Fiestas clandestinas en la cordillera de Neuquén: un mal difícil de sancionar

Las penas que prevé el código penal son inaplicables y hay un vacío legal a nivel sanciones monetarias. La Angostura aprobó una ordenanza para solucionarlo.

Todos los fines de semana suceden fiestas clandestinas en la cordillera neuquina, algunas logran detenerse e identificar a sus organizadores, que quedan sometidos a un proceso judicial, y otras prosperan sin que nadie se entere. Son una de las principales preocupaciones en una zona de la provincia donde la curva de contagios no para de crecer y en la que el sistema de Salud está al límite del colapso.

Las fiestas están prohibidas por las normas sanitarias de la pandemia. Sólo están permitidos los encuentros hasta 10 personas y la apertura de locales gastronómicos donde se debe respetar el uso de barbijo y el distanciamiento social. Puede haber show, pero de ninguna manera baile o aglomeraciones.

Lo cierto es que la sanción a las fiestas clandestina deriva de un proceso judicial. Lo que no se respeta en este tipo de eventos es el artículo 205 del código penal que es el que juzga con 6 meses a dos años de prisión a quien no cumpliera con las normas establecidas para evitar la propagación de una epidemia.

Esa sanción termina por ser imposible de aplicar, tal como quedó demostrado con el resonado caso de la fiesta llevada a cabo en el cerro Chapelco en el invierno, donde la causa se cerró con donaciones y tareas comunitaria, sin siquiera realizar una audiencia.

A nivel municipal se produce un vacío legal para multar económicamente a los organizadores, ya que debe haber una norma que fije sanciones para una situación que antes de la pandemia era totalmente normal. El recurso es sancionarlos por otros incumplimientos como, por ejemplo, realizar una actividad comercial sin estar habilitados.

Para acabar con ese obstáculo y poder aplicar sanciones que realmente sean disuasivas, en Villa La Angostura se sancionó esta semana una ordenanza que fija multas desde 30.000 a 2.550.000 pesos y penas de 21 a 100 horas de trabajo comunitario para quienes realicen este tipo de actividades en tiempo de pandemia.

La flamante ordenanza, que fue promulgada inmediatamente por el intendente Fabio Stefani, también hace responsables a los padres de los menores que lleven adelante eventos prohibidos y permite juzgar tanto a comercios como a particulares.

«Era un herramienta que necesitábamos urgentemente para poder cortar esto y desalentar las fiestas que están por todos lados», confió a RÍO NEGRO, Pablo Celse, director de Comercio de la Municipalidad angosturense.

Es que claro, hasta ahora las multas llegaban, como mucho, a los 50.000 pesos, un monto que, en ocasiones, a los locales comerciales les convenía afrontar. «Realmente eran irrisorias esas multas para los gastronómicos, por eso yo impulse en el Concejo Deliberante, apoyado por el Tribunal de Faltas para tener esta herramienta para directamente poder sancionarlas de un forma más contundente», señaló Celse quien detalló que los fines de semana se hacen controles en cuatro horarios para poder desarticular estos eventos que son la principal vía de contagios.

En San Martín de los Andes, aún permanece ese vacío legal que no permite una gran severidad, más allá de una posible causa judicial. El Juez de Faltas local, Carlos Sánchez Galarce, explicó que con esa carencia de una norma específica las multas van sólo desde los 6.000 hasta los 60.000 pesos aproximadamente, ya que se juzga otros incumplimientos y no específicamente la fiesta clandestina.

Aunque, señaló que Concejo Deliberante estaba trabajando en una ordenanza similar a la que ya está en vigencia en la vecina localidad de Villa La Angostura. Hasta el 17 de febrero el órgano legislativo municipal está en receso.

Desde la Municipalidad, sin embargo, aseguran que realizan todos los controles posibles para evitar este tipo de eventos y que tienen una red de comunicación entre todas las personas que deben intervenir para clausurar las fiestas clandestinas.

Marcelo Sánchez, secretario de Gobierno, señaló que, por ejemplo, usan los controles de tránsito para evitar que las fiestas sucedan. «Con los mismos controles de tránsito evitamos y disuadimos el traslado a esas fiestas clandestinas que la mayoría de las veces se hacen fuera del ejido», confió. Y agregó: «cuando tenemos algún dato, prevemos esa situación y hacemos un control en el único camino y tratamos de cortar la ida a esa fiesta clandestina».

Lo cierto, es que este tipo de eventos son una gran preocupación de los gobiernos locales en un momento epidemiológicamente complicado. Todos acuerdan en que el objetivo no es recaudar, pero si que las sanciones económicas sirvan como ejemplificadoras ante la ausencia de responsabilidad individual y colectiva.



– De 255.000 a 2.250.000 pesos para eventos en espacios públicos al aire libre o en espacios privados con acceso público que no respeten horarios o protocolos.

– De 51.000 a 51000 pesos para fiestas en espacios privados donde se reúnan más de 10 personas, que no convivan.

– De 255.000 a 1.020.000 pesos para lugares autorizados pero incumplan las normas sanitarias.

Los comercios de cualquier tipo y los delivery que funcionen fuera del horario permitido serán clausurados y multas por valores que van desde los 30.600 a los 51.000 pesos.

– Toda persona multada puede ser sancionado con una pena de 21 a 100 horas de trabajo comunitario.


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