En la Legislatura hay varios antecedentes

NEUQUEN (AN) – El de los desafueros fue uno de los temas que signaron el debate legislativo durante el período anterior. Entre 1995 y 1999 la Cámara recibió seis pedidos de recorte de inmunidades de diputados y hasta de un ministro del Poder Ejecutivo, pero sólo uno fue concedido.

Un escándalo estalló en la Legislatura durante 1997 cuando la justicia federal pidió el desafuero de un diputado, Rodolfo Braicovich (MPN), para poder indagarlo en una causa en la que se investigaba la adulteración de su partida de nacimiento y su DNI. Hacía meses que un pedido similar referido al sobischista Héctor Muñiz descansaba en la Legislatura. El diputado había sido acusado, en una causa correccional, del delito de «calumnias e injurias».

La decisión era suspender a ambos hasta que obtuvieran un fallo absolutorio o una condena. Pero antes de la sesión, Braicovich renunció a su y sólo Muñiz fue separado.

Al poco tiempo, un juez penal provincial le pidió a los diputados que le iniciaran un juicio político a Carlos Silva, que era ministro de Gobierno, porque entendía que la destitución era la única vía para quitarle los fueros. El magistrado sospechaba que el titular de la cartera política tenía relaciones con un grupo de delincuentes. Finalmente, le permitieron declarar sin renunciar a los fueros.

A finales del período anterior, la justicia federal quiso indagar a tres diputados provinciales del Frepaso y el MPN por su participación en un corte del puente a Cipolletti y, por eso, reclamó sus desafueros. Dos de ellos -Raúl Radonich y Alicia Gillone- se presentaron espontáneamente sin perder la inmunidad y se les permitió declarar.

Ballesteros lo había sobreseído, pero una Cámara revocó el fallo

NEUQUEN (AN) – En dos ocasiones el juez federal Jorge Ballesteros sobreseyó a Jorge Sapag y al resto de los acusados, pero la misma cantidad de veces una Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires le ordenó al magistrado que no cierre la causa y que continúe investigando.

Jorge Sobisch, Alfredo Pujante y Horacio Angiorama, que durante cuatro años no tuvieron inmunidades, ya declararon. Los tres fueron incluidos en los sobreseimientos que revocó la Cámara.

El senador Felipe «Pipe» Sapag tiene fueros desde septiembre de 1991, cuando fue elegido vicegobernador. Mantuvo intacta su inmunidad porque renunció a ese cargo para ingresar al Senado.

El caso de Jorge Sapag es distinto porque nunca llegó a declarar. Cuando fue citado, presentó un pedido de prescripción de la causa, que el juez admitió pero, como en los otros casos, fue finalmente desestimada en la apelación.

En varias ocasiones, Sobisch dijo que, frente a tantas denuncias de corrupción contra el Estado, a él lo someten a un proceso penal «por defender el patrimonio de la provincia, por negarme a pagar 61 millones de pesos de Neuquén».

En el segundo de los fallos revocados en la apelación, Ballesteros dio a entender que la denuncia penal de Punte perseguía el objetivo de presionar sobre la causa civil de reclamos de honorarios, que se tramita en la Corte Suprema.

Antes de asumir por segunda vez como gobernador, el 27 de noviembre del año pasado, Jorge Sobisch se reunió con el presidente de la Corte, Julio Nazareno, en Buenos Aires. Allí se enteró de que la demanda civil de Punte había comenzado a correr por los despachos de los ministros del tribunal para la redacción de los votos.

«Fui a decirle (al presidente de la Corte) que estaba preocupado» por la demanda, explicó Sobisch al día siguiente de entrevistarse con Nazareno. «Es una cifra muy grande para cualquiera al que le toque pagarla. Prefiero que el dinero se gaste en obras», aclaró en ese momento.