de ese barrio que además no saben cuál es. Sobre las 202 viviendas tienen la misma expectativa unos y otros, tanto como el derecho a tenerla. Desde hace meses esas viviendas ocupadas se observan a simple vista terminadas sin que el municipio haya ni siquiera llamado a inscripción para acceder a ellas. Si bien le faltan las conexiones troncales a los servicios un llamado a inscripción para establecer una forma de entrega de esas viviendas, tal vez, habría disminuido el nivel de expectativas frente a la necesidad de un techo propio.

“Queremos nuestras viviendas” señaló una pancarta que exhibió uno de los manifestantes frente a Tribunales, donde se tramitan las denuncias penales contra la ocupación y se mantuvieron ayer reuniones con funcionarios municipales. Todas las miradas están puestas en la Justicia que no definirá para quién serán esas viviendas. Esa es responsabilidad del municipio. El juez penal tomará las indagatorias a los ocupantes identificados y resolverá la situación procesal de cada uno de ellos, un trámite sumamente extenso teniendo en cuenta que son unas 300 personas las relevadas como ocupantes.

Se debe tener en cuenta también que en este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha sentado jurisprudencia en esta problemática al resolver en su momento que el juez no puede interrumpir una usurpación hasta escuchar a los ocupantes.

Habrá que ver también la propuesta requerida por la Justicia al municipio en torno a la contención de las personas en vulnerabilidad social que se encuentran entre los ocupantes.

Por el momento sólo se ha informado desde el municipalidad una ampliación de la denuncia por usurpación y la solicitud en la Fiscalía para que se arbitren las medidas necesarias para evitar nuevas usurpaciones en las otras viviendas que también construye la comuna.

Funcionarios municipales se reunieron con representantes de los vecinos que tienen adjudicado un lote en el predio donde se levantan las casas ocupadas, quienes firmaron la adhesión a la denuncia penal presentada por el Ejecutivo municipal

Además desde la comuna se manifestó “preocupación por la repetición de este tipo de situaciones que atentan contra cualquier posibilidad de planificación por parte del Estado de soluciones habitacionales”.

Todo normal en el Castello

Los vecinos que habían ocupado las 10 viviendas en ese sector de la ciudad desistieron en la tarde de ayer de continuar con medida tras un diálogo que mantuvieron con el juez de feria Ignacio Gandolfi.

El magistrado les habría explicado las posibles consecuencias penales de ese tipo de acción y los ocupantes se retiraron sin provocar ningún desorden.

Fuentes municipales confirmaron a DeViedma que las casas no fueron vandalizadas.

DeViedma