Educación y trabajo

Editorial

Varias informaciones conocidas esta semana actualizan un debate que desde hace tiempo preocupa a quienes siguen de cerca las transformaciones y el futuro de la enseñanza: la relación, a menudo distante, entre los sistemas educativos y el mundo del trabajo.

Río Negro anunció una reforma del sistema secundario, en un intento por adecuar el currículo a los tiempos que corren y frenar las elevadas tasas de repitencia y la sangría del casi 40% de los adolescentes que no logran terminar los estudios por diversas razones.

En Neuquén, que enfrenta una problemática similar de elevada deserción y sobreedad en su sistema, un estudio de la Universidad del Comahue puso el acento en la necesidad de repensar los vínculos entre aquello que los adolescentes estudian y los procesos de inserción laboral y de participación política de los jóvenes.

Casi al mismo tiempo, sectores del principal polo productivo del Alto Valle, la fruticultura, alertaron sobre los problemas que están encontrando para realizar los trabajos mínimos requeridos en esta época del año en las chacras para las tareas de poda, con una escasez que llegaría a los 1.000 trabajadores. Más allá del debate salarial, la problemática incluye la capacitación: es muy complejo hallar mano de obra calificada para realizar tareas específicas en la actividad.

Los proyectos de reforma educativa no son una novedad. En los últimos 26 años se han encarado varias oleadas de cambios que, al cabo, no han mostrado los avances esperados. Desde principios de los 90, con asesoramiento de organismos como el Banco Mundial, se iniciaron procesos que incluyeron la transferencia de los sistemas a las provincias y la aplicación de criterios de eficiencia y calidad, duramente cuestionados por gremios y diversos sectores educativos que entendieron los cambios como una introducción de criterios que veían a la educación como “mercancía” y pretendían extender la lógica a los procesos de enseñanza y justificar recortes de gastos. A poco de andar, las reformas perdieron consenso y fueron afectadas por malos resultados y cambios de orientación política. La crisis del 2001 terminó por cambiar de paradigma y se encararon procesos de reforma “inclusivos”, con importantes transferencias de recursos, que no han dado los resultados esperados.

Un estudio del instituto Idesa realizado a fines del año pasado reveló que, a pesar del amplio consenso que existe en la sociedad argentina sobre la importancia de la escuela pública, a la hora de decidir un establecimiento concreto para sus hijos, ocho de cada diez nuevos alumnos que ingresan al sistema, ya sea en primaria o secundaria, optaron por un establecimiento privado. Las razones: las diferencias en la calidad de enseñanza. De acuerdo a los sistemas de evaluación de las pruebas Pisa, se estima que un chico que estudia en una escuela privada le lleva de promedio un año de ventaja a su par que estudia en el sistema estatal. Una tendencia que no hace sino aumentar la desigualdad social y la segregación, en lo que hasta hace unas décadas era un sistema que se enorgullecía de la heterogeneidad de sectores sociales en sus aulas.

La brecha educativa acentúa las inequidades sociales: la elevada deserción del secundario termina afectando las chances laborales de millones de jóvenes, en especial de mujeres jóvenes y adolescentes de los sectores populares. En una economía donde la informalidad supera un tercio de la población, seis de cada diez ocupados de bajo nivel educativo seguían en la informalidad con trabajos de baja calificación, luego de diez años de crecimiento sostenido a altas tasas. Esto los hace más vulnerables a los ciclos de crisis de elevada inflación y recesión, como los vividos en los últimos años. También fueron los más afectados por el ajuste económico.

En momentos en que se encaran nuevas reformas, sería saludable aprender de los errores y pensar en la secundaria como un puente hacia el mundo laboral, para que los chicos que no vayan a seguir estudios superiores puedan acceder a trabajos calificados o tengan herramientas para la autogestión. Es necesario dejar de lado prejuicios y fomentar la integración de los sistemas educativos con los sistemas productivos de la región, en la economía de la información del siglo XXI.