Discapacitados: Problemas para obtener certificados

El organismo no brinda respuestas a los beneficarios porque “no tienen firma por falta de director”.

Provinciales

La inacción del Consejo Provincial del Discapacitado de Río Negro se torna patente cuando comienzan a aparecer los propios damnificados al no conseguir respuestas ante la necesidad de realizar trámites en ese organismo.

Virgnia Pereyra, una madre de Viedma, dio a conocer ante DeViedma los padecimientos que está sufriendo junto a su familia.

Dijo haber ido en febrero a las oficinas centrales en la búsqueda de planillas que se necesitan para renovar autorizaciones al tener un discapacitado en su familia.

Indicó que si bien “recién en junio se nos vence la certificación de discapacidad, siempre tengo la costumbre de hacer los trámites con anticipación; pero me dicen que no tienen firma por falta de director, y que persisten inconvenientes con los médicos porque están de paro”.

Estas gestiones resultan necesarias dado que desde el ente público donde esta persona se desempeña, ya le reclaman la formalidad. Debe presentar documentos ante el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) y renovar beneficios para su hijo.

Pereyra mencionó que “sin ese certificado no podemos presentarnos en ningún lado”, y por lo tanto también acudió a la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Allí, le recomendaron que inicie una campaña de recolección de firmas para denunciar la demora. Según, la versión que recogió Pereyra, son 200 los casos demorados en ese estamento del Estado.

En marzo pasado, DeViedma se había ocupado del tema (ver nota) porque el Consejo venía sufriendo ciertos bloqueos ante una virtual acefalía legal e inacción; tras el achicamiento de la planta política del Estado.

El escollo principal está relacionado con la demora en actuar por parte de las juntas evaluadoras que atrasan el otorgamiento y renovación de esos procedimientos. Los documentos también sirven para solicitar pases gratuitos en viajes por derivaciones médicas, reintegros al ciento por ciento en gastos farmacéuticos que deben reconocer las obras sociales, una rebaja en el pago de las tarifas de servicios públicos o bien al momento de estar dentro de los cupos por otorgamiento de viviendas.

Se estima que las principales demoras están vinculadas en esta capital y Conesa. Los atrasos radican en la falta de decisión para constituir las juntas evaluadoras (por caso la ausencia de un profesional médico) en virtud de en el marco de las renuncias masivas de funcionarios cesó en el cargo el uno de febrero pasado, la última titular del organismo, Susana Albrieu.

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