El conflicto de Salud

Es curioso, pero este gobierno que nada en la abundancia de recursos muchas veces se las ingenia para crearse problemas. Algunos de los conflictos que enfrenta la actual administración, como las deficiencias en las escuelas o el grave conflicto que asuela a la salud pública, son buenos ejemplos de una combinación letal de escasa capacidad de gestión con peligroso espíritu confrontativo.

Por obra y gracia de la fortuna -devaluación más alto precio del petróleo- este gobierno ha pasado de un presupuesto de 1.200 millones de pesos a otro de 2.700 y, por añadidura, ha ido engrosando la de por sí abultada planta de personal técnico y administrativo. En ese contexto, resulta difícil entender por qué año tras año se repiten las deficiencias edilicias en las escuelas, acarreando el consiguiente malestar entre docentes, padres y alumnos.

Esta vez, las dificultades se han extendido más tiempo del acostumbrado, creando un clima de protestas que la sociedad y el propio gobierno se podrían haber ahorrado. Si los recursos materiales y humanos están y el tiempo necesario para ejecutar las tareas es más que suficiente, ¿a qué otras cosas que a la incompetencia o el descuido se podrían atribuir los tropiezos actuales?

Un encumbrado político de la oposición con ventana al Monumento suele sostener que, a diferencia de lo que es usual, «este gobierno tiene un problema para cada solución». Cómo explicarse de otro modo la apertura de frentes de conflicto innecesarios como los derivados de las incursiones oficiales en asuntos que no son de su incumbencia, tales como las elecciones del CALF o del ISSN. Asuntos en los que en definitiva el gobierno salió, si no salpicado, maltrecho.

En buena parte de los casos, estos verdaderos goles en contra tienen que ver con la naturaleza del proyecto oficial. El de Sobisch es un modelo autoritario y personalista, en el que todo gira alrededor de un jefe supuestamente infalible. En este esquema, nunca son bien vistas las ideas diferentes o las críticas, por el contrario reina cierto temor y se tiende a la obediencia mecánica y a la obsecuencia.

Si a esto se agrega que el protagonista principal ha subordinado su responsabilidad de gobernador a una azarosa campaña presidencial, el cuadro está completo: Neuquén es en muchos aspectos una provincia subadministrada; navega con piloto automático, pero ante cualquier dificultad nadie se atreve a tomar el timón porque todos temen ser represaliados.

Sólo así se explica que el gobierno haya tardado casi ocho meses en reaccionar frente a un conflicto de consecuencias tan graves como el que vive la salud pública. El cuadro de situación al promediar la semana no podría ser peor: en los tres principales hospitales del sistema, Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán sólo durante en abril se dejaron de dar 35.000 turnos. Por ejemplo, en el primero de los establecimientos, el de mayor complejidad de la región, en los últimos ocho meses se suspendieron más de 600 cirugías programadas y más de un centenar de pacientes fueron derivados a clínicas privadas.

Para colmo de males, según especialistas del hospital Castro Rendón, aun si el conflicto se solucionara mañana, los efectos se harían sentir durante meses.

Los principales perjudicados por esta situación son los sectores de menores recursos, que carecen de obra social y acuden al sistema público como única alternativa. Se trata de una verdadera catástrofe de la que son responsables los autores de las medidas de fuerza pero también, y en mayor medida, las autoridades provinciales, que debieron tomar cartas en el asunto mucho antes de que se llegara al actual extremo.

En una medida difícil de cuantificar, la víctima de este grave estado de cosas es también el propio sistema que, en el marco de la profunda declinación de la salud pública argentina, aunque sigue estando entre los mejores del país ha venido experimentando un retroceso en los últimos años.

A pesar de que se construyen costosos edificios para hospitales y centros de salud, los salarios de los profesionales y no profesionales son bajos en comparación a la edad de oro del sistema, lo que ha dado lugar entre otras cosas a una progresiva declinación de la dedicación exclusiva, uno de los pilares del sistema, y con ella a un creciente deterioro de la calidad del servicio, otrora dotado de una poderosa mística.

Por otra parte, como denuncian los profesionales, se verifica una falta de inversión en equipamiento crítico que contribuye a saturar el hospital de mayor complejidad y está en el origen de las costosas derivaciones hacia el sector privado. Fenómeno que beneficia en buena medida a empresarios ligados al sistema prebendario del MPN, quienes además de buena parte de la torta de prestaciones del ISSN, se llevan las que hoy el sistema público no está en condiciones de prestar.

Cualquier observador puede advertir que en los últimos 15 años el sector privado ha pasado de un papel casi marginal a una relativa preponderancia, sobre todo en lo que respecta a prestaciones de alta complejidad.

No son pocos los que en el sistema de salud piensan que se trata de una política deliberada del actual gobierno. Estos sectores refieren como un hito de esta política de «privatización» de la salud pública el discurso pronunciado por Sobisch el primero de mayo del 2004, en el que sostuvo que el desarrollo del sistema público es responsable del supuesto atraso de la medicina privada.

Más allá del destino último del valioso sistema de salud del Neuquén, que debería ser motivo de debate para toda la sociedad, en la grave coyuntura actual el gobierno no se ha contentado con dejarse estar y en la última etapa del conflicto ha roto el diálogo para asumir una actitud beligerante. De la mano del espíritu confrontativo que practica en casi todos los órdenes, se ha librado a una campaña sucia, de intimidaciones y calumnias, contra los dirigentes de ATE y de la Asociación de Profesionales que sólo contribuye a enrarecer aún más el clima. En lugar de todo esto, se supone que el gobierno debería buscar acuerdos que permitan zanjar el conflicto y librar al grueso de la población de la pérdida de un servicio esencial.

 

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