Una mortal grieta en salud

El revuelo generado por el “Caso Propofol” es mucho más que una historia policial o un escándalo entre médicos. Evidencia un sistema de salud que arrastra fallas estructurales desde hace décadas y una inoperancia de los controles del Estado que terminan causando muertes y arruinando la vida de miles de familias. La muerte del anestesista Alejandro Zalazar reveló una trama que era secretos a voces pero ya no puede ser ignorada: el robo de fármacos y precursores químicos desde hospitales y laboratorios para los circuitos ilegales.

La investigación judicial comprobó la sustracción sistemática de anestésicos varios hospitales para encuentros privados conocidos como “propofol fests”, donde potentes drogas diseñadas para salvar vidas o aliviar el dolor de pacientes graves eran desviadas y administradas fuera de cualquier control médico real para un riesgoso uso recreativo, en un margen mínimo entre sedación y muerte. No es un problema o una falta personal sino de un delito de acción pública, ya que compromete gravemente la seguridad de todo el sistema sanitario.

El propofol y el fentanilo son medicamento de uso estrictamente hospitalario y clínico, ya que son derivados químicos opiáceos muy potentes y adictivos, donde la diferencia entre el beneficio terapéutico y la dosis letal es de pocos miligramos. Por ello su administración se encuentra estrictamente reglamentada y limitada a unos pocos expertos en farmacias, laboratorios y secciones hospitalarias. Como resumió un director de hospital: “si yo voy al quirófano y pido una ampolla de fentanilo no me la van a dar… o no deberían dármela”.

¿Dónde fallaron los controles? En toda la cadena. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) regula y fiscaliza su importación y producción en laboratorios y droguerías hasta que el producto llega a hospitales y clínicas. A partir de allí, la responsabilidad recae en las instituciones y profesionales: registro de stock, controles de acceso, seguimiento del uso y cumplimiento de protocolos. En teoría, cada ampolla de fentanilo o propofol está identificada y debe ser monitoreada desde el origen hasta su administración en el paciente. Pero en la práctica, esa trazabilidad a menudo es incompleta, ineficiente o directamente inexistente. Aquí entran a tallar factores como la corrupción o la infiltración del narcotráfico, situaciones que ya se vieron en escándalos como el de la efedrina en 2008 o el fentanilo contaminado el año pasado, sin que se hayan tomado medidas efectivas. Recién el jueves pasado la Anmat comunicó el cierre definitivo de los laboratorios de HLB Pharma y Ramallo, vinculados a este último caso.

El Caso Propofol dejó en evidencia la fragilidad de los controles internos en hospitales y clínicas, con huecos operativos (especialmente en horarios nocturnos y fines de semana) donde la supervisión se hace laxa. También hay asimetría: mientras el personal de menor jerarquía suele ser revisado al entrar y salir, los médicos quedan fuera de esos procedimientos.

El caso pone sobre la mesa otro tema tabú: los consumos problemáticos entre profesionales y personal de la salud. Cuando un trabajador manifiesta un problema de este tipo, a menudo no recibe ayuda ni contención del sistema, sino más bien sanción y estigmatización: un silencio institucional que no resuelve sino que agrava los problemas. El contexto laboral en que se desenvuelven médicos, residentes y enfermeros tampoco ayuda. Jornadas extensas y sobrecarga horaria, estrés crónico, bajos salarios y múltiples empleos configuran un escenario perfecto para la vulnerabilidad ante adicciones y problemas de salud mental. El sistema no falla sólo en el control de inconductas, sino también en la prevención de situaciones de riesgo dentro de las instituciones.

En este panorama, resultan acertadas las medidas de cierre de laboratorios implicados, sanciones al personal desleal, activación de causas judiciales y la reciente normativa de Anmat que refuerza la trazabilidad de medicamentos críticos. Sin embargo, la actitud es más reactiva ante las denuncias que proactiva en busca de soluciones de fondo. Más normas sin mecanismos de control reales y efectivos son solo declaraciones de buenas intenciones.

El sistema muestra grietas profundas y tanto los casos de propofol como el del fentanilo contaminado no debieran cerrarse sólo con sanciones penales individuales. Se debe abrir un debate amplio sobre mecanismos de control, condiciones laborales en la salud y la elaboración de protocolos claros y efectivos para eliminar las vulnerabilidades del sistema. Seguir mirando para otro lado ya no es un opción.