Las sanciones a los estatales rionegrinos superaron las 600 y qué casos se evaluaron

El Estado provincial despidió o suspendió a más de 600 estatales por resoluciones de la Junta de Disciplina del Poder Ejecutivo.

Un reciente informe de la Función Pública consigna un movimiento de 748 expedientes en los dos últimos años. El resultado de los fallos: ocho de cada diez agentes públicos con sumario remitido a la Junta de Disciplina terminaron con exoneración, cesantía o suspensión de días, sin goce de haberes.

En los nuevos tiempos, el gobernador Alberto Weretilneck enfatizó en un ordenamiento en las reglas de cumplimiento de las tareas por parte del personal del Estado provincial.

La actuación de la Junta de Disciplina -que se integra con funcionarios y representantes gremiales- se genera por remisión de expedientes por parte de las direcciones de Recursos Humanos de los organismos.

Estas estructuras conforman el inicial anillo de organización y control del personal. Su acción se limita a la posibilidad de retención de haberes frente a la inasistencia del agente público.

La secretaría de la Función Pública, a cargo de Tania Lastra, alentó una fiscalización superior por parte de los ministerios y, por eso, se concretaron diferentes reuniones con los integrantes de las áreas de Recursos Humanos.

Finalmente, las estadísticas indican que la Junta resolvió 748 expedientes, en las 52 reuniones formalizadas, desde enero del 2024.

Aparece un registro de otros 247 trámites que fueron directamente archivados por “prescripción” o por “falta de mérito”. Eso sumaría un movimiento de casi un millar de sumarios (995).

Las sanciones se concentran en 614 decisiones, con 105 cesantías, 7 exoneraciones y 502 suspensiones de días, sin goce de haberes (489).

La mayor sanción es la exoneración porque la expulsión implica la inhabilitación para volver a cargos públicos, mientras que la cesantía implica la pérdida del empleo, pero el empleado puede volver a ingresar al Estado en el futuro.

La principal sanción es la exoneración, que comprende la expulsión, sin posibilidad de volver. En la cesantía se pierde el cargo, pero queda la posibilidad de regresar.

Por su parte, las suspensiones fueron de hasta 30 días. Los restantes 145 expedientes concluyeron con apercibimientos (28) o con sobreseimientos (106).

Los apartamientos permanentes responden a la confirmación de faltas graves, como “abandono prolongado de servicio (meses sin trabajar)”, “negligencia” en sus funciones, “maltrato a ciudadanos/pacientes/compañeros” o , y “condenas penales firmes”.

En cambio, las suspensiones son productos de “faltas diarias”, como “inasistencias sin justificar, llegadas tarde crónicas o peleas en el lugar de trabajo”.

Lastra remarcó que el proceso garantiza “transparencia y legalidad”, con “sanciones que no son automáticas ni arbitrarias”, a partir de la participación de “instructores (abogados) que investigan”, con “el derecho a defensa. Es un proceso transparente y consensuado”.

La Junta de Disciplina está presidida por la subsecretaria Antonela Mestre y, además, se integra con dos vocales gubernamentales y dos gremiales, uno de ATE y otro de UPCN.

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Los plazos y los casos

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Un histórico cuestionamiento al funcionamiento del organismo se vincula con sus plazos de resolución. Ahora, Lastra asegura que los tiempos se acortaron y, actualmente, los “procesos varían entre los dos o seis meses, según la complejidad”.

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Entre los expedientes, la Junta evalúa actualmente un estatal que utilizó su función pública para la obtención de datos de las tarjetas de crédito de distintos contribuyentes o, también, la intervención de un agente público en expedientes de contratación de servicios en Bariloche en favor de un proveedor conocido.

Un número importante se concentra en los hospitales. Por caso, un empleado que suministraba medicación en un CAPS, una médica de guardia pasiva que se negó a responder a un llamado de emergencia o un agente de un centro de salud que se fue y dejó a cargo de tareas de limpieza a un familiar.

El incumplimiento laboral del encargado de la cesión de turnos en un hospital también integra un caso en la Junta. La “ausencia injustificada en la ventanilla” derivaba en que “los pacientes no podían acceder a los turnos para estudios de alta complejidad”, indicó la denuncia de la dirección.

Entre otros casos, la conducta de un trabajador de un hospital que concurrió en estado de ebriedad y siguió con la ingesta de alcohol en su puesto de trabajo y, además, acosó a una compañera. Se le aplicaron 20 días de suspensión.

Otra resolución comprendió la actitud de un chofer de hospital que acudió con la ambulancia a una manifestación, cortando la calle y sin autorización del retiro del vehículo. La sanción aplicada fue de 30 días de suspensión.

Además, la Junta analiza el proceder de agentes de Recursos Humanos que adulteraron registros de horas extras que coincidieron con sus licencias anuales. Otro expediente se relaciona con personal a cargo de menores en el CAINA que amenazaron o enviaron mensajes de contenido sexual a las alojadas.

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UPCN tiene objeciones.

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UPCN integra la Junta de Disciplina, pero, en su actual posicionamiento crítico con el gobierno provincial, el gremio censura los resultados disciplinarios y cuestiona el accionar de las áreas de Recursos Humanos de los organismos.

En una entrevista, la secretaria gremial Mónica Miranda criticó que la administración provincial exponga como “un logro dejar sin trabajo a un compañero. No nos parece correcto porque son las direcciones de Recursos Humanos de cada organismo las que tienen los mecanismos para visualizar y, con anticipación, resolver las situaciones”.

Además, Miranda aceptó que el “trabajador tiene obligaciones, pero las áreas de Recursos Humanos tienen herramientas para poder gestionar”. Agregó que el presente contexto económico-social determina que “muchos compañeros que transitan situaciones muy delicadas” y que “deben sobrellevar”.