Dilma se hunde
Mientras que en nuestro país “el relato” oficialista sigue resultando más poderoso que la corrupción rampante, combinada con una crisis económica prolongada, en Brasil las reglas políticas tradicionales han mantenido su vigencia. Por cierto, “el relato” del Partido de los Trabajadores (PT) no ha ayudado mucho a la presidenta Dilma Rousseff. Al agravarse la situación económica, arrecian los ataques contra Dilma que, a juicio de muchos, es responsable no sólo de la debacle económica sino que también ha actuado como cómplice de una multitud de ladrones. Aunque parecería que ella misma no ha aprovechado las oportunidades para enriquecerse desviando fondos públicos hacia su propio bolsillo, muchos están convencidos de que sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en su país pero por motivos políticos optó por tolerarlo. Con un índice de aprobación que, según una consultora, mide apenas el 7,7%, la mandataria corre peligro de verse destituida por su presunto papel en el escándalo de Petrobras, la gigantesca empresa estatal que durante años sirvió como caja política para el Partido de los Trabajadores y agrupaciones afines. De resultas de las investigaciones, docenas de dirigentes políticos, la mayoría procedente del PT, y empresarios están detenidos preventivamente en la cárcel de Curitiba. Entre ellos se encuentra José Dirceu, el exjefe de Gabinete del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Aun cuando no tuviera que defenderse contra los muchos que reclaman que sea sometida a juicio político, a Dilma no le sería nada fácil concretar las medidas de ajuste, muy similares a las propuestas por Aécio Neves, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, que a su entender son imprescindibles para que la economía brasileña reanude el crecimiento. Ni los partidarios de Neves ni sus propios simpatizantes están dispuestos a perdonarla por haberle mentido al electorado afirmándose en contra de un programa de austeridad que, una vez reelegida, decidió poner en marcha. Sin embargo, en los últimos meses el panorama internacional se ha hecho aún más inhóspito para Brasil de lo que era el año pasado. La esperanza de un aumento oportuno de los precios de los commodities que le permitiera al gobierno brasileño ensayar una política más expansiva se ha apagado. Asimismo, parece probable que las agencias calificadoras más influyentes pronto priven al país del “grado de inversión”, lo que tendría un impacto muy negativo puesto que le sería mucho más difícil conseguir préstamos a tasas de interés reducidas. Alarmados por las sombrías perspectivas frente a su país, los empresarios brasileños se oponen a los intentos de obligar a Dilma a renunciar para que puedan celebrarse elecciones anticipadas. Como es natural, no quieren que los problemas políticos sigan estorbando el manejo de la economía, pero sucede que el sistema presidencialista es tan rígido que resulta virtualmente imposible desplazar a un gobierno inoperante sin provocar una ruptura institucional. De ser Brasil una democracia parlamentaria, podría solucionarse casi automáticamente la crisis desatada por la pérdida vertiginosa de la popularidad de Dilma mediante la convocatoria a nuevas elecciones, pero, por desgracia, para que tal alternativa fuera posible sería necesario que nuestro vecino reformara el orden constitucional. Puesto que en las difíciles circunstancias actuales la clase política brasileña no está en condiciones de intentar un cambio tan drástico, muchos especialistas prevén que las manifestaciones callejeras se harán cada vez más amenazadoras y que dirigentes oficialistas continuarán alejándose de Dilma hasta que un juicio político sea considerado un mal menor para todos salvo la presidenta misma. Dilma podría ayudar a encontrar una salida menos traumática optando por dar un paso al costado por “motivos de salud”, ya que sus compatriotas la han elegido para desempeñar el papel de chivo expiatorio, como si fuera la única persona culpable de una inmensa frustración colectiva a la que han aportado miles de otros. Sería injusto pero, mal que le pese a la sucesora de Lula, el presidencialismo es así, sobre todo cuando asume una forma tan exagerada como suele ser el caso en sociedades tan corruptas como la mayoría de las latinoamericanas.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Miércoles 12 de agosto de 2015
Mientras que en nuestro país “el relato” oficialista sigue resultando más poderoso que la corrupción rampante, combinada con una crisis económica prolongada, en Brasil las reglas políticas tradicionales han mantenido su vigencia. Por cierto, “el relato” del Partido de los Trabajadores (PT) no ha ayudado mucho a la presidenta Dilma Rousseff. Al agravarse la situación económica, arrecian los ataques contra Dilma que, a juicio de muchos, es responsable no sólo de la debacle económica sino que también ha actuado como cómplice de una multitud de ladrones. Aunque parecería que ella misma no ha aprovechado las oportunidades para enriquecerse desviando fondos públicos hacia su propio bolsillo, muchos están convencidos de que sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en su país pero por motivos políticos optó por tolerarlo. Con un índice de aprobación que, según una consultora, mide apenas el 7,7%, la mandataria corre peligro de verse destituida por su presunto papel en el escándalo de Petrobras, la gigantesca empresa estatal que durante años sirvió como caja política para el Partido de los Trabajadores y agrupaciones afines. De resultas de las investigaciones, docenas de dirigentes políticos, la mayoría procedente del PT, y empresarios están detenidos preventivamente en la cárcel de Curitiba. Entre ellos se encuentra José Dirceu, el exjefe de Gabinete del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Aun cuando no tuviera que defenderse contra los muchos que reclaman que sea sometida a juicio político, a Dilma no le sería nada fácil concretar las medidas de ajuste, muy similares a las propuestas por Aécio Neves, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, que a su entender son imprescindibles para que la economía brasileña reanude el crecimiento. Ni los partidarios de Neves ni sus propios simpatizantes están dispuestos a perdonarla por haberle mentido al electorado afirmándose en contra de un programa de austeridad que, una vez reelegida, decidió poner en marcha. Sin embargo, en los últimos meses el panorama internacional se ha hecho aún más inhóspito para Brasil de lo que era el año pasado. La esperanza de un aumento oportuno de los precios de los commodities que le permitiera al gobierno brasileño ensayar una política más expansiva se ha apagado. Asimismo, parece probable que las agencias calificadoras más influyentes pronto priven al país del “grado de inversión”, lo que tendría un impacto muy negativo puesto que le sería mucho más difícil conseguir préstamos a tasas de interés reducidas. Alarmados por las sombrías perspectivas frente a su país, los empresarios brasileños se oponen a los intentos de obligar a Dilma a renunciar para que puedan celebrarse elecciones anticipadas. Como es natural, no quieren que los problemas políticos sigan estorbando el manejo de la economía, pero sucede que el sistema presidencialista es tan rígido que resulta virtualmente imposible desplazar a un gobierno inoperante sin provocar una ruptura institucional. De ser Brasil una democracia parlamentaria, podría solucionarse casi automáticamente la crisis desatada por la pérdida vertiginosa de la popularidad de Dilma mediante la convocatoria a nuevas elecciones, pero, por desgracia, para que tal alternativa fuera posible sería necesario que nuestro vecino reformara el orden constitucional. Puesto que en las difíciles circunstancias actuales la clase política brasileña no está en condiciones de intentar un cambio tan drástico, muchos especialistas prevén que las manifestaciones callejeras se harán cada vez más amenazadoras y que dirigentes oficialistas continuarán alejándose de Dilma hasta que un juicio político sea considerado un mal menor para todos salvo la presidenta misma. Dilma podría ayudar a encontrar una salida menos traumática optando por dar un paso al costado por “motivos de salud”, ya que sus compatriotas la han elegido para desempeñar el papel de chivo expiatorio, como si fuera la única persona culpable de una inmensa frustración colectiva a la que han aportado miles de otros. Sería injusto pero, mal que le pese a la sucesora de Lula, el presidencialismo es así, sobre todo cuando asume una forma tan exagerada como suele ser el caso en sociedades tan corruptas como la mayoría de las latinoamericanas.
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