En la mira del FMI

Demasiadas personas que dependen del Estado desempeñan funciones que nada tienen que ver con la producción ni con los servicios.

Redacción

Por Redacción

Una vez más, una misión del FMI está en el país y, como ya es habitual, los representantes del gobierno están esforzándose por convencerla de que realmente ha hecho todos «los deberes» y por lo tanto merecen recibir su premio. Sin embargo, en muchos sectores ya se ha difundido la impresión de que está perdiendo el tiempo, porque en verdad el FMI no se propone convalidar la estrategia oficial con el entusiasmo suficiente como para modificar la actitud de los inversores internacionales. Asimismo, la presencia constante pero al parecer inútil de «los inspectores» ha comenzado a causar irritación, creando una situación curiosa en la que los enemigos históricos del organismo, encabezados por el presidente Eduardo Duhalde, hacen hincapié en la necesidad de complacerlo, mientras que algunos economistas que comparten las ideas básicas de sus colegas fondomonetaristas están manifestando su escepticismo. Tienen sus motivos: por apostar tanto a un eventual arreglo con el FMI, el gobierno de Duhalde ha demorado la toma de decisiones fundamentales. Así, pues, la dependencia psicológica del Fondo que parece ser una característica del gobierno ha resultado contraproducente: si, como preferirían muchos «neoliberales» norteamericanos, el FMI no existiera, es de suponer que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, ya habría comenzado a aplicar el tipo de medidas que le darían una posibilidad de superar la crisis. Puesto que merecer su aprobación le parece prioritario, ha podido malgastar meses valiosos intentando persuadirlo de que sus intenciones son buenas.

Si bien el FMI se ha opuesto a la proliferación de las «cuasi-monedas» por temor a que terminen desatando una sucesión de oleadas inflacionarias, es innegable que estos bonos de nombre extraño -Lecop, Lecor, Boso, Bocanfor, etc.- han tenido el mérito de mantener funcionando varias economías provinciales que sin ellos se hubieran paralizado por completo. Dicho de otro modo, las cuasi-monedas han brindado a los gobiernos provinciales algunos meses en los que podrán llevar a cabo las reformas necesarias para que en adelante no se vean constreñidos a depender de un expediente que por su naturaleza misma es meramente coyuntural. Aunque en algunas jurisdicciones se han emprendido «ajustes» que, de concretarse, serán importantes, aún no se han puesto en marcha programas serios encaminados a asegurar que puedan vivir de sus propios recursos porque, a pesar de todas las calamidades que el país ha experimentado últimamente, muchas elites provinciales siguen siendo reacias a asumir el hecho de que el clientelismo tradicional, según el cual la Nación siempre se encargaría de pagar las cuentas, haya dejado de ser sostenible. Aunque tal actitud es poco realista, es comprensible porque los más beneficiados por el clientelismo no han sido «los pobres», sino hombres y mujeres de clase media que a menudo están vinculados personalmente con el poder político.

Como era de prever, la ofensiva del FMI contra el orden político-económico provincial, ofensiva que gira en torno de la suposición alarmante de que hay por lo menos 450.000 empleados públicos superfluos y que es forzoso despedirlos cuanto antes, está provocando la reacción de quienes dicen creer que a la Argentina le iría mejor si no prestara atención a las exigencias de «los técnicos», opinión ésta que el anciano cardenal Raúl Primatesta expresó hace poco cuando, para sorpresa de los demás eclesiásticos, pidió al presidente Duhalde que pasara por alto las recomendaciones fondomonetaristas para concretar «un fuerte shock de trabajo y producción». Por desgracia, la propuesta del purpurado es más retórica que práctica: en la mayoría de las provincias del país, el problema principal consiste precisamente en que demasiadas personas que dependen del Estado desempeñan funciones que no tienen ninguna relación ni con «la producción» ni con los servicios y que por lo tanto no ostentan ningún sentido económico. Si no fuera así, la salida de la crisis -si es que una se hubiera producido- sería muy fácil. Sin embargo, gracias en buena medida al protagonismo del FMI, tanto Primatesta como muchos otros que se sienten comprometidos con una versión del statu quo han podido pasar por alto estas realidades tan engorrosas.


Una vez más, una misión del FMI está en el país y, como ya es habitual, los representantes del gobierno están esforzándose por convencerla de que realmente ha hecho todos "los deberes" y por lo tanto merecen recibir su premio. Sin embargo, en muchos sectores ya se ha difundido la impresión de que está perdiendo el tiempo, porque en verdad el FMI no se propone convalidar la estrategia oficial con el entusiasmo suficiente como para modificar la actitud de los inversores internacionales. Asimismo, la presencia constante pero al parecer inútil de "los inspectores" ha comenzado a causar irritación, creando una situación curiosa en la que los enemigos históricos del organismo, encabezados por el presidente Eduardo Duhalde, hacen hincapié en la necesidad de complacerlo, mientras que algunos economistas que comparten las ideas básicas de sus colegas fondomonetaristas están manifestando su escepticismo. Tienen sus motivos: por apostar tanto a un eventual arreglo con el FMI, el gobierno de Duhalde ha demorado la toma de decisiones fundamentales. Así, pues, la dependencia psicológica del Fondo que parece ser una característica del gobierno ha resultado contraproducente: si, como preferirían muchos "neoliberales" norteamericanos, el FMI no existiera, es de suponer que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, ya habría comenzado a aplicar el tipo de medidas que le darían una posibilidad de superar la crisis. Puesto que merecer su aprobación le parece prioritario, ha podido malgastar meses valiosos intentando persuadirlo de que sus intenciones son buenas.

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