Equivocarse no es un crimen

Además de permitirse algunas conjeturas poco felices acerca de las actividades del fiscal Alberto Nisman en los días previos a su muerte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue procurando reivindicar la política de acercamiento a la República Islámica de Irán. Aunque a esta altura escasean los dispuestos a manifestar su aprobación al célebre memorándum de entendimiento que el canciller Héctor Timerman y su homólogo iraní firmaron hace dos años en Etiopía, muchos que lo critican señalan que, si bien el acuerdo con los iraníes les motiva vergüenza ajena, no creen que la presidenta y otros miembros del gobierno hayan cometido un delito con el propósito de “encubrir” a los presuntos autores intelectuales del atentado contra la sede de la AMIA que en 1994 provocó la muerte de 85 personas e hirió a 300. Según quienes piensan así, la denuncia escrita por Nisman es, en términos políticos, un alegato muy convincente, pero le hubiera costado mucho hacer de ella la base de una acusación penal como pretendía. Para lograrlo hubiera tenido que encontrar evidencia firme de que Cristina, Timerman y otros habían suprimido adrede pruebas incontrovertibles de la participación de miembros del régimen iraní en la voladura de la AMIA con el fin de conseguir para el país ciertas ventajas comerciales. De caer la teocracia iraní en los próximos años, quienes la reemplacen podrían abrir los archivos estatales, como hicieron los sucesores de los comunistas en Rusia y otros países del ya desmantelado Imperio Soviético, pero hasta entonces el equipo formado por Nisman, si se mantiene intacto, tendrá que depender de la información que le proporcionen los servicios de inteligencia norteamericanos, europeos e israelíes, ya que la Argentina no cuenta con los medios que necesitaría para descubrir mucho en un país como Irán. De todas formas, hay que reconocer que la política es una cosa y la Justicia, con mayúscula, otra. Un gobierno puede arruinar una economía depauperando a millones de familias o provocar conflictos inútiles con países extranjeros mucho más poderosos sin por eso correr el riesgo de que sus integrantes terminen entre rejas. En cambio, un desliz incomparablemente menos significante pero que acarree la violación de una ley podría resultar más que suficiente para que un expresidente, ministro, gobernador provincial u otro dignatario pase años pisando los tribunales o incluso se vea privado de su libertad, destino éste que con toda seguridad aguarda a muchos funcionarios no necesariamente porque sean delincuentes sino porque han obrado de manera negligente. Tanto en nuestro país como en muchos otros, decisiones que a juicio de la posteridad tuvieron consecuencias desastrosas sólo ocasionan indignación, mientras que los responsables de perpetrar irregularidades que no perjudicaron a nadie se han visto castigados con severidad. El fiscal Nisman pareció convencido de que lo que muchos califican de un pacto de impunidad con Irán fue más que un error político, pero aún le faltaban los detalles incriminadores necesarios para sostener tal opinión. Como sabía muy bien, por mucho que insistan los críticos de la estrategia oficial hacia Irán de que era absurdo suponer que los líderes de la sanguinaria revolución islámica estarían dispuestos a dejar que ministros, un expresidente y otros acusados se sometieran a la Justicia argentina, creer en fantasías no puede considerarse un delito. Tampoco lo sería sentir cierta afinidad ideológica con los teócratas ferozmente antinorteamericanos y antiisraelíes de Teherán, como es el caso de militantes kirchneristas como el piquetero Luis D’Elía, el cabecilla de Quebracho Fernando Esteche y, según los impresionados por su amistad con el extinto caudillo venezolano Hugo Chávez, la mismísima presidenta Cristina. Por peligroso que fuera el intento de ciertos oficialistas de vincular a la Argentina con un régimen que se especializa en la exportación de terrorismo y que, para más señas, podría estar por dotarse de un arsenal nuclear, el único castigo que les esperaría en una democracia comprometida con el Estado de derecho sería el que eventualmente les asestara el electorado, el que, bien que mal, nunca ha manifestado mucho interés en las vicisitudes de la política exterior.