El ISSN pagó jubilaciones a personas muertas

NEUQUEN (AN).- El Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) pagó pensiones y jubilaciones a personas fallecidas, en períodos que van de los seis meses a los dos años y medio después de producida la muerte.

Los casos detectados, tres en total, fueron motivo de una dura reprimenda por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia a la conducción del ISSN que encabeza Gerardo Hettinger, aunque los hechos se produjeron antes de su gestión. El dictamen de este organismo de control señala que los pagos indebidos de haberes a personas que ya no existen «constituyen claros casos demostrativos de ineficiente sistema de control respecto del cobro de haberes jubilatorios».

La reprimenda a las autoridades del ISSN, contenida en el acuerdo 2148 del 27 de diciembre del año pasado, obedece a que el Tribunal de Cuentas, que ya había advertido el problema al controlar ejercicios anteriores, reclama el recupero del dinero y la radicación de una denuncia penal, algo que el ISSN aún no hizo.

El monto total de las jubilaciones y pensiones que se abonaron indebidamente es del orden de los 20.000 pesos. Se trata de personas que cobraban mensualmente 199, 379 y 737,50 pesos por mes.

En un caso, el titular del beneficio falleció el 14 de julio de 1995 y el dinero se siguió cobrando, a través del Banco de la Provincia de Neuquén, hasta octubre de 1996. Otro es de una mujer, cuyos hijos debían cobrar la pensión hasta el 1 de enero de 1991 pero continuaron recibiendo el beneficio hasta agosto de 1995. En el tercer caso hubo un pago irregular entre el 18 de setiembre hasta el 31 de marzo de 1997.

Consultado por estos casos, Hettinger le dijo a «Río Negro» que se trata de pagos de jubilaciones y pensiones realizadas «en anteriores gestiones». Su definición incluye, por las fechas ya señaladas, a funcionarios que pasaron por allí en el último gobierno de Felipe Sapag y el primero de Jorge Sobisch.

Héctor Vaccaro, director de Jubilaciones y Pensiones del ISSN, reconoció el problema pero también dijo que todos los casos corresponden a otras administraciones del organismo.

Vaccaro reconoció que la denuncia penal todavía no se formalizó y explicó que se pusieron en marcha nuevos mecanismos de control.

Por un lado, dijo, se puso a trabajar una empleada del ISSN en la dirección del Registro Civil para que todos los meses envíe información sobre las personas fallecidas. Pero además, el Instituto ahora reclama la presentación de un certificado de supervivencia dos veces al año, cuando anteriormente se exigía esa documentación una vez por año.

Vaccaro dijo que, excepto estos tres casos, no se han detectado pagos indebidos de jubilaciones y pensiones. Pero lo que no pudo garantizar el funcionario es un control de fuga por goteo de cobros indebidos, la que se puede dar entre la presentación de los dos certificados de supervivencia. Esto quiere decir que si el beneficiario de una jubilación que se paga por débito automático en el BPN muerte en agosto la familia puede seguir percibiendo el haber, conociendo la clave de la tarjeta, hasta la presentación del siguiente certificado de supervivencia.

Un organismo con siete mil beneficiarios

NEUQUEN (AN).- El ISSN es el organismo que maneja la obra social de los empleados públicos y la caja de jubilaciones de la provincia. Esta última, pese a los reiterados intentos -desde la firma del primer pacto fiscal con la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo- nunca se transfirió a la Nación.

El padrón de la caja de jubilados, pensionados y retirados de la policía contiene unos siete mil beneficiarios. Esto significa un costo mensual de unos nueve millones de pesos por mes.

Unos 3.600 pasivos de la provincia están bancarizados y el resto cobra dinero en efectivo.

Todos los años se incorporan 300 nuevos jubilados a la caja provincial, en tanto que se dan de baja a un número que oscila entre 40 y 50. El 70% de la clase pasiva que sostiene Neuquén es jubilada, 10% son retirados y el 20% reciben pensiones.

La caja tiene serios problemas a futuro, y el gobierno actual, que asumió con el objetivo de depurar la planta de empleados públicos, tuvo que descartar en el primer año de gestión, la sanción de un nuevo régimen de jubilaciones anticipadas, tal como el que había instrumentado en el período 1991-1995.

La solución se obtuvo con el aumento de los aportes de los trabajadores activos y el Estado, dispuesta el año pasado, para equilibrar las finanzas de la caja.