Es el financiamiento, tonto

Uno de los ejes que decidirán la efectividad de la flamante ley de Educación Nacional, además del real cumplimiento por parte de los funcionarios de Nación y las provincias, será indiscutiblemente el lugar que tendrá el financiamiento, en el contexto económicamente favorable del país.

Dejando de lado las efectivas políticas para la instauración de los 13 años de enseñanza obligatoria, que delinearán los ministros del Consejo Federal de Educación, incluido Daniel Filmus, el real peso de aplicación de la ley residirá en cómo acompañará la economía y recaudación la inversión en el área.

En ese sentido, habrá que observar las inversiones en becas, infraestructura y equipamiento escolar, mejoras laborales y salariales y capacitación gratuita a los docentes, y si hubo mejoramiento en la calidad de la enseñanza atendiendo a las estadísticas de repetición, abandono y matriculación de los estudiantes.

Siempre sobre la cuestión económica, el viceministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, fue muy claro al respecto.

En el último debate público, realizado en noviembre último, instó a generar «igualdad» para «terminar con la asignación de recursos que sólo perpetúan el asistencialismo y las escuelas para pobres».

Y subrayó la necesidad de que «las políticas de generación de empleo hagan su papel».

A pesar de haber obtenido 133 adhesiones contra 34 votos negativos en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes último, la nueva ley tendrá un debate aparte.

Ya desde su sanción, Filmus convocó a los ministros del CFE para una asamblea plenaria para mañana a fin de comenzar a diseñar los matices de su aplicación.

También desde la oposición se marcaron las disidencias en cuanto al financiamiento que tendrá la educación pública.

El diputado del ARI y ex dirigente de CTERA, Eduardo Macaluse, cuestionó en su extenso discurso que «en este contexto de abundancia de la recaudación, la Nación invierte en educación el 7,22% del presupuesto», mientras que «las provincias están invirtiendo entre el 20 y el 34%, sin poder resolver la conflictividad educativa».

Dijo que «por eso seguimos teniendo paros y cantidad de días de clase que se pierden por insuficiencia de recursos y por una decisión que sigue siendo priorizar la inversión en las universidades y en las fuerzas armadas, invirtiendo en educación básica sólo el 11% de todo lo que se gasta en educación».

Muchos gobiernos, incluido el actual, llenaron muchas páginas de sus discursos haciendo hincapié en la necesidad de priorizar a los primeros niveles educativos, los más vulnerables: los niños de preescolar, primaria y secundaria.

Estos grupos no logran hacer descender los preocupantes índices de repitencia y deserción en las escuelas que desde los '90 dependen de las jurisdicciones.

Sin embargo, muchas veces los funcionarios quedaron rehenes o prisioneros de los tironeos económicos de las universidades, las únicas que permanecen en la órbita del Ministerio de Educación y que cuentan con un fuerte poder de presión, aun a través de legisladores.

Macaluse subrayó tajantemente que «hoy el financiamiento de la educación básica proviene en un 89% de las provincias y el restante 11% lo pone el gobierno nacional».

Ante esta cruda realidad habrá que observar cómo se comportan las inversiones y las metas, más allá del 2010 y de la gestión que gobierne.

LAURA HOJMAN (Periodista especializada en educación)

DyN