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El juicio político contra el juez Igoldi no tiene fecha

Hace casi un año el juez penal fue suspendido por “mal desempeño”.



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El juicio político no tienen titular para la acusación.

A casi un año de su suspensión, el juicio político contra el juez penal Fabio Igoldi no tiene titular para la acusación y, consecuentemente, tampoco fecha para su realización.

En abril, la Procuradora General, Silvia Baquero Lezcano solicitó licencia por enfermedad, lo cual, derivó en la suspensión del debate, en dos ocasiones (19 de abril y 15 de mayo). El Consejo de la Magistratura se reunirá por otros temas y, frente a semejante dilación, abordará que hará con ese juzgamiento.

Igoldi fue suspendido el 9 de junio del año pasado. Pasaron algo más de 11 meses. Ya Sitrajur -que recibió oportunamente la afiliación del juez suspendido en su organización- expresó su “preocupación ante las graves irregularidades” existente, incluyendo su “suspensión a instancia de la Procuradora, con el aval político del gobierno, utilizando como brazo ejecutor al Consejo de la Magistratura, con el único objetivo de negarle sistemáticamente el derecho de defensa al acusado”.

En los 11 meses, el letargo fue evidente en diferentes estamentos. A los cuatro meses, el Consejo aprueba el sumario y lo eleva a la Procuración. La documentación plena llegó al ministerio público recién a mediados de diciembre, previamente existió un debate ya que Baquero se excusó pero el Consejo no aceptó el corrimiento. A principios de febrero, el ministerio público recién acusó y, luego, se fijaron las audiencias, luego suspendidas.

El cuerpo -que preside Ricardo Apcarian- evaluará mañana la fecha del juzgamiento aunque, antes, deberá conocerse quién liderará la acusación. La Procuradora sigue con licencia médica; y el fiscal General, Alvarez se excusó y se va de vacaciones. El fiscal de Cámara, Fabricio Brogña también se inhibió al aludir su participación en expedientes que conforman la acusación de Igoldi. El funcionario del ministerio público justificó su apartamiento para aferrarse a “la transparencia” del proceso y las leyes, especialmente considerando que el juzgamiento del magistrado se corresponde por “no apegarse a las normas”.


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