El 2009

Ensayar una visión con perspectiva sobre lo que puede depararnos nuestro país en los próximos meses resulta una tarea propia de magos y pitonisos. Sin embargo, frente a realidades que se alcanzan a observar, no resulta del todo imposible ver sus posibles consecuencias, algunas de ellas inevitables.

En materia económica, si bien estamos bombardeados de información diversa, cambiante y contradictoria, las condiciones que posibilitaron la onda expansiva iniciada hacia finales del 2002 se han agotado en orden a una coyuntura internacional de crisis que no ha llegado aún a su punto máximo, ni aquí ni en el exterior. Los precios de los productos primarios que exportamos y que posibilitaron obtener reservas y excedentes fiscales se han derrumbado, la recesión azota al mundo y las órdenes de compra desde el exterior se han reducido significativamente. Los nuevos precios imponen nuevas realidades y el ajuste fiscal resulta entonces inevitable.

La fuerte decisión política de nacionalizar la jubilación privada apropiándose el Estado de los recursos que integran las cuentas de capitalización de los afiliados, si bien descansa en fundamentos justos requiere precisiones: una, que el Estado contribuyó a financiarse obligando a las AFJP a adquirir bonos públicos de reducida cotización por la falta de confianza en ellos, lo que debilitó los resultados financieros de la administración, y otra, que los controles sobre las inversiones de las AFJP fueron escasos tanto en la década pasada como en ésta. Y fundamentalmente, a no dudarlo, que la decisión política de nacionalizar tiene un objetivo netamente fiscal. Ante la astringencia financiera que padece el país sin crédito externo alguno, las obligaciones de pago de deuda que se avecinan y la necesidad de sostener el poder alcanzada frente a un año electoral determinaron la adopción de una decisión apresurada y desesperada.

Las soluciones que viene proponiendo el gobierno nacional -moratorias, obras públicas, planes para el consumo- son de carácter espasmódico y no podrán detener fenómenos inevitables de la economía. La política expansiva del gasto público se financiará con adelantos del Banco Nación, con dinero de la Anses recientemente apropiado de las cuentas de capitalización de los futuros jubilados y con emisión monetaria.

La decisión de mantener con escasa variación el dólar durante casi seis años ha impactado fuertemente en el sistema de costos productivos, acelerados por la inflación y la depreciación del dólar en el mundo. Ello ha ocasionado el estancamiento de la producción industrial e inevitables tensiones con el sector, principal expulsor de mano de obra en el año que comienza. La corrección alcista en escalas se mantendrá pausadamente, no sin tensiones frente a las reservas y la necesidad de cumplir fuertes compromisos de deuda que vencen este año.

El crecimiento mostrará una desaceleración notable incluso mayor a la prevista en el presupuesto nacional aprobado para el 2009. Esta fuerte caída de actividad limitará la suba de precios sin dejar de evidenciarse un componente inercial de inflación propio del sistema productivo de nuestro país, inflación que actúa como mecanismo correctivo de la ganancia empresaria pero deteriora el salario. Advirtamos que nuestro mapa productivo se asienta en una participación preponderante de empresas transnacionales que al concentrar la actividad definen los valores de comercialización y son exportadoras netas de divisas en forma de utilidades que giran a sus casas matrices del exterior. Nuestra matriz productiva de carácter extractivo (agraria y mineral) es de baja productividad y constituye una limitación que no ha sido superada -democratizando el sistema económico- durante estos años de crecimiento «progresista».

Agotada la fantasía de mayor institucionalidad, mayor distribución del ingreso y nueva política, el gobierno nacional se apoya ante la «huida» de sus aliados originarios en lo peor del Partido Justicialista y el gremialismo nacional y en los gobernadores que claman por recursos de coparticipación acompañando a mano alzada las leyes que en el Congreso propone el Ejecutivo.

El reciente fallo de la Corte Suprema que posibilita la libre elección de delegados sin necesidad de afiliación a un sindicato con personería gremial ha abierto una caja de Pandora en el mapa gremial y político de la Argentina. La CGT deberá compartir dentro de las ramas de actividad propias de sus cerrados sindicatos con otras agrupaciones de representación más combativa y ello generará pugnas insospechadas, lo que aumentará el nivel de conflictividad aun dentro de las empresas.

Siendo que la conservación del empleo será la prenda de negociación para mantener los niveles salariales frente a un cuadro de depresión económica, la puja por el ingreso alcanzará niveles de tensión política y social desconocidos en los últimos años, unido ello a la intensidad de las fricciones propias del año electoral. Son inevitables en esta fase del proceso de deterioro del esquema económico vigente el aumento de la pobreza -que en algunas provincias ya llega al 50%- y la aceleración de la desigualdad en la distribución del ingreso.

Sin dejar de considerar la posibilidad de una victoria electoral del gobierno vinculada necesariamente con la compra de gobernadores e intendentes, lo cierto es que el círculo virtuoso se ha agotado. Nada más puede ofrecer el gobierno en política porque en esta etapa se impondrá el conservadurismo, la política y los negocios ya son una verdad incontrastable y la economía ha agotado la ecuación de precios altos de los productos primarios exportables para sostener el crecimiento y el superávit fiscal que, está a las claras, no ha reacomodado la profunda desigualdad que impera en el país, la cual condiciona severamente nuestro futuro.

 

DARÍO TROPEANO (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogado. Docente en Concursos y quiebras de la UNC

DARÍO TROPEANO