El municipio de Bariloche dio marcha atrás y retirará las denuncias por las tomas

Ante el reclamo de las organizaciones sociales y los ocupantes de tierras, Gustavo Gennuso decidió evitar la judicialización del conflicto.




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Luego de una caldeada reunión del Consejo Local de Tierras, el gobierno municipal resolvió retirar las denuncias penales que había presentado por las últimas usurpaciones y se comprometió a trabajar en el “planeamiento” de soluciones habitacionales.

El Instituto Municipal de Tierras y Viviendas había convocado la reunión para evaluar la marcha de la ley Pierri de regularización de lotes. Pero la presencia de numerosos integrantes de las tomas, con el acompañamiento de organizaciones sociales, ese tema quedó de lado.

El vicepresidente del Instituto, Nicolás Pedernera, intentó defender lo actuado con las últimas tomas de tierra, pero la concejal opositora Julieta Wallace y una abogada presente le aclararon que no era obligación jurídica de los funcionarios de denunciar las usurpaciones. “Es una decisión política”, dijo Wallace.

Los referentes de las tomas se quejaron de la “persecución”, la presencia policial, las amenazas de desalojo y pidieron la libertad de César González, que está detenido por encabezar una de las tomas en el barrio Omega.

Pedernera pidió un cuarto intermedio, mantuvo varios contactos telefónicos y al reanudar la reunión informó que “la decisión del directorio del Instituto y del intendente (Gustavo Gennuso) es levantar las denuncias penales” y comunicarlo de inmediato a la fiscalía.

Los ocupantes pidieron que les permitan montar una casilla en los terrenos tomados “porque hay chicos” y también que les permitan el ingreso libre de alimentos y agua, algo que estaba restringido por la policía, que mantuvo presencia permanente para evitar que se consoliden los asentamientos.

Antes habían arreciado las críticas hacia “la falta de políticas públicas” para resolver la demanda habitacional. La Defensora del Pueblo Beatriz Oñate dijo que había “situaciones de hacinamiento y precariedad tremenda” en los barrios más necesitados.

El presidente de la junta vecinal Arrayanes, Máximo Calfuquir, denunció que el municipio buscó desactivar una toma con el argumento de que eran tierras asignadas al club Boca Unidos, “pero Boca las tiene desde hace muchos años y jamás les dio un uso”.

Tomás Guevara, de la Mesa de Tierras, dijo que hace cinco años piden “un plan concreto del Estado para atacar el problema habitacional” y nunca lo obtuvieron. “La gente no accede a la tierra, los alquileres son inalcanzables y ésto en algún momento explota”, advirtió.

Dijo que la Mesa tiene una propuesta de “tres ejes”, que incluyen la declaración de emergencia habitacional, la conformación de una mesa de “solución alternativa de conflictos” que evite la judicialización de las tomas y la creación de más loteos sociales.

Pedernera escuchó, dijo que “lamentablemente los trámites administrativos tardan” y que entendía los reclamos. “Bueno, si entendés retirá las denuncias”, le exigieron.

Una mujer pidió la renuncia del presidente del IMTV, José Mella (que estuvo ausente), y aseguró al igual que otros que lleva años anotada como aspirante a un lote “sin ninguna respuesta”.


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