El conflicto por las viviendas del gremio vial se instaló en la Legislatura

VIEDMA (AV).- Las familias que quedaron fuera de los listados del Plan de 54 viviendas del IPPV, gestionado por intermedio del Sindicato de Viales, fueron recibidos ayer por el vicegobernador, Bautista Mendioroz. El titular del Legislativo tomó nota de la problemática y adelantó que los atenderá nuevamente la semana próxima. Además, este grupo de unas 15 familias se entrevistó el martes con el secretario general de la Gobernación, Francisco González. En ese encuentro, el funcionario consultó al fiscal de Estado, Alberto Carosio, quien le habría indicado que tendría una nueva propuesta para realizar con el fin de zanjar el conflicto, que producto de una medida judicial, impide el otorgamiento de las casas aún deshabitadas. Los damnificados explicaron los hechos a Mendioroz, quien se comunicó con el propio Carosio. El fiscal habría reiterado que tiene una nueva iniciativa, pero recién será explicitada la semana próxima. Cabe recordar que estas personas pagaron hace cinco años entre 6 y 10 mil pesos por terrenos, que ofrecía el sindicato que conduce Carlos Sansuerro. Esta entidad, además, se comprometía a que el IPPV construiría allí las correspondientes 54 viviendas del plan. Sin embargo, este año, al conocerse los listados, muchos de los que habían pagado quedaron fuera de las nóminas, por lo que recurrieron a la Justicia. El magistrado Fermín Donate dictó una medida de no innovar, que impide la entrega de las casas. Carosio, por su parte, presentó una sustitución de garantía para que Donate permita que se habiten las viviendas, mientras se resuelve el proceso judicial y se puedan entregar otras casas a quienes reclamaron, siempre que cumplan con los requisitos. Ayer, el abogado que representa a las familias rechazó esa acción del fiscal. El Sindicato de Viales, en tanto, acusó a los perjudicados de que su reclamo perjudica “a 54 familias que cumplieron con todos los requisitos para acceder a su propia vivienda”. Además, el gremio denunció que “se han firmado planillas de inscripción con datos falseados en carácter de declaración jurada por parte de las personas que reclaman; la situación personal y familiar de los involucrados, así como la incapacidad de algunos de ellos, constituyen la explicación medular de los casos en cuestión”. Relató el gremio que los perjudicados “formalizaron un Contrato de Cesión de tierra para que la organización sindical gestione la construcción de una vivienda y créditos que en Río Negro administra el IPPV. Y aquí está el meollo de la cuestión: todos y cada uno firmaron un contrato con la Organización y aceptaron las normas a las que debieron ajustarse para ser beneficiario”.

El vicegobernador prometió respuestas para la semana próxima.