El juez liberó a los detenidos y los taxistas cargan contra la ley del Niño

NEUQUEN (AN).- La liberación de todos los acusados de asesinar al taxista Néstor Navarrete exacerbó los ánimos de los choferes y ayer el conflicto regresó a su punto de partida: volvieron a cortar el tránsito sobre el puente carretero y renovaron las críticas contra la ministra Susana Arévalo y el jefe de la policía Carlos Zalazar, a quienes les pidieron que renuncien. También exigieron cambios en la ley 2.302, de protección del Niño y el Adolescente.

La medida de fuerza comenzó a las 15 y recién fue levantada cerca de las 22, en medio de una caótica asamblea que resolvió emplazar a los diputados para que modifiquen la ley antes del miércoles próximo.

Ante la fuerte presión ejercida, el gobernador Jorge Sobisch recibió a los dirigentes del sector. Les prometió ponerse al frente del plan de seguridad y les pidió tiempo para atender a sus demandas. Además respaldó el pedido de cambios en la 2.302, una antigua aspiración del gobernado y dijo que analizará el pedido de renuncia de Arévalo y Zalazar.

Choferes y propietarios también fueron recibidos por el juez a cargo de la investigación Marcelo Muñoz, y la fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada, quienes les explicaron el estado actual de la investigación (ver página 10).

Según pudo saber «Río Negro», el nerviosismo y los cruces entre el gobierno y la justicia se intensificaron en las últimas horas por las informaciones contradictorias sobre la marcha de la investigación. Hubo permanentes consultas entre el gobernador Sobisch, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Badano, y el jefe Zalazar.

Uno de los puntos de discordia fueron las sucesivas conferencias de prensa que ofreció Zalazar para asegurar que el crimen estaba esclarecido. Del lado de la justicia, lo tomaron como una presión. El jefe policial se defendió culpando a la ley 2.302.

A todo esto, la conducción de los choferes volvió a cargar en duros términos contra la ministra Arévalo y Zalazar. A ambos los acusaron de «no estar capacitados» para los cargos que ocupan y les pidieron la renuncia (ver aparte). El corte del puente se concretó alrededor de las 15, luego de que una multitudinaria caravana de choferes que fue a la Legislatura para exigirles respuestas a los diputados, saliera del recinto con las manos vacías. La mayoría de los legisladores no estaba, y sólo los atendieron Oscar Gutiérrez (MPN) y Ariel Kogan (PJ).

Uno de los reclamos que llevaron fue la derogación de la ley 2.302. Cargaron contra esta norma provincial y pidieron además bajar la edad de imputabilidad de los menores, aunque esa modificación es resorte del Congreso Nacional. Las respuestas que recibieron de Gutiérrez y Kogan no los conformó.

La conducción, con Darío Lucca a la cabeza, impulsó la idea de llevar la caravana hacia la sede del juez que resolvió las liberaciones, como forma de protesta. Pero los peones presionaron para ir a cortar en forma inmediata el puente carretero, y centraron las críticas en el gobierno. Las diferencias ya habían salido a la luz luego de que la policía los reprimiera en el Concejo Deliberante, donde casi terminan a las trompadas entre sí.

El conflicto, que mantuvo sitiada a la ciudad desde el martes hasta el jueves a la tarde, parecía haberse solucionado luego de las detenciones de los tres sospechosos del crimen, y de que el gobierno prometiera más operativos policiales en las calles.

Pero las liberaciones y el incumplimiento de los controles en los términos que se habían planteado, rompieron el acuerdo. Hubo un ingrediente más que influyó: un intento de asalto a un remisero de la empresa «Estrella del Sur» ocurrido en la noche del jueves en el barrio San Lorenzo.

A primera hora de la mañana los dirigentes habían anunciado que esperarían hasta el lunes para obtener respuestas de parte del gobierno, pero al mediodía la presión de los peones los obligó a replantear la estrategia y la tregua se terminó por romper.