El control ambiental

Recientes hechos ocurridos en Neuquén y Río Negro revelan que ambas provincias tienen mucho que mejorar en materia de control y sanción de los hechos de contaminación ocurridos por la expansión de la actividad petrolera y el avance de la urbanización en nuestra zona.

La provincia de Neuquén anunció el viernes una multa de casi 33 millones de pesos por el derrame ocurrido el pasado 19 de octubre en un pozo del yacimiento Bandurria Sur de Vaca Muerta, que duró 36 horas y afectó a 47,6 hectáreas. La provincia definió también la suspensión de la licencia ambiental a la firma estatal en la zona del incidente, que tendrá tareas de remediación hasta mayo del próximo año.

El episodio generó un debate sobre el accionar del gobierno neuquino en materia de control ambiental. Uno de ellos es si la sola aplicación de sanciones económicas, por fuertes que sean, tiene un efecto disciplinador real en una industria que maneja cifras varias veces millonarias.

Un informe de este diario reveló que en los últimos cuatro años se produjeron 3.368 “incidentes ambientales” en la Cuenca Neuquina, más de dos por día, de los cuales 47 fueron considerados “importantes”, el más grave de ellos el ocurrido en octubre pasado.

A consecuencia de este hecho se activó también en la Justicia neuquina la creación de la Fiscalía de Delitos Ambientales para intervenir ante este tipo de hechos.

A poco de creada, tuvo su primera actuación en una denuncia contra una firma que opera en Añelo con el tratamiento de los residuos propios de la actividad de varias compañías petroleras que operan en Vaca Muerta. Según organizaciones ambientalistas, los piletones de vertido presentaban varias deficiencias que violaban “estándares básicos de seguridad”. La fiscalía allanó la sede de la empresa y definió una serie de análisis para verificar posibles irregularidades.

Desde la oposición se reclamó al gobernador Omar Gutiérrez acciones más enérgicas para el control ambiental. Entre otras una ley de gestión de residuos petroleros, una mayor jerarquización del área, que pasó de secretaría a subsecretaría en el último periodo, una mayor capacitación específica de su personal y provisión de recursos y elementos técnicos para los controles y evaluaciones, ya que muchas veces falta información precisa y oportuna sobre los derrames y el Estado depende de los datos de las empresas para evaluar los incidentes en los pozos.

En Río Negro, los dos derrames ocurridos este mes en el yacimiento EFO 355 del bloque Estación Fernández Oro, cerca de Allen, revelaron también deficiencias en la supervisión de las concesionarias. En esta zona, donde hay una fuerte polémica sobre la compatibilidad de la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracking y la producción frutícola, la surgencia de gas con fluidos base de agua de un pozo generó alarma, si bien tanto YPF como el gobierno rionegrino aseguraron que el derrame fue contenido en el yacimiento y no llegó a afectar un desagüe cercano ni las chacras próximas.

El hecho hizo recordar que en el 2013 tras la concesión de áreas petroleras, el gobernador Alberto Weretilneck prometió un Área de Control Ambiental en la zona, con personal “altamente capacitado”, que formaría un “equipo de técnicos y profesionales capaces de evaluar la tarea que desarrollan las petroleras en el sector productivo”. Se anunció incluso el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para mantener un estricto control “del estado de los yacimientos y la deuda ambiental” generada. Si bien hoy hay un sistema de control integrado por el DPA y la secretarías de Energía y Medio Ambiente, lejos se está de las promesas hechas hace cinco años.

En este marco, la carencia de recursos legales, técnicos y humanos suficientes en los estados provinciales ha limitado la capacidad de los estados provinciales para fiscalizar una actividad con un alto potencial contaminante, como lo es la explotación hidrocarburífera, más aún la no convencional, y realizar acciones para prevenir negativas consecuencias económicas, sociales y ambientales para nuestras poblaciones.

Editorial


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