El conflicto policial: desenlace sin conclusión

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Los conflictos salariales policiales vividos en el país me llevan a reflexionar sobre algunos aspectos. En principio nunca es bueno generalizar, teniendo en cuenta que cada provincia tiene sus particularidades sociales, políticas y policiales, por ende mis apreciaciones, que si bien las considero válidas en un contexto nacional, se basan fundamentalmente en el conocimiento de lo acontecido históricamente en la provincia del Neuquén. Durante mi carrera policial viví tres situaciones de conflicto salarial, con roles muy distintos en cada una: en la primera (1973), con poca antigüedad y categoría; la segunda (1984) como delegado de mayor jerarquía del personal en conflicto, que culminó con un aumento salarial sin personal sancionado, y la tercera oportunidad (1987) como oficial jefe, conflicto que finalizó sin aumento salarial y con gran cantidad de personal sancionado y separado de la fuerza. Todas estas experiencias, con “aparentes” diferentes finales, convergen en una primera apreciación de mi parte, indefectiblemente en este tipo de conflictos nadie sale beneficiado: gobierno, institución y hasta el propio personal policial. A este último, lo que considera un triunfo (aumento salarial) se diluye rápidamente, meses más o menos, según la situación socioeconómico imperante del momento; la institución se perjudica no solamente por la pérdida de autoridad sino también en las relaciones interpersonales, que en definitiva son las que dan vida a una organización; el gobierno porque demuestra, por el mero hecho de existir un conflicto, su inhabilidad de evitarlo y en consecuencia su falta de gestión. Ahora bien, lo más complejo es el “después”: el sistema de seguridad pública ciudadana queda forzosamente deteriorado; una fuerza de seguridad (policía) estructuralmente debilitada; la máxima conducción con mando legal, pero sin autoridad; los cargos medios, con opiniones dispares de cómo poder reconstruir los canales orgánicos, y el personal subalterno confundido en cuanto a su función y responsabilidad dentro de la fuerza. El poder político designado en funciones de seguridad, debilitado, descreído o ilegitimado como para poder establecer nuevas políticas de Estado en seguridad. En los últimos días, en diferentes medios hemos leído y escuchado de la dirigencia política las más disímiles afirmaciones y/o expresiones: sublevación, desestabilización, golpe de Estado, responsables de los saqueos, necesidad de nuevos paradigmas de la seguridad pública, democratización y conducción política de las policías, sindicalización, defensoría del policía, el piso salarial policial debe ser para todos los sectores, etc. Pocos se animaron a mencionar: salario digno, igualdad de derechos, necesidades de un ciudadano más, oportunidad de ser escuchado y de mayor profesionalismo, valorización de la función, piso salarial de otros sectores también para los policías, etc. Todas estas y otras calificaciones dejan en evidencia la gran deuda de los últimos treinta años de democracia, cual es debatir y legislar una verdadera política de Estado en seguridad ciudadana, la cual es reclamada por la comunidad en su conjunto y proclamada y, lo que es aún más grave, mal usada en todas las últimas campañas electorales por todos los candidatos, que una vez asumido el mandato popular optan por la más fácil errónea decisión, cual es la de policializar la “política de seguridad”. Espero que la ciudadanía en general y la dirigencia política en particular asimilen lo ocurrido, reencauzando rápidamente, en primera instancia, la conducción política-policial de la seguridad pública, dando inicio a un gran debate participativo, el que deberá culminar con los consensos necesarios para instaurar una verdadera política de Estado en seguridad, por encima de los cambios políticos, con ajustes permanentes pero sin cambios sobre los objetivos, que permitan generacionalmente construir un nuevo paradigma de seguridad, tanto desde lo político como desde las áreas del Estado que componen el sistema de seguridad. Si no somos capaces de entenderlo así, los difíciles acontecimientos vividos se podrán repetir. Es necesario resignar intereses particulares y/o políticos, revalorizando por sobre todo el bien común de toda la sociedad. Quien o quienes sean capaces de liderar esta transformación seguramente serán venerados y recordados por la ciudadanía en su conjunto. (*) Comisario general (R) Policía del Neuquén

HORACIO RUBÉN JANKOWSKI (*)