Concesiones hidroeléctricas: en la nebulosa del gobierno de Milei

Este sábado vence la última prórroga dada por Nación y se especula que podría darse una última extensión hasta agosto. A casi un año de la finalización de los contratos el gobierno no tiene aún listo los estudios para relicitar las centrales. Qué tan importantes son para el país las represas y qué piensan hacer los gobiernos provinciales.

En agosto de 1993 se concesionaron cuatro de las grandes centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas sobre los ríos que dividen a Río Negro de Neuquén y cuatro meses más tarde fue el turno de la restante. El plazo de esos contratos fue de 30 años, con la posibilidad de extenderlos un año más, una fecha de máxima prórroga que está a la vuelta de la esquina pues se cumple en menos de 90 días. Pese a haber transcurrido casi 31 años, desde el gobierno nacional aún no tienen listos los estudios para volver a licitar estas centrales a pesar de la enorme cantidad de energía que aportan al país.

Las centrales hidroeléctricas que están en esta lista de vencidas pero con prórroga son cinco en la región: está el complejo El Chocón – Arroyito que tiene como concesionario a la firma italiana ENEL, Alicurá que es operada por la norteamericana AES Argentina, Piedra del Águila que opera Central Puerto, y el complejo Cerros Colorados -el único ubicado sobre el río Neuquén- que recientemente adquirió la operación la firma Aconcagua Energía.

A excepción de Piedra del Águila que tiene una prórroga hasta el 27 de junio, los demás complejos están a un paso de quedar en la indefinición absoluta, ya que sus contratos prorrogado y prorrogados, vencen este sábado 18.

Pese a que los gobiernos de Río Negro y Neuquén se aliaron para abordar estos vencimientos hace más de tres años, bajo la premisa base de ser parte del poder concedente, el anterior gobierno de Alberto Fernández y el actual de Javier Milei han dejado pasar el tema sin una definición clara, nunca mejor dicho que dejaron correr el agua bajo el puente.

A fines del gobierno pasado se creó una comisión especial para abordar un punto para nada menor: cómo volver a licitar estos complejos de los que el Estado se desentendió hace más de tres décadas. La tarea inicial era entender cómo funcionan y, especialmente, qué costos tienen y qué ganancias pueden generar para definir su ecuación económica.

Para esto se creó en mayo de 2022 el ETAHC, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados que está integrado por la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, CAMMESA, en ENRE, Enarsa y las empresas concesionarias.

Pese a haber transcurrido dos años de su creación, el titular de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo informó la semana pasada al Congreso que recién tiene un «avance del informe consustanciado» de la totalidad de las represas del país, pero que aún no está listo el informe final.

Chirillo reiteró que el manejo de las hidroeléctricas pasará a manos de Enarsa, la misma firma estatal que tiene el Gasoducto Néstor Kirchner, pero desde la entidad se detalló que, hasta tanto se licite, sería un control operativo de las mismas, y que la operación y mantenimiento lo realizarían empresas privadas con experiencia en la temática, como son las actuales concesionarias.

Este punto no es menor ya que implica, por un lado, que se da definitivamente por descartada la participación de las provincias en el manejo de las centrales -y de sus ingresos- pero además es una modalidad de contrato que algunas de las actuales concesionarias habían anticipado que no les interesa tener.

El punto de quiebre está en la titularidad de la concesión, dado que si la mantiene Enarsa, las empresas que hagan la operación no podrán contabilizar a las represas entre sus activos, algo que hoy hacen y que representa una ventaja en sus balances, en especial para las internacionales, ya que se contabilizan como energía verde.


Patear la pelota: se viene la quinta prórroga


No es un chiste, la prórroga de las concesiones que se espera sea anunciada en estos días será la quinta en forma consecutiva que se da a las represas del Comahue, a pesar de los reiterados pedidos de las empresas encargadas para que las extensiones se den por un mayor plazo que les de algo de previsibilidad en su trabajo.

La primera extensión de las concesiones se dio el 11 de julio de 2023, antes de la finalización del plazo original. Por medio de la Resolución 574/23 la entonces secretaria de Energía Flavia Royón extendió las concesiones por 60 días, con una posibilidad de extenderlas por otros 60 días más.

Junto a la extensión se creó además una comisión de seguimiento para definir el futuro de las represas en la que las provincias de Río Negro y Neuquén tendrían participación. Al calor electoral, la medida fue celebrada en la región, aunque en la práctica dicha comisión nunca llegó si quiera a reunirse.

Esta sumatoria de 120 días de prórroga era más que curiosa, ya que indicaba como nueva fecha de finalización de las concesiones el 10 de diciembre, el día en el que asumió la presidencia Javier Milei.

La comisión que se formó hace dos años aún no emitió su informe sobre cómo deberán relicitarse las centrales hidroeléctricas. (Foto: archivo)

Es por esto que el 9 de agosto se emitió una segunda resolución, la 815/23 que hizo dos cosas: por un lado extendió nuevamente las concesiones hasta el 19 de enero, al sumar 100 días más. Pero además marcó la creación de una nueva empresa pública: Energías Hidroeléctricas SAU que sería un desprendimiento de Enarsa para administrar las represas, una especie de nueva Hidronor como la de los años setenta. Aunque tampoco se la formó.

Ya con el nuevo gobierno de Milei, el 17 de enero se dio otra prórroga más, la primera de la gestión entrante y la tercera para las empresas concesionarias, en este caso por un plazo de 60 días que llevó los vencimiento hasta el 19 de marzo en cuatro casos y el 28 de abril para Piedra del Águila.

La cuarta extensión llegó un día antes del plazo fatal, el 18 de marzo y también con la firma del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, que extendió hasta este sábado -otros 60 días- el plazo de vigencia que ahora podría ser prorrogado por quinta vez hasta el límite que se previó en el contrato de 1993 que es este 10 de agosto.

De resolución en resolución, hay algo que posiblemente no se ve a 1200 kilómetros de distancia donde se firman las normas, y esto son los cerca de 120 empleados entre directos e indirectos que trabajan en estas cinco centrales hidroeléctricas y cuya fuente laboral tienen en dudas desde que empezó este derrotero de prórrogas.


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