Estado y delito

Habrá exagerado el peronista disidente Francisco de Narváez cuando dijo que “la provincia de Buenos Aires está controlada por las mafias”, acusando así al gobernador Daniel Scioli de ser ya él mismo un capo, ya un títere en manos de delincuentes, pero son muchos los bonaerenses que sienten que en los años últimos ha aumentado el poder del crimen organizado sin que las autoridades hayan sabido hacerle frente. Por cierto De Narváez no es el único convencido de que, para “las mafias”, la provincia más poblada del país es una inmensa zona liberada. Otros, entre ellos legisladores, atribuyen la situación que se da en la jurisdicción a la convivencia, para no decir la complicidad, de sectores policiales, judiciales, de la policía, penitenciarios y, desde luego, políticos con los delincuentes más poderosos y, claro está, más peligrosos. Aunque hasta ahora nadie ha presentado pruebas irrefutables de tales denuncias, que distan de ser nuevas, el que tantos hayan sospechado que detrás de los autores de delitos como el secuestro y asesinato de Candela Rodríguez estén personas estrechamente vinculadas con el Estado provincial o nacional es de por sí alarmante, ya que contribuye a difundir la sensación de que la ciudadanía está indefensa frente a una coalición siniestra de delincuentes que han conseguido infiltrar todos los organismos de seguridad. Luego de un intervalo breve en que casi todos se afirmaban contrarios a la politización de la muerte de Candela, dirigentes opositores están procurando aprovechar la conmoción causada por el descubrimiento del cadáver de la víctima del delito más impactante de los tiempos últimos. Según el socialista santafesino Hermes Binner, el homicidio es “sólo la punta del iceberg de una sociedad violenta y excluyente. Es la otra Argentina que pretende ocultar el discurso oficial”. Tendrá razón el candidato presidencial, pero a esta altura no sirve para mucho protestar contra la propensión comprensible del gobierno kirchnerista a minimizar las dimensiones del desafío planteado por la violencia delictiva y por las lacras sociales, dando a entender así que en su opinión lo sucedido se debe a la negligencia gubernamental. Para defenderse, miembros del gobierno nacional se han puesto a alejarse del mandatario bonaerense que, lo mismo que sus antecesores en el cargo, parece haber fracasado en sus intentos de reformar la policía provincial para que merezca la confianza de la ciudadanía. Desgraciadamente para Scioli, tiene que operar con la fuerza policial existente a sabiendas de que un esfuerzo demasiado vigoroso por mejorarla podría tener consecuencias trágicas al desatar la resistencia de aquellos efectivos que tienen buenos motivos para temer terminar entre rejas. Se trata del mismo dilema que enfrentaron, sin éxito, Eduardo Duhalde y Felipe Solá. Frente al caso de Candela se barajan varias teorías. De resultar que, como parecen sospechar los investigadores, fue cuestión de un crimen perpetrado por un miembro de su entorno familiar, las implicaciones sociopolíticas serían menores, pero si se tratara de un ajuste de cuentas entre “mafias” habituadas a la impunidad, se justificaría plenamente el temor de quienes lo ven como “la punta del iceberg”, para citar a Binner. Por lo demás, de estar en lo cierto los muchos que creen que la corrupción ya rutinaria y la transformación de la Argentina de un “país de tránsito” de la droga en uno de consumo creciente en que narcotraficantes se mueven a sus anchas, combinadas con la existencia de sectores cada vez más amplios de la población que viven en condiciones calificadas de infrahumanas, amenazan la integridad del Estado nacional, no alcanzarán las medidas previstas por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que quiere crear una versión local del FBI estadounidense para luchar contra el crimen organizado, ya que también será preciso hacer cuanto resulte necesario para convencer a la ciudadanía de que el Estado no se siente constreñido a pactar con el poder mafioso. De echar raíces la tesis de políticos opositores como Binner –según el que en la sociedad se ha instalado la convicción de que la “honestidad es negociable” y por lo tanto “la impunidad es posible”, de que la delincuencia de arriba esté agravando la de abajo–, el futuro del país sería mucho peor que el presente.

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