Dos millones de recompensa por 21 represores prófugos

El gobierno nacional aseguró que la identidad de los informantes será mantenida en secreto. Existe una línea telefónica y un sitio web para dejar datos.



El Gobierno nacional advirtió hoy que hay 21 acusados por crímenes de lesa humanidad que están prófugos de la Justicia y que se ofrece una recompensa total de 2,2 millones de pesos a quienes aporten datos concretos que permitan ubicarlos.

Para suministrar datos útiles sobre el paradero de los 21 prófugos, deben comunicarse al (011)5300-4020, escribir a la casilla de correo electrónico unidadespecial@jus.gov.ar o ingresar a la página web www.jus.gov.ar.

“La identidad de la persona que suministre datos será mantenida en secreto”, se resaltó.

La información fue difundida hoy por el Ministerio de Justicia, al cumplirse 35 años del golpe de Estado de 1976 y una semana después de la captura de uno de los acusados que engrosó esa nómina hasta la semana pasada.

Se trata de Jorge Vidal, ex médico forense de la Policía Bonaerense sospechado de estar implicado en apropiación de menores, ya que según denuncias asistió a nacimientos de bebés de personas detenidas-desaparecidas en los centros clandestinos “Pozo de Banfield” y de la Brigada de San Justo.

Vidal estaba en libertad merced a la Ley de Obediencia Debida y había logrado evitar la acción de la Justicia, que había dispuesto su detención tras la reapertura de los procesos.

El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que su detención “es parte del programa de búsqueda de personas requeridas por la Justicia”.

Remarcó que “se trata de un nuevo paso que damos a partir de la derogación de las leyes de impunidad en pos de la verdad” y resaltó que “es un avance más del proceso” que el Gobierno impulsa “desde el 25 de mayo de 2003”.

“Todavía quedan 21 prófugos acusados de delitos de lesa humanidad, por los que el Estado ofrece una recompensa global de 2.200.000 pesos”, informó el ministerio.

Así recordó que a través del sistema de recompensas establecido por la ley 26.375 se permite el pago de retribuciones económicas a quienes aporten datos fehacientes para dar con los 21 buscados.

La “Unidad Especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia” se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de esa ley por parte de la presidenta Cristina Fernández.

Actualmente, entre las personas buscadas por orden de la Justicia federal, se encuentra Eduardo Salvador Ullúa, ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y por quien se ofrecen 200 mil pesos.

En la causa conocida como “Arias Duval” también son buscados Miguel Angel Amigo, Ricardo Luis Von Kyaw y Teodoro Aníbal Gauto.

El Ministerio informó que “otros prófugos son el comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, por la desaparición forzada de Fausto Carrillo en Formosa; la civil Ana María Grimaldos por la presunta supresión de estado civil, sustracción de menores de 10 años y otros delitos en la causa I Cuerpo del Ejército; el ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Faustino Sergio Escande Lobos, acusado por sustracción de menores, y Ricardo Molina, señalado en la causa por el V Cuerpo del Ejército”.

En las causas por los delitos cometidos en la ex ESMA (entre ellos la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh) aún permanecen prófugos los ex integrantes de la Armada Francisco Armando Di Paola y Jorge Raúl Vildoza, los ex policías Roberto Oscar González, Juan Carlos Linares y Pedro Osvaldo y el ex prefecto Gonzalo Sánchez, precisó la cartera de Justicia.


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