Encarcelamiento y democracia

Basta que nos encontremos frente a una persona sospechada de haber cometido un hecho grave para constatar que el estupor colectivo producido se expresa en torno a una pretensión puntual: su encarcelamiento.

Tal pretensión remite a la vigencia de la pena privativa de la libertad como castigo ejemplar en nuestras sociedades de la región. Si bien no se trata de una novedad, lo interesante es indagar si esa expectativa ha impactado en las políticas punitivas ejecutadas hasta la fecha. Y, en su caso, cuáles han resultado sus efectos.

Desde hace dos décadas se viene produciendo un crecimiento extraordinario de las tasas de encarcelamiento en América del Sur, aunque con algunas variaciones a través de los contextos nacionales, pero en el marco de una misma tendencia.

Prueba de ello resulta que veinte años atrás esas cifras eran relativamente bajas en la mayor parte de los Estados de la región. Actualmente todos los países sudamericanos tienen tasas superiores a los 150 presos cada 100.000 habitantes, con la excepción de Bolivia.

Cuatro son los países con menos de 200 presos cada 100.000 habitantes: Argentina (152) Paraguay (158), Ecuador (165 y Venezuela (172). Pero otros han superado dicho umbral: Perú (236), Chile (240), Colombia (244), Uruguay (282) y Brasil (300).

En la Argentina, el segmento poblacional encarcelado pasó de 91 personas detenidas cada 100.000 habitantes en 1997 a 152 en la actualidad.

Resulta conveniente destacar, además, que en muchos de los Estados mencionados la tasa de encarcelamiento creció incluso durante los diferentes períodos en los que gobernaron alianzas políticas posneoliberales. Tal es el caso de Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Argentina.

Es decir que esos gobiernos no lograron plasmar una política efectiva que los diferenciase sustancialmente de sus predecesores. Y ello por cuanto las iniciativas y enfoques adoptados durante la última década resultaron muy similares a aquellos de sus opositores políticos.

Puede suceder que en los actuales sistemas democráticos la cuestión penal se haya transformado en un elemento significativo del intercambio político entre electores y elegidos, entre opinión pública y sistema político. Y en ello, tal vez sea posible observar un proceso de democratización de la política criminal, aunque más no sea en el nuevo sentido de la democracia de opinión.

Cabe preguntarnos si acaso el fenómeno marcado por la inflación penal no constituya un signo de la crisis de la democracia representativa y de la irrupción de una democracia de opinión en materia penal. En esta última, lo que se exalta es la percepción emocional del sujeto reducido a sus emociones más elementales: temor y rencor.

El criminólogo italiano Massimo Pavarini sostuvo, al respecto, que no se ha reflexionado suficientemente sobre las precondiciones materiales que han tornado posible esta emergencia de una demanda de penalidad “tal como la quiere la opinión pública”, frente a la cual el sistema político y judicial está constreñido actualmente a dar alguna respuesta.

Sabido es que la democracia de opinión penal se nutre, muy especialmente, de la situación de las víctimas. A punto tal de priorizarla como la perspectiva desde la cual debe ser observado y analizado el fenómeno del crimen y de la inseguridad.

Sin embargo, tal como lo afirmó Roberto Gargarella, aquellos que reivindican un derecho penal más democrático no deberían aceptar la idea según la cual quienes están mejor situados para decir qué respuesta corresponde dar, frente a un crimen, son las víctimas o sus allegados.

Y tal cosa por cuanto, si bien es imprescindible cuidar, proteger, amparar a las víctimas, darles contención, trabajar para reparar las pérdidas que han sufrido, lo cierto es que ese máximo respeto no requiere ni implica convertirlas en lo que no son. Es decir en autoridades en materia penal.

Más bien lo contrario, puesto que es difícil que pueda surgir una norma justa desde la entendible indignación que genera el crimen sobre quienes lo sufren desde más cerca.

La relación existente entre la expansión penitenciaria experimentada en la región y las urgencias que emanan de la democracia de opinión penal es un tópico a ser explorado por la investigación empírica que en lo sucesivo se produzca.

A la fecha, sin embargo, aparece como una relación plausible y verosímil.

(*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la UNRN

Martín Lozada (*)